La Corte Suprema presentó el proyecto para reformar el sistema de selección de jueces federales
Los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti encabezaron un acto donde propusieron un nuevo reglamento de concursos orientado a eliminar la discrecionalidad en la designación de magistrados. La iniciativa sumó el respaldo del Colegio de Abogados.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron el "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados", aprobado por acordada el 25 de marzo pasado. El acto se celebró en la Sala de Audiencias del máximo tribunal y contó con la presencia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, consejeros de la Magistratura, camaristas y jueces federales y nacionales, representantes del Ministerio Público, autoridades de tribunales superiores de varias provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legisladores, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa busca introducir cambios estructurales en el proceso de selección de candidatos a la magistratura, con foco en tres ejes: mérito, transparencia y eliminación de la discrecionalidad. "Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario", señaló Rosenkrantz durante el acto. "La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad", agregó.
El ministro advirtió también sobre la necesidad de preservar la coherencia interna del proyecto: "La propuesta que hoy presentamos es sistémica. Como toda propuesta sistémica, tiene una lógica interna que puede ser modificada, abierta o subrepticiamente, con la mera alteración de algunos de sus puntos nodales. Por eso, consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales."
Por su parte, Lorenzetti situó la propuesta en un diagnóstico más amplio sobre el estado del sistema judicial. "Esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural", dijo, y aclaró que no se trata de una percepción aislada: "Es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país".
El ministro también señaló que el problema excede al ámbito federal: "No se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles".
La acordada, firmada por ambos ministros, no es vinculante para el Consejo de la Magistratura, que es el organismo constitucional encargado de llevar a cabo los concursos. El máximo tribunal reconoce esa limitación, pero sostiene que, en su carácter de cabeza del Poder Judicial, tiene la facultad de impulsar reformas reglamentarias orientadas a corregir "disfuncionalidades sistémicas". La Corte también aclaró que el nuevo reglamento no requiere erogación presupuestaria extraordinaria y que, a futuro, podría implicar un ahorro de recursos.
En cuanto al funcionamiento concreto del nuevo sistema, se prevén dos tipos : los anticipados, que serían la regla general, se coordinarían con antelación mediante un Plan Anual aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario, con un tope de ocho cargos por concurso. Los especiales, la excepción, podrían ser simples, para un solo cargo, o múltiples, con un máximo de nueve. Este mecanismo de concursos anticipados apunta a resolver uno de los problemas más extendidos en el sistema actual: las vacantes prolongadas que se generan cuando un juez se jubila o renuncia y no existe un candidato seleccionado con anterioridad.
Apoyo del Colegio de la Abogacía.
En tanto, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su respaldo a la iniciativa de la Corte Suprema para reformar el sistema de concursos para la selección de magistrados.
“Tener jueces y juezas independientes e imparciales es estratégico en una sociedad democrática. El proyecto es un muy buen aporte, en ese sentido”, advirtió el excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura.
El proceso de designación de magistrados constituye un acto complejo en el que intervienen los tres poderes del Estado, lo que naturalmente implica la presencia de consideraciones de distinta naturaleza. En ese marco, resulta fundamental que la etapa de concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura se desarrolle sobre la base de criterios técnicos, objetivos y de mérito que aseguren que la evaluación de los candidatos priorice su idoneidad profesional.
En ese sentido, la incorporación de criterios objetivos, reglas claras y mecanismos que limitan la discrecionalidad, constituye un paso importante para mejorar el sistema. También resulta positivo el reconocimiento del ejercicio profesional como antecedente relevante, lo que contribuye a una mayor equidad en la participación de los abogados y abogadas.
Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “en el contexto actual, fortalecer procesos de selección más transparentes y basados en el mérito, es fundamental para consolidar una justicia independiente e imparcial”.