Grave sanción de casi $50 millones contra un intendente peronista y cinco funcionarios

Ubieta cuestionó las millonarias sanciones y afirmó que él denunció a una contadora a cargo de Control Interno por maniobras ilícitas. "¡Es una locura! Yo hice la denuncia", señaló a MDZ tras conocerse el primero de los fallos y adelantó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que se anulen las penas económicas en su contra.

Sin embargo, el fallo del Tribunal de Cuentas advierte en el fallo que la denuncia penal que realizaron las autoridades no exime de la responsabilidad por la negligencia en el resguardo del patrimonio municipal ni de las graves falencias detectadas en el control interno.

Millonarias sanciones contra La Paz

El organismo de control formuló un cargo en forma solidaria para un grupo de funcionarios de la Municipalidad de La Paz por una suma total de $47.570.878. Sin embargo, a cada sancionado impuso un límite económico a devolver con el resto de los implicados.

El Contador General Juan Manuel Espin deberá devolver hasta la suma máxima, mientras que el intendente Fernando Ubieta hasta la suma de $37.979.803.

El Tesorero municipal Miguel Ángel Sánchez obtuvo un cargo por hasta $43.994.338; el secretario de Hacienda y Economía, Exequiel Osvaldo Vespa, hasta la suma de $29.684.417 y la agente municipal Andrea Vanina Sánchez hasta $31.625.586.

En tanto, la jefa del Departamento de Control Interno, Luciana Valeria Díaz Gracia, debe devolver hasta $15.144.834. Esta mujer fue denunciada por administración fraudulenta, acusada por la comuna por robar emitir cheques que eran cobrados por su pareja.

Por otra parte, el fallo también estableció un cargo solidario total de $2.164.307 contra el contador Espin, el secretario Vespa y el tesorero Sánchez. En este caso se detectaron irregularidades por pagos sin respaldo documental.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas también impuso una multa de 3 millones al intendente Ubieta y a las otras cinco personas implicadas.

Contadora imputada por maniobras irregulares

El análisis del Tribunal de Cuentas apunta contra el desmanejo de fondos de la ex jefa del Departamento de Control Interno, Luciana Valeria Díaz Gracia, quien fue imputada por la Justicia en agosto del año pasado acusada de administración fraudulenta.

Esta mujer es apuntada por el intendente Ubieta como la responsable de las irregularidades en las cuentas municipales.

Según consta en el fallo del órgano de control, Díaz Gracia emitían cheques municipales que eran cobrados por su pareja, Juan Carlos Alcaraz.

“Procedió a sustraer cheques de manera periódica de las chequeras oficiales del municipio, falsificando la información en los talonarios de las mismas para que no se detecte en el momento el valor substraído, logrando así falsificar firmas de los funcionarios firmantes, generando expedientes ficticios, que físicamente nunca existieron, manipulo el sistema contable a su conveniencia usando sus conocimientos contables adquiridos en estos años de trabajo, cargo un número de factura inexistente de proveedores habituales, ingresó y adulteró la conciliación bancaria para que no pudiéramos detectar en el periodo en curso dicho fraude”, expresa el documento público.

Enfatiza en que la funcionaria “procedió a emitir orden de pago y así usar en su beneficio los cheques sustraídos y presentarlos al cobro mayoritariamente en cuenta del cónyuge Juan Carlos Alcaraz”.

Negligencia y falta de control en partidas municipales

La auditoría que analizó las cuentas de La Paz solicitó documentación de respaldo de 89 expedientes observados y determinó que “un mismo usuario puede imputar todas las etapas del gasto sin ningún control por oposición, lo que refleja una falta grave de control interno”.

En el fallo se destaca que las autoridades municipales contestaron las observaciones de la auditoría advirtiendo que realizaron una denuncia penal apuntando a la presunta operatoria de una empleada municipal que emitía cheques que luego cobraba su pareja.

Concluyeron de esta manera que “existen salidas de fondos sin respaldo documental por el importe de $27.728.911,60”. A su vez, calcularon intereses por $19.841.966,40 y el Tribunal determinó que el monto a reintegrar por los funcionarios municipales sancionados es de $47.570.878.

“La formalización de una denuncia penal de fecha posterior al requerimiento no deslindan la responsabilidad administrativa de los funcionarios, toda vez que dichas anomalías ocurrieron bajo su gestión y sólo fueron admitidas ante la inminencia del control externo. El hecho de que los responsables no pudieran localizar los expedientes solicitados confirma deficiencia en su propio sistema de control interno”, sostiene el fallo.

En tanto, expresa que “la actuación judicial posterior es una medida reactiva que no subsanaría la negligencia previa en la gestión y resguardo del patrimonio del municipio”.

Concluyeron que “las falencias detectadas no son meros ‘errores administrativos’ o ‘fallas del sistema’, sino que configuran una ruptura total del sistema de control interno, que genera responsabilidades para los funcionarios jerárquicos”.