La DGE y el SUTE acordaron una solución transitoria para docentes sin ciudadanía argentina

El caso de Katya, la docente uruguaya que vive hace 19 años en Mendoza y da clases

La discusión había cobrado especial visibilidad a partir de historias como la de Katya Vaz, una docente nacida en Uruguay que vive en Mendoza desde hace 19 años.

Katya llegó a la provincia a los 19 años. Su madre es uruguaya y está casada con un mendocino. Terminó el secundario en Mendoza, obtuvo dos títulos terciarios argentinos y comenzó a trabajar en el sistema educativo hace nueve años.

Es psicóloga social y se desempeña en servicios de orientación de escuelas secundarias. Tiene actualmente 27 horas distribuidas en establecimientos de Las Heras y Santa Rosa y trabaja como suplente con cargo vacante.

Durante todos estos años, explicó, nunca tuvo inconvenientes vinculados con su nacionalidad.

“No la hemos hecho porque nunca la pidieron. Nunca fue un requisito”, contó a MDZ Radio al explicar por qué no había iniciado antes el trámite de ciudadanía argentina.

Katya tiene residencia legal y permanente en Argentina. Su DNI la identifica como extranjera, registra su nacionalidad de origen, su fecha de ingreso al país y la documentación correspondiente a su residencia.

La nueva normativa había generado incertidumbre porque, según explicó, le impedía participar de los movimientos que podrían permitirle dejar su condición de suplente y acceder a la titularidad.

“Al no dejarme participar de los movimientos, que sería mi posibilidad para dejar de ser suplente y poder titularizar, esas horas probablemente las pierda”, contó al programa After Office. El riesgo, según relató, era quedar fuera del sistema: perder las horas que actualmente ocupa y, al mismo tiempo, no poder acceder a nuevas suplencias.

La exigencia de la ciudadanía

La Resolución 456 alcanzaba a las suplencias de nivel inicial, primaria y educación especial; la 291, a las suplencias de secundaria, técnica y SEOS; mientras que la 2513 abordaba traslados, acrecentamientos, concentración e ingreso.

Según explicaron los representantes de los docentes migrantes, las tres incorporaban como requisito que los postulantes fueran argentinos nativos, naturalizados o por opción. La DGE aclaró que es una exigencia que está en el estatuto docente y que por alguna razón, la Junta calificadora durante algunos años no la tuvo en cuenta.

Además, dejó firme las resoluciones porque "algún docente argentino, nativo o naturalizado, podría impugnar concursos si alguien no cumple con lo que dice el estatuto".

La exigencia generó cuestionamientos porque, según los docentes y sus representantes, durante décadas personas extranjeras con residencia legal habían podido trabajar en las escuelas mendocinas sin que la nacionalidad argentina fuera una condición efectiva para desempeñarse.

El abogado Enrique Hassid, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sostuvo durante una entrevista radial con MDZ que el requisito debía ser cuestionado por su presunta incompatibilidad con normas constitucionales y tratados internacionales.

También señaló que el artículo 20 de la Constitución Nacional establece derechos civiles para los extranjeros y que no se puede obligar a una persona a adoptar la ciudadanía argentina como condición para determinados derechos.

El problema adicional: sacar la ciudadanía no es una solución inmediata

Uno de los puntos centrales del reclamo ha sido durante este tiempo para las trabajadores de la educación que, incluso para quienes estuvieran dispuestos a nacionalizarse, el trámite no aparece como una solución inmediata.

Desde el grupo de docentes migrantes explicaron que el sistema para iniciar y completar el proceso de nacionalización presentaba demoras y dificultades operativas: la página de Migraciones no funciona correctamente. Además, hay quienes tienen que ver qué inconvenientes tienen con sus distintas nacionalidades para sacar la doble ciudadanía.

Por eso, para quienes debían participar de concursos, movimientos o inscripciones en plazos concretos, la exigencia podía dejarlos directamente afuera antes de que tuvieran tiempo material de completar el proceso.

El nuevo acuerdo entre la DGE y el SUTE apunta precisamente a resolver ese problema: no elimina la exigencia de nacionalización, pero permite que quienes ya hayan iniciado el trámite puedan participar mientras completan la documentación.

Sin embargo, desde los abogados que están llevando adelante el reclamo están discutiendo el fondo de la cuestión: la exigencia de la ciudadanía con el argumento de que va en contra de tratados internacionales e incluso del propio preámbulo de la Carta Magna.

Según los datos aportados durante la negociación, son 384 los docentes extranjeros identificados en esta situación.

El número permite dimensionar el universo alcanzado por la discusión, aunque la problemática también puede extenderse a personas que todavía están estudiando carreras docentes y que proyectan ingresar al sistema educativo.

Durante el reclamo, los docentes también habían advertido sobre casos de jóvenes nacidos en otros países, pero criados prácticamente toda su vida en Mendoza, que estaban terminando sus profesorados y podían encontrarse con dificultades para ingresar al sistema.

Una preocupación que va más allá del trabajo y alerta a los docentes

Durante el conflicto, los docentes migrantes también plantearon que la situación no afectaba únicamente su estabilidad laboral.Katya relató que una de las consecuencias más fuertes había sido la incertidumbre personal y familiar.

“¿Cómo voy a renovar el alquiler si no sé si en diciembre voy a tener trabajo?”, fue uno de los interrogantes que planteó al explicar el impacto concreto de la situación.

Pero también habló del impacto emocional. “Los derechos que yo tenía, hoy me levanté y no los tengo más”, describió. La docente puso además un ejemplo de la relación que mantiene con sus alumnos. Como integrante de un servicio de orientación, acompaña a adolescentes que atraviesan situaciones complejas.

Uno de ellos, contó, le escribió preocupado ante la posibilidad de que ella dejara de trabajar en la escuela: “Katya, no te vayas, sos la única persona en la que confío”.

Para la docente, esa situación mostró que la discusión excedía su propia situación laboral y alcanzaba también a los estudiantes y a las comunidades educativas.

Qué cambia ahora con la nueva decisión de la DGE

Con el acuerdo alcanzado entre la DGE y el SUTE, los docentes extranjeros que quieran participar de los concursos estatutarios podrán hacerlo siempre que acrediten que iniciaron el trámite de nacionalización al momento de la inscripción.

Desde ese momento tendrán un año para presentar la documentación que confirme la finalización del proceso.

Si el trámite se demora, la DGE podrá prorrogar ese plazo mediante una resolución del Director General de Escuelas.

De esta manera, la nacionalización continúa siendo el requisito de fondo para acceder a la titularidad en las condiciones previstas por el acuerdo, pero deja de funcionar como una barrera inmediata para quienes ya iniciaron formalmente el trámite.

La modificación busca dar respuesta a un conflicto que había puesto en alerta a cientos de trabajadores de la educación y que había llegado incluso a planteos administrativos y judiciales.

Para los docentes migrantes, la diferencia es concreta: ya no tendrán que contar con la ciudadanía argentina terminada al momento de presentarse al concurso, sino que podrán acreditar que el trámite está iniciado y completar posteriormente la documentación requerida. Pero seguirá siendo una condición.