Hidrovía: el Gobierno avanza con la codiciada licitación tras las denuncias de sabotaje
El Gobierno avanza con la licitación de la Vía Navegable Troncal (VTN), la autopista fluvial por la que sale el 80% de las exportaciones agropecuarias del país, que rondan los US$65.000 millones anuales.
El Gobierno vuelve a la carga con la licitación de la Hidrovía, un proceso que estuvo marcado por las sospechas y las acusaciones cruzadas.
EFEEl Gobierno metió segunda y se aproxima a un nuevo llamado a licitación de la Hidrovía, un millonario contrato por la administración y mantenimiento de la ruta nacional comercial más importante del país. El proceso estaba previsto para febrero de este año, pero el Gobierno lo suspendió en medio de acusaciones cruzadas de direccionamiento y sabotaje que salpicaban al Ejecutivo, a las empresas rivales y a actores de la política local e internacional.
El Gobierno vuelve a la carga con la licitación de la Hidrovía
A través de un comunicado publicado este viernes, el Gobierno anunció que el pliego final de la licitación, es decir los términos y condiciones para que las empresas compitan, está casi listo. Pero antes, abrió una etapa de consulta pública que se extenderá durante un plazo de diez días para que los actores del sector privado y la ciudadanía presenten sus observaciones sobre el proceso.
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Esta etapa de observación previa contará con el respaldo técnico y jurídico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La entidad se incorporó al procedimiento para aportar "transparencia, garantía de participación y competencia" luego del escándalo que estalló en febrero, cuando solo una de las compañías internacionales en pugna, la belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), presentó una propuesta en un clima marcado por las acusaciones cruzadas.
Se aceptan sugerencias
Las sugerencias y comentarios se incorporarán a un informe final elaborado por los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Apyn), aunque el texto no tendrá carácter vinculante y "se receptarán exclusivamente aquellos aportes que se consideren convenientes y conducentes, a entendimiento de las áreas técnicas del organismo que comanda Iñaki Arreseygor".
Así, en los próximos 20 días el Gobierno prevé presentar el pliego definitivo avanzar con el llamado a la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional, a riesgo empresarial y sin aval del Estado de la Hidrovía.
"Resultado del diálogo con los usuarios, las provincias y el sector productivo, y tomando las recomendaciones del organismo especializado de la ONU, los pliegos determinarán una nueva etapa para la logística argentina, con un sistema más moderno y una sensible baja de costos", manifestaron desde el Gobierno.
Un proceso marcado por la sospecha
La apertura de sobres de la licitación de la Hidrovía estaba prevista para comienzos de febrero de este año. Sin embargo, el Gobierno finamente decidió suspender el proceso luego de que DEME fuera la única concursante.
La compañía belga venía de impugnar el proceso ante la Justicia, con duras acusaciones contra el Gobierno de direccionar el pliego en favor de sus compatriotas de Jan de Nul, empresa que controló la Vía Navegable Troncal entre 1995 y 2021. Se habían pronunciado en un sentido similar otros actores interesados como la danesa Rhode Nielsen y la brasileña DTA.
En paralelo, la compañía china Shanghai Dredging reclamaba la eliminación del artículo 16 del pliego que impedía presentarse a toda empresa controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, como lo son todas las compañías del gigante asiático.
En ese marco, el titular de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, denunció una "orquesta de medios, exfuncionarios, miembros de la política, empresarios, que se coordinaron entre todos para hacer caer el proceso y que llegado el caso de que ciertos actores volvieran a una función ejecutiva pudieran tomar las decisiones de terminar asignando este contrato para un lado o para el otro".
Las acusaciones iban desde Mauricio Macri y su exministro de Transporte Guillermo Dietrich hasta Nicolás Pino y la Sociedad Rural Argentina, el diario La Nación o firmas de abogados como el Estudio Cassagne. Para el funcionario, las presiones constituyeron "un delito de traición a la patria" y prometió que el Gobierno iba a avanzar "con todo el peso de la ley", sin embargo la investigación quedó en la nada y no se conocieron novedades.
Consultadas por MDZ, fuentes ligadas a importantes actores de la industria del dragado aseguraron que "este proceso fue mucho más prolijo y ordenado que el anterior" y destacaron que todas las partes tuvieron voz y voto en las etapas consultivas que se llevaron adelante durante el año.
Así, el Gobierno se encaminaría a avanzar con una de las licitaciones más importantes de la gestión de Javier Milei, con una concesión calculada en unos US$15.400 millones durante los próximos 30 años en materia de peajes. Se escuchan ofertas.