Javier Milei envió al Congreso proyecto para reformar pensiones por discapacidad
El Congreso analiza un proyecto de Javier Milei para modificar las pensiones por discapacidad, con foco en la revisión de beneficios y controles.
El Congreso entra en una semana sin actividad
NAEl Gobierno dio un nuevo paso en su agenda de reformas con el envío al Congreso de un proyecto que modifica el régimen de pensiones por discapacidad. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a reforzar los controles sobre los beneficios y redefine tanto las condiciones de acceso como de permanencia en el sistema.
El texto oficial se presenta como una “ley contra el fraude” en las pensiones por invalidez y pone el foco en la revisión integral de los beneficios otorgados en las últimas décadas.
Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema registró un crecimiento acelerado, al pasar de unas 76.000 prestaciones a comienzos de los años 2000 a cerca de 1,2 millones en la actualidad.
En ese marco, el proyecto propone un esquema de auditorías periódicas que incluirá cruces de información con organismos como ANSES y agencias de recaudación. El objetivo es detectar inconsistencias en los datos médicos, laborales y socioeconómicos de los beneficiarios.
Además, se habilita la suspensión preventiva de las pensiones ante posibles irregularidades, hasta tanto se revise cada caso.
Reempadronamiento obligatorio y plazos estrictos
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez. Los beneficiarios deberán actualizar su información personal, médica y económica dentro de un plazo mínimo de 90 días, con la posibilidad de una prórroga adicional.
El esquema prevé sanciones automáticas en caso de incumplimiento. Si el beneficiario no realiza el trámite en tiempo y forma, el Estado podrá suspender el pago. En caso de no regularizar la situación dentro de los 60 días posteriores, la normativa habilita la baja definitiva del beneficio mediante un acto administrativo.
Nuevas condiciones y restricciones
El proyecto también introduce cambios en los criterios de acceso al sistema. Entre ellos, establece la incompatibilidad entre la pensión por invalidez y el empleo formal o la inscripción en regímenes laborales, lo que limita la posibilidad de complementar ingresos.
En paralelo, redefine el monto del beneficio, fijándolo en el 70% del haber mínimo jubilatorio. La medida refuerza el criterio de que estas prestaciones deben estar destinadas exclusivamente a personas con incapacidad laboral comprobada y sin recursos suficientes.
Un debate que se reabre
La iniciativa llega en un contexto en el que aún no se aplicaron plenamente modificaciones anteriores aprobadas por el Congreso en materia de discapacidad. En ese sentido, el nuevo proyecto reabre una discusión sensible, que combina el objetivo oficial de ordenar el sistema con las advertencias de sectores sociales sobre el posible impacto en la población más vulnerable.
Con el envío al Parlamento, el Gobierno busca avanzar en una reforma que promete generar un fuerte debate político y social en las próximas semanas.