La CGT redobla la apuesta contra el Gobierno y rechaza la reforma en la SIDE: "Una grave amenaza"
A la para de la oposición, la central obrera salió al cruce de la Casa Rosada por la reestructuración de la SIDE, mediante un DNU firmado por Javier Milei.
Jorge Sola, referente del triunvirato de la CGT. Foto: Reuters
A pocas semanas de enfatizar su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, la CGT comenzó el año con otra fuerte crítica al Gobierno, esta vez por la reestructuración por DNU de la Secretaría de Inteligencia.
Los sindicalistas apuntan al Ejecutivo por no impulsar estos cambios con previo consenso en el Congreso, tal como reclamaron los bloques opositores, y afirman que se trata de “una grave amenaza”.
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“La Confederación General del Trabajo (CGT) manifiesta su más absoluta oposición y rechazo ante la publicación, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del DNU 941/2025 en el Boletín Oficial, que introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, expresó la central obrera en un comunicado.
Para la cúpula sindical, “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario; todas sus actividades de espionaje pasarán a ser “encubiertas”, transformando a los agentes de inteligencia en “policía secreta” o “fuerza parapolicial”, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”.
“A su vez, autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la “fuga de información clasificada”, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos. Se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”, denunciaron.
“Alineadas con movimientos geopolíticos que no responden a los intereses nacionales, y que nos remontan a experiencias trágicas de nuestro pasado —épocas nefastas de persecución ideológica y violencia social—, estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”, concluyó la CGT.
Qué plantea la reestructuración de la SIDE
Horas después de la publicación del extenso decreto de Javier Milei que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió la medida y explicó los principales puntos del DNU. Según el organismo que conduce Cristian Auguadra, la iniciativa busca que el país "cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".
Proclamada como una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional, la SIDE subrayó que el contexto actual, con "los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la Argentina en el escenario mundial a partir del liderazgo de Javier Milei", es imprescindible que los servicios de inteligencia del país estén a la altura de las circunstancias.
"El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafios del siglo XXI", explicó el comunicado.
Por eso, las autoridades puntualizaron en la eliminación de funciones que, sin sustento institucional, hasta ahora estaban en manos de la SIDE. Entre ellas, destacaron la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que pasaron a ser competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnologia, bajo el ala de la jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.
En esa búsqueda de racionalización y achicamiento de la estructura, el Gobierno redefinió el rol de la Agencia de Seguridad Nacional -uno de los organismos internos de la SIDE-, el cual quedó circunscripto exclusivamente a tareas de contrainteligencia, "eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y a la falta de control".
"La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos", enfatiza el comunicado.
En paralelo, también se dispuso la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), que el Ejecutivo señaló por generar "una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto" y planteó que esto "consolida un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa".
Finalmente, la reforma estableció un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información. "Este sistema elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional", afirmaron.
La principal polémica radica en la normativa que habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa.
