Jubilados y Ganancias: ¿qué definirá la Corte hoy?

Aunque se espera que durante la mañana se de a conocer el fallo oficial, se da por descontado que la Corte Suprema fallará a favor de un caso testigo que reclama la inconstitucionalidad del cobro de Ganancias a una jubilada, lo que podría sentar la base para la resolución de todos los casos similares. En el país unos 300.000 jubilados pagan el impuesto y al año significa una recaudación para el Estado de más de 5.000 millones de pesos.

En el fondo, en base al caso que inició María Isabel García en la Justicia federal de Concepción del Uruguay en 2015. En un principio, el juzgado N° 2 declaró la inconstitucionalidad del cobro, pero la AFIP apeló. Dos años más tarde la Cámara Federal de Paraná confirmó la decisión al rechazar el planteo del organismo recaudador.

Se calcula que a 300.000 jubilados y pensionados, incluyendo los provinciales, les descuentan Ganancias porque ganan por encima del mínimo no imponible de $ 62.462, equivalente a seis haberes mínimos.

La preocupación que existe en el Ejecutivo es porque -según indican los abogados especialistas en jubilaciones- si el fallo fuera favorable a García, se extendería de inmediatos a unos 400 jubilados que iniciaron reclamos judiciales similares y que tienen sentencia favorable de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social.

En el caso del resto de las personas afectadas por el impuesto, deberían iniciar un juicio o reclamar en el juicio que están llevando adelante por el reajuste de haberes en la etapa de ejecución.

Además, lo que ya cobraron una sentencia y tuvieron retención de Ganancias, podrían reclamar la devolución retenida del impuesto.

En caso que se cumpla lo que anticipan los medios nacionales, si reafirma lo que dijo que la Cámara que señaló que la jubilación no es una ganancia, la Corte deberá decidir -según indica Clarín- entonces si la jubilación es o no una renta, si hay doble imposición, si el descuento de Ganancias afecta la integralidad del haber jubilatorio y si es confiscatorio. Eso implica pronunciarse sobre cuestiones constitucionales que involucran aspectos tributarios y previsionales.