Nuevo cruce por la Hidrovía: el titular de Puertos acusó a Mauricio Macri y Guillermo Dietrich de operar contra la licitación

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, acusó este jueves al expresidente Mauricio Macri y su exministro de Transporte Guillermo Dietrich por presuntamente haber operado junto a "una orquesta de medios", estudios de abogados, exfuncionarios, miembros de la política y empresarios para sabotear la licitación de la Hidrovía.

El proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, popularmente conocido como la Hidrovía, se frustró la semana pasada cuando la empresa belga DEME apareció como la única en presentarse para competir luego de meses de denuncias por supuesto direccionamiento del Gobierno en favor de Jan de Nul, la actual concesionaria por los últimos 30 años.

En ese marco, el Gobierno decidió declarar la nulidad de la licitación y acusó a sectores de la política, medios y empresarios de "hacer lobby" para que el Gobierno bajara los estándares técnicos del pliego para beneficiar a empresas particulares y señaló a DEME como una de las responsables de presionar a sus competidores para no presentarse, por lo que decidió denunciar a la compañía ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En ese marco, Iñaki Arreseygor, responsable del área encargada de redactar los términos y condiciones de la licitación, denunció este jueves en la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados -donde fue convocado por la oposición para dar explicaciones- una "orquesta de medios, exfuncionarios, miembros de la política, empresarios, que se coordinaron entre todos para hacer caer el proceso y que llegado el caso de que ciertos actores volvieran a una función ejecutiva pudieran tomar las decisiones de terminar asignando este contrato para un lado o para el otro”.

En ese sentido, el funcionario apuntó con nombre y apellido al expresidente Mauricio Macri, su exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el estudio de abogados Cassagne y su titular, Ezequiel Cassagne, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y al diario La Nación por llevar a cabo "una operación sin precedentes" para lograr "el sabotaje de la licitación".

"Como en los últimos meses me tocó recibir sin poder contestar, me toca devolver las cortesías", ironizó Arreseygor, y remarcó: "Lejos de llamar y hacer preguntas se dedicaron a tirar piedras. No ví que ninguno de ellos haya leído las 3600 páginas del pliego. Todos se llenaron la boca para hablar de direccionamiento. La Justicia en tres ocasiones nos dió la razón de que no había tal evidencia". Luego, el funcionario sentenció que si el Gobierno "encuentra la evidencia irá con todo el peso de la ley", a la vez que advirtió que este tipo de presiones por parte de empresarios y políticos argentinos constituyen "el delito de traición a la patria".

Además, el titular de Puertos defendió la transparencia del pliego y rechazó las acusaciones por supuesto direccionamiento en favor de Jan de Nul, además de anticipar que "el nuevo proceso licitatorio que va a arrancar cuanto antes".

Tras ser consultado acerca de los requisitos que beneficiaban a la empresa con mayor experiencia en rutas con características similares a las de la Hidrovía, osea la actual concesionaria Jan de Nul, Arreseygor contestó que "los antecedentes de dragado son esenciales a los fines de mantener una vía de 1238 kilómetros" que es clave para el comercio del país.

En ese sentido, sostuvo que "al considerar los antecedentes en el pliego se puso la vara alta, pero eso no dejaba afuera a ningún participante de primer nivel mundial. Lo que hacía era que aquellos con menores antecedentes tuvieran que hacer un mayor esfuerzo económico, lo que iba a generar una mayor competencia de ofertas y menores costos para el productor".

Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, cuyo espacio impulsó una de las denuncias contra el Gobierno por el presunto direccionamiento de los pliegos, subrayó que "ni a él ni a la Coalición Cívica los persigue ningún interés particular que tenga que ver con empresas, políticos, exfuncionarios" y cuestionó: "Acá lo que hubo es improvisación, hubo negligencia y hubo impericia".

Además, el legislador señaló el contundente dictamen de la Procuraduría de Investigación Administrativa (PIA) que había salido un día antes de la apertura de sobres de la licitación, el cual advertía que la redacción de los pliegos presentaban "serias y evidentes irregularidades".

Sobre ese punto, Arreseygor replicó que el dictamen de la PIA "levantó textual la presentación de una de las empresas (DEME), a la cual el Gobierno respondió punto por punto y la Justicia le dio la razón en dos instancias”. 

La comisión finalizó con una intervención de la diputada radical Pamela Versay, que señaló que "falta información para entender la composición de la tarifa" en el pliego y agregó que "tal vez falten costos de referencia para garantizar transparencia".

"Aquí también se habló del plazo de concesión. No se entiende por qué algunas tienen plazo de 10 años y esta es de 30 años. Es un plazo largo o no, tal vez falte más debate.. También se planteó cómo se traslada la deuda del Estado con la contratista y cómo esta impacta en el costo de la tarifa. Esto no queda claro", manifestó la legisladora, y concluyó: "Ojalá que este ámbito (la Comisión de Transporte) sirva para que debatir un proceso que va a impactar en el desarrollo de la Argentina por mucho tiempo".