La Cámara Federal Porteña confirmó los procesamientos en la causa por los guardapolvos
El tribunal de alzada ratificó las acusaciones contra exfuncionarios del Gobierno de Alberto Fernández y directivos de cooperativas por el desvío de fondos públicos destinados a la confección de uniformes escolares.
La Cámara Federal Porteña confirmó los procesamientos de exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de responsables de tres cooperativas investigadas por una presunta maniobra de administración fraudulenta vinculada a un programa destinado a fabricar y distribuir guardapolvos escolares para sectores vulnerables.
En su resolución de los magistrados Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi convalidaron la existencia de elementos de prueba suficientes para sostener la acusación y mantener abierta la investigación hacia una etapa más avanzada del proceso judicial.
El expediente gira en torno a un convenio firmado en febrero de 2023 entre la Secretaría de Articulación de Política Social y la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., mediante el cual el Estado Argentino transfirió más de 710 millones de pesos para la confección y entrega de 165.000 guardapolvos destinados a establecimientos educativos públicos y a familias de bajos recursos.
Según la investigación, una parte significativa de esos fondos habría sido desviada de su finalidad original mediante una compleja red de subcontrataciones, transferencias y operaciones que dificultaron el seguimiento del dinero.
Para los camaristas Bruglia, Llorens y Bertuzzi existen indicios suficientes para considerar que funcionarios públicos y directivos cooperativos participaron de una estructura que permitió canalizar recursos estatales hacia entidades que carecían de capacidad operativa real para cumplir con las obligaciones asumidas.
Por otra parte, señalaron que el esquema investigado se desarrolló en dos niveles: por un lado, mediante decisiones administrativas que facilitaron la asignación discrecional de fondos; por otro, a través de cooperativas que habrían servido para fragmentar y dispersar el dinero recibido.
Entre los procesados se encuentra Leonardo Sebastián Moyano, ex secretario de Articulación de Política Social durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, a quien la justicia atribuye haber intervenido en la firma del convenio, la autorización de desembolsos y la certificación de entregas que presentaban inconsistencias documentales. También fueron confirmados los procesamientos de Osvaldo Eugenio Minervini, ex director de Organización Comunitaria, y de Eliana Rodríguez, señalada como una de las responsables de la coordinación administrativa del proyecto.
La Cámara sostuvo que el cambio del mecanismo utilizado para contratar la producción de guardapolvos permitió eludir controles habituales de contratación pública y otorgó mayor discrecionalidad para seleccionar a la cooperativa beneficiaria. Según los magistrados, ese contexto favoreció la posterior ejecución de la maniobra investigada.
La acusación también alcanza a las autoridades de la Cooperativa 15 de Julio Ltda., receptora de los fondos estatales, así como a los responsables de las cooperativas Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda., que fueron incorporadas al proyecto mediante contratos de subcontratación. De acuerdo con la resolución, las tres entidades presentaban serias deficiencias operativas, escasa actividad productiva previa y múltiples inconsistencias administrativas y financieras.
Uno de los puntos centrales del expediente es que, pese a que el Estado desembolsó la totalidad de los fondos comprometidos, la documentación incorporada a la causa no logró acreditar la entrega completa de los 165.000 guardapolvos previstos en el convenio.
Los investigadores detectaron diferencias entre remitos, certificaciones de recepción, memorandos y rendiciones de cuentas, además de movimientos bancarios considerados incompatibles con el objeto del programa.
La Cámara también valoró informes elaborados por organismos de control y por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que advirtieron sobre operaciones sin trazabilidad suficiente, circulación de fondos hacia empresas ajenas al rubro textil y la utilización de estructuras cooperativas que, según la hipótesis judicial, habrían funcionado como vehículos para ocultar el destino final de los recursos públicos.
La investigación se originó a partir de auditorías impulsadas por organismos estatales que detectaron irregularidades en la ejecución de distintos programas vinculados a cooperativas. Esas revisiones derivaron en denuncias judiciales y en la intervención de la Justicia federal, que comenzó a reconstruir el recorrido de los fondos asignados al proyecto de guardapolvos.
Si bien la cámara confirmó los procesamientos, los jueces ordenaron al magistrado Ariel dictar nuevos embargos individualizados por considerar que el monto fijado originalmente, superior a los 3.130 millones de pesos, no diferenciaba adecuadamente el grado de participación atribuido a cada imputado.
Por otra parte, los camaristas mantuvieron vigente la prohibición de salida del país para todos los acusados al considerar que la magnitud económica de los hechos investigados y el nivel de organización atribuido a la maniobra justifican la vigencia de esa restricción procesal.