Festival de cesantías en Mendoza: por qué el Gobierno echó a 11 estatales
El Gobierno oficializó los despidos en el Boletín Oficial. La mayoría de las causas fueron por inasistencias injustificadas.
El Gobierno oficializó 11 cesantías.
Alf Ponce Mercado / MDZEl Gobierno provincial oficializó hoy un vendaval de cesantías a diversos agentes estatales de Mendoza, por diversas causas, aunque la mayoría fueron inasistencias injustificadas. Las decisiones quedaron plasmadas en decretos y resoluciones de parte de los ámbitos de la Salud, Dirección General de Escuelas y el Ente de Movilidad Provincial, según consta en el Boletín Oficial de este miércoles.
En total, aparecieron 11 normas con sus respectivos despidos para los agentes estatales.
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Las cesantías de agentes estatales, una por una
Uno de los decretos de cesantía fue el 2123 del ministerio de Salud, contra el licenciado Pablo Carrillo, que se desempeñaba como enfermero en el hospital de Salud Mental El Sauce.
Entre las irregularidades, la investigación sumaria determinó que ejerció "maltrato verbal y psicológico a una paciente" en junio del 2022. Pero además, se constataron 14 inasistencias injustificadas entre diciembre del 2022 y agosto del 2023. En su sumario, se adicionaron "tardanzas injustificadas y comentarios fuera de lugar; modos de comunicación hacia familiares y pacientes que provocaron conflicto y posterior quejas al equipo de enfermaría y a dirección; decisiones en forma repentina como actos de supremacía hacia pacientes; le habría faltado capacidad de contención y de acompañamiento al personal en situaciones de EPM y habría generado malestar y quejas por parte de Equipos interdisciplinarios hacia su persona".
Otro agente cesanteado por el Estado provincial fue al profesional Ariel Fernando Chena, bajo el decreto 2188, de su puesto en el Hospital Lagomaggiore.
Tal como se desarrolla en los considerandos de la ley, el sumario se le realizó por incumplimiento en su desempeño laboral en el cual, si bien iba a trabajar como cualquier empleado, no cumplió con la mayor dedicación horaria con la que contaba y se le pagaba todos los meses. De hecho, el profesional había entendido que se le había quitado dicha mayor dedicación y que por eso había dejado de cumplir ese horario.
Dicho sumario determinó que incumplió 76 horas en mayo del 2024, 71 horas en junio, 36 en julio, 71 en agosto, 88 en septiembre y en octubre 102, "haciendo un total de 446 horas adeudadas" (el profesional poseía una carga horaria de 48 horas semanales con mayor dedicación al 100%).
"La imputación no consiste en inasistencias injustificadas, ni abandono de servicio, sino en el incumplimiento de la prestación de servicio con responsabilidad, eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar y condiciones de tiempo y forma", marcaron.
Sin embargo, el Gobierno se defiende al indicar que el profesional "no puede haber desconocido que, durante los meses en que se verifica el incumplimiento de su deber, el adicional de mayor dedicación se le siguió abonando, puesto que mes a mes en su bono de sueldo los conceptos que se retribuyen se encuentran discriminados. Tampoco puede invocar desconocimiento o mal entendido, cuando su salario no se vio disminuido a pesar de cumplir menos horas de trabajo".
De esta forma, aplicaron la sanción de "cesantía al agente Ariel Fernando Chena".
Otra cesantía fue la que aparece en el decreto 2291 del 23 de octubre y que se aplicó contra la doctora Carolina Gonzalez, quien se desempeñaba en el hospital Perrupato.
En este caso, la profesional "comenzó con licencia psiquiátrica el día 2 de mayo de 2024 continuando hasta el 19 de noviembre de 2024, sin que a partir de esa fecha volviera a presentar certificados médicos ni concurriera a trabajar".
No obstante, las actuaciones sumariales recién comenzaron en marzo del 2025 "sin que a dicha fecha la agente hubiera regresado a trabajar", por lo que consideraron que se trató de un hecho de "abandono de trabajo".
El agente Joel Ariel Campo también fue cesanteado de su puesto en el hospital Gailhac a través del decreto 2292 del 23 de octubre.
En este caso, se lo imputó por tener 22 faltas injustificadas, pero además se le inició una causa penal por el delito de transporte de estupefacientes con dolo, por el cual fe condenado a 4 años y medio de prisión más una multa de $162.000.
De hecho, mencionaron en los considerandos de la decisión que su conducta desplegada "al margen de la responsabilidad penal, compromete el fin y la naturaleza del cargo de empleo público para el que fue nombrado puesto que subyace en la situación acaecida, una conducta reprochable del agente, que aun cuando no hubiera configurado delito alguno, constituye una falta administrativa susceptible de sanción disciplinaria", que terminó en la mencionada cesantía.
En el ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE), se definió también la cesantía de la celadora Carolina Patran, que se desempeñaba en una escuela de Santa Rosa.
La resolución fue la 5282 del 22 de septiembre, y estableció que tuvo 124 inasistencias entre julio y diciembre de 2018; 304 en todo el 2019; 273 inasistencias en 2020; 303 inasistencias en 2021; 273 inasistencias en 2022 y 151 entre febrero y junio del 2023. Es decir, dejó su trabajo, por lo que fue cesanteada.
Otro celador cesanteado fue Daniel Blasco, por 63 inasistencias entre marzo y mayo del 2023. La decisión se tomó en la resolución 5667 del 3 de octubre pasado.
También se echó por parte de la DGE al celador Gabriel Rodolfo Salgado, por 14 faltas injustificadas en diversos meses del 2022 y el 2023. La decisión se tomó a través de la resolución 5908 de este 21 de octubre.
El celador Mariano Quiroga, de la escuela Chiara Lubich de la Ciudad de Mendoza también fue cesanteado según consta en la resolución 6095.
En este caso, el agente faltó a su trabajo 59 días laborales, entre marzo del 2016 y abril del 2021.
La resolución 6006 de la DGE del pasado 27 de octubre decidió la cesantía del docente Fabricio Cirica, qeu se desempeñaba en la escuela 1-070 "Capital Federal", "en virtud de inasistencias injustificadas y su consecuente abandono de trabajo".
Las inasistencias injustificadas se comprobaron desde el 29 de junio del 2020 en adelante, por lo que se tomó la decisión de dejarlo cesante al docente.
Otra agente no sólo fue cesanteada, sino que también se tomó la determinación de "inhabilitarla" por 3 años para ocupar cargos públicos. Se trata de Eliana Haydeé Lassa, que se desempeñaba en la escuela Pascual Iaccarini de San Rafael.
La resolución 6016 determinó que la docente "habría realizado una compra de bomba trifásica con posible sobreprecio, sin haber reunido previamente a la compra diversos presupuestos, incumpliendo con los pagos a la empresa contratada para refaccionar parte del establecimiento en su fábrica olivícola, en el tiempo establecido".
En el ámbito de la Dirección General de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, echaron con cesantía a Jimena Paola Bahouth, tal como determina la resolución 415 del 7 de mayo pasado.
Las causas fueron inasistencias injustificadas entre el 19 de marzo y el 28 de junio del 2020. Otras irregularidades que se encontraron fueron que la agente "se encontraba cobrando, además de figurar en su bono de sueldo hasta noviembre de 2024 como si hubiera cumplido con su débito laboral 30 días aun cuando se encontraba de licencia ininterrumpida por más de un año".
Por otro lado, el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) cesanteó a Eduardo Enrique Palacio por 71 inasistencias injustificadas entre el 13 de mayo hasta el 25 de agosto del 2025 (inclusive). La resolución en la que se tomó la decisión fue la 3536 del EMOP, del 7 de noviembre pasado.