Interna libertaria: el karinismo convocó a la Comisión Bicameral de Inteligencia en otro desafío a Santiago Caputo
El diputado oficialista Sebastián Pareja llamó a una reunión de la comisión que fiscaliza el trabajo de la Secretaría de Inteligencia, a cargo de funcionarios que reportan al asesor presidencial.
Karina Milei busca avanzar sobre Santiago Caputo.
NASin necesidad de emplazamientos de parte de la oposición, los libertarios llamaron este martes a la primera reunión del año de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en el Congreso.
Se trata del ámbito legislativo donde habitualmente la oposición busca controlar el accionar en el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), con distintas críticas y reclamos de mayor transparencia.
Lo particular es que, a diferencia de otras comisiones donde los bloques piden su convocatoria mediante una sesión, el karinismo permite su realización, con una citación formal a cargo del presidente de la comisión, el diputado Sebastián Pareja.
Actualmente la SIDE es administrada por el asesor Santiago Caputo. Si bien no tiene un rol formal, tiene a sus principales dirigentes como responsables del organismo de inteligencia y sugirió a los dos funcionarios que estuvieron al frente. El primero fue Sergio Neiffert y el segundo Cristian Auguadra, quien es resistido por la hermana del presidente y busca desplazarlo.
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Como otra forma de presión para correr de los puestos de poder al consultor, la secretaria general obtuvo la presidencia de esa comisión clave, que piensa darle dinamismo a pesar de que lo normal es que los oficialismos se resistan a esas requisitorias.
Inicialmente la convocatoria está ideada para “el plan de trabajo” durante al año, aunque se permitirán otras mociones de la oposición.
La comisión bicameral adquiere una relevancia adicional luego de las controversias generadas por el Plan de Inteligencia Nacional y por el debate en torno a los fondos reservados destinados al organismo.
La primera gran polémica surgió con el DNU 656/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restableció la SIDE. Pocos días después, otro decreto amplió en $100.000 millones los gastos reservados destinados al organismo, una decisión que generó críticas de prácticamente todo el arco opositor. Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal e incluso sectores dialoguistas cuestionaron que el incremento presupuestario se produjera en medio del ajuste fiscal y sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas. Finalmente, la Cámara de Diputados rechazó ese DNU, en uno de los principales reveses legislativos del oficialismo.
El conflicto escaló nuevamente en mayo de 2025, cuando se filtró parte del nuevo Plan de Inteligencia Nacional. El documento, elaborado bajo la conducción del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, incluía entre los riesgos para la seguridad nacional acciones destinadas a "manipular la opinión pública", promover la "desinformación" o erosionar la confianza de la ciudadanía en los funcionarios públicos durante procesos electorales. La publicación de esos lineamientos desató una fuerte reacción política y jurídica.
Desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros bloques opositores advirtieron que esos conceptos podían habilitar tareas de inteligencia sobre periodistas, economistas, académicos, dirigentes políticos y organizaciones sociales, en abierta contradicción con la Ley Nacional de Inteligencia, que prohíbe expresamente recolectar información por razones de opinión política, actividad periodística o pertenencia a organizaciones sociales.
El Gobierno rechazó esas interpretaciones. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, aseguró que la SIDE no estaba autorizada a investigar opositores, periodistas ni ciudadanos por sus opiniones políticas y sostuvo que el Plan de Inteligencia debía interpretarse en el marco de la defensa frente a operaciones de influencia extranjera, campañas de desinformación y amenazas híbridas. Además, negó que existiera cualquier política de espionaje interno.
La última controversia en torno al sistema de inteligencia se produjo a comienzos de 2026. El 2 de enero, el Gobierno publicó el DNU 941/2025, mediante el cual introdujo una profunda reforma de la Ley Nacional de Inteligencia y reestructuró nuevamente el funcionamiento de la SIDE. La iniciativa fue presentada por la Casa Rosada como una modernización del sistema para adaptarlo a las nuevas amenazas vinculadas al terrorismo, el crimen organizado, el cibercrimen y el espionaje extranjero. Sin embargo, la oposición, especialistas en derecho y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que varios de los cambios ampliaban las facultades del organismo sin reforzar los mecanismos de control.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la creación de la denominada Comunidad Informativa Nacional, un esquema que obliga a distintos organismos del Estado a compartir información con la SIDE cuando ésta la requiera en el marco de sus funciones.
El decreto también incorporó la posibilidad de que personal del sistema de inteligencia realice aprehensiones en casos de flagrancia, una facultad que hasta entonces era propia de las fuerzas de seguridad. Constitucionalistas y dirigentes opositores cuestionaron que la modificación desdibujara los límites entre las tareas de inteligencia y las funciones policiales, al tiempo que reclamaron que una reforma de esa magnitud debía ser debatida por el Congreso y no implementada mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Las críticas se sumaron a los cuestionamientos que el Gobierno ya arrastraba por el incremento de los fondos reservados de la SIDE y por el contenido del Plan de Inteligencia Nacional difundido meses antes. Desde distintos bloques opositores sostuvieron que la sucesión de reformas consolidaba una expansión progresiva de las atribuciones del sistema de inteligencia sin un fortalecimiento equivalente de los controles parlamentarios.