Javier Milei recibió a Juan Bautista Mahiques para avanzar con la reforma del Código Penal: "Que respete los principios liberales"

En una tarde que se dedicó a responder preguntas de usuarios en X, el presidente Javier Milei se reunió este martes por la tarde con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Quinta de Olivos.

Según precisaron fuentes oficiales, se habló acerca del proyecto que reforma el Código Penal y contó con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

“Debatieron sobre el Código Penal, con la intención que sea un código que respete los principios liberales”, señalaron a MDZ desde el entorno del mandatario.

El proyecto se estaría presentando en el Congreso a finales de la semana. Cuenta con unos días de demora de acuerdo con los tiempos que el mismo Ejecutivo manejaba. Con la intención de que “se termine celebrando en Diputados”, el expediente girará primero por el Senado. Los libertarios creen que “están los votos”.

No gustó en la hermana del presidente como a la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, se atribuyera el éxito de las sesiones extraordinarias, al punto que se grabó en estilo cinematográfico mientras se desenvolvía en el Congreso.

Quieren opacar esa ambición electoral de la exministra. “Patricia ya se alzó de demasiados triunfos, que nos deje algo a los demás”, señaló un funcionario consultado por este medio.

Un nuevo código con penas más duras

Entre los aspectos principales del proyecto, se plantea un aumento de las escalas penales para delitos contra la vida y la integridad física —como homicidio y lesiones agravadas— y para delitos vinculados al crimen organizado, especialmente narcotráfico. A su vez, se redefine el régimen de concurso de delitos para permitir acumulaciones de pena más altas, evitando que múltiples delitos terminen en condenas relativamente bajas por aplicación de topes. También se endurecen los criterios de reincidencia, incorporando la figura de “reiterancia delictiva”, que habilita prisiones preventivas más extensas y penas agravadas incluso sin condena firme previa.

En materia de ejecución penal, el texto propone restringir de forma específica los beneficios. Se limitan las salidas transitorias, la libertad condicional y la prisión domiciliaria para condenados por delitos graves (homicidios, abusos sexuales, secuestros, narcotráfico), estableciendo requisitos más estrictos de cumplimiento efectivo de la pena —por ejemplo, un mayor porcentaje de la condena antes de acceder a beneficios—. Además, se revisa el criterio de “buena conducta” como factor determinante, reduciendo su peso frente a la gravedad del delito. Esto implica un cambio técnico importante en la lógica de progresividad del sistema penitenciario.

Otro eje es la incorporación y actualización de tipos penales. En ciberdelito, se tipifican conductas como el acceso ilegítimo a sistemas, la suplantación de identidad digital y fraudes electrónicos con escalas penales más altas. En delitos contra la administración pública, se agravan figuras como el enriquecimiento ilícito y el cohecho, y se incorporan herramientas para decomiso ampliado de bienes. También se introducen modificaciones en delitos vinculados al orden público: se agravan las penas por cortes de rutas o calles cuando impliquen interrupción prolongada o afectación de servicios esenciales, y se tipifican con mayor precisión las usurpaciones de tierras, incluyendo supuestos de organización o instigación.

Finalmente, uno de los puntos más sensibles es la baja de la edad de imputabilidad, que el proyecto plantea llevar por debajo del umbral actual (16 años) para delitos graves, con un régimen diferenciado de responsabilidad penal juvenil. Este esquema incluiría penas privativas de libertad en institutos especiales, pero con criterios más cercanos al sistema de adultos en casos extremos. En conjunto, la reforma no solo eleva penas, sino que modifica aspectos técnicos clave —como la acumulación, la ejecución y la tipificación—, configurando un modelo penal más rígido, con menor margen interpretativo para jueces y mayores herramientas coercitivas para el Estado.