El Gobierno justificó la reforma de la SIDE por DNU y explicó los principales cambios de la medida

Horas después de la publicación del extenso decreto de Javier Milei que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió la medida y explicó los principales puntos del DNU. Según el organismo que conduce Cristian Auguadra, la iniciativa busca que el país "cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".

La justificación de la SIDE a la reforma de la Ley de Inteligencia por DNU

Proclamada como una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional, la SIDE subrayó que el contexto actual, con "los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la Argentina en el escenario mundial a partir del liderazgo de Javier Milei", es imprescindible que los servicios de inteligencia del país estén a la altura de las circunstancias.

En ese sentido, la Secretaría que responde políticamente al asesor Santiago Caputo celebró el "nuevo paso" en las reformas del Gobierno mejorar el funcionamiento de la SIDE, que "durante décadas fue utilizada de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad".

"El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafios del siglo XXI", explicó el comunicado.

Los principales puntos del decreto: contrainteligencia y funciones

Por eso, las autoridades puntualizaron en la eliminación de funciones que, sin sustento institucional, hasta ahora estaban en manos de la SIDE. Entre ellas, destacaron la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que pasaron a ser competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnologia, bajo el ala de la jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.

En esa búsqueda de racionalización y achicamiento de la estructura, el Gobierno redefinió el rol de la Agencia de Seguridad Nacional -uno de los organismos internos de la SIDE-, el cual quedó circunscripto exclusivamente a tareas de contrainteligencia, "eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y a la falta de control".

"La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos", enfatiza el comunicado.

En paralelo, también se dispuso la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), que el Ejecutivo señaló por generar "una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto" y planteó que esto "consolida un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa".

Intercambio de información para "eliminar discrecionalidad"

Finalmente, la reforma estableció un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información. "Este sistema elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional", afirmaron.

Para finalizar, el texto de la SIDE sostuvo que la transformación profunda del Sistema de Inteligencia Nacional forma parte del "proceso histórico" que impulsa el presidente Javier Milei para "dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado".

"Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad", concluye el comunicado oficial.