Los puntos clave del decreto de Javier Milei que redefine el rol de la SIDE
El DNU introduce una profunda reestructuración del sistema de inteligencia, centraliza la conducción en la SIDE, crea nuevos organismos y redefine las funciones de contrainteligencia y ciberseguridad.
El Gobierno nacional avanzó con una profunda reestructuración del sistema de inteligencia argentino a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modifica de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine competencias, crea nuevos organismos, centraliza la conducción del sistema y amplía las facultades operativas de los servicios de inteligencia bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Uno de los ejes centrales del decreto es la centralización del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), que queda formalmente conducido por la SIDE como órgano superior. A partir de la reforma, la Secretaría no solo coordinará la producción de inteligencia nacional y contrainteligencia, sino que también tendrá un rol clave en la planificación presupuestaria, el control de los gastos reservados y el requerimiento de información a todos los organismos del sector público nacional.
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El decreto introduce además una definición inédita al establecer que todas las actividades de inteligencia tienen carácter encubierto, en razón de su sensibilidad y con el objetivo de reducir el “riesgo estratégico nacional”. En ese marco, se amplía y precisa el concepto de contrainteligencia, que pasa a abarcar la prevención de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia externa sobre el proceso decisorio del Estado, incluyendo medidas pasivas de seguridad obligatorias en todo el sector público.
En cuanto a la estructura organizativa, la norma dispone cambios de denominación y funciones. La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y se enfocará exclusivamente en la detección preventiva de amenazas estratégicas. La Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en Agencia Federal de Ciberinteligencia, con competencia exclusiva en inteligencia en el ciberespacio y el espacio radioeléctrico. A su vez, la División de Asuntos Internos es reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que tendrá a su cargo auditorías, inspecciones y control de desempeño del sistema.
Otro punto central del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado que dependerá de la Jefatura de Gabinete. El CNC será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad y tendrá a su cargo la protección del ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas digitales, los activos estratégicos del Estado y la coordinación del sistema de respuesta ante incidentes informáticos. Con esta decisión, el Gobierno separa formalmente las funciones de ciberseguridad de las tareas de ciberinteligencia.
En el ámbito militar, el DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, por considerar que existía una superposición de funciones, y concentra la producción de inteligencia estratégica militar en la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tendrá doble dependencia informativa del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto.
El decreto completo
La reforma también crea dos nuevos ámbitos de articulación interinstitucional: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN). La primera integrará a los organismos de inteligencia, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, la UIF y otros entes nacionales y provinciales; mientras que la segunda permitirá el intercambio de información estratégica con organismos del Estado que no producen inteligencia, bajo estrictos estándares de seguridad y respeto de las garantías constitucionales.
Entre las disposiciones más sensibles, el decreto habilita a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad, repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones, y realizar aprehensiones en casos de flagrancia, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes. Además, se refuerza la capacidad de la SIDE para coordinar acciones con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y organismos internacionales.