La denuncia del Gobierno contra las petroleras que quieren explotar Malvinas ya tiene juez
El magistrado Julián Ercolini quedó a cargo del expediente iniciado por la Cancillería contra cinco firmas que intervienen en el proyecto Sea Lion, acusadas de realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de la investigación sobre las actividades de cinco empresas petroleras vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y quedó radicada en el Juzgado Federal N12, subrogado por Ercolini. El fiscal que intervendrá es Eduardo Taiano.
El expediente fue sorteado en la Cámara Federal porteña y apunta a determinar si las compañías involucradas realizaron operaciones sobre recursos hidrocarburíferos sin contar con autorización de las autoridades argentinas. La presentación oficial invoca la Ley 26.659, que establece sanciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin habilitación nacional.
Las empresas denunciadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. El Gobierno sostiene que algunas de ellas cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte.
El principal foco de la denuncia está puesto en el proyecto Sea Lion, una iniciativa de explotación petrolera offshore en la zona. Según el planteo oficial, las autorizaciones británicas utilizadas por las compañías no tienen validez para la Argentina y constituirían una vulneración de la legislación nacional sobre los recursos naturales ubicados en el área cuya soberanía reclama el país.
La acusación también contempla la eventual responsabilidad de quienes hayan intervenido en las operaciones. El Gobierno incluyó a directores, gerentes, síndicos, administradores, representantes, mandatarios y otras personas vinculadas con las sociedades que pudieran haber participado de los hechos investigados.
La presentación judicial sostiene, de manera preliminar, que existiría un entramado de sociedades y personas jurídicas que habría intervenido, bajo distintas modalidades, en actividades hidrocarburíferas sin autorización de organismos argentinos. Ahora será la Justicia la que deberá establecer si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y determinar eventuales responsabilidades penales.
El próximo paso será que Ercolini dé intervención al Ministerio Público Fiscal. El fiscal Taiano deberá evaluar la denuncia y pronunciarse sobre la posibilidad de impulsar formalmente la investigación, además de proponer las medidas de prueba que considere necesarias.
La ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei para endurecer su respuesta frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las Malvinas. La administración nacional sostiene que busca defender los recursos naturales y los derechos soberanos argentinos sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
En paralelo, el Gobierno anunció procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con esas actividades, mientras avanza con otras medidas relacionadas con la política de defensa y soberanía sobre el Atlántico Sur.