Esta semana: Milei, la Hidrovía y las remeras de Sturzenegger a precios de Madrid
Javier Milei avanzará el martes con la renovación de la concesión de la Hidrovía. Es el negocio mas grande que tiene hoy el Estado en oferta.
Las últimas encuestas demuestran una fuerte caída en la imagen de Javier Milei.
N/AJavier Milei entró en una fase más rápida del proceso de privatizaciones. El Gobierno necesita mostrar que puede ejecutar lo que prometió, pero también necesita dólares. Esa segunda necesidad le da otra densidad al movimiento.
En pocas palabras
- Javier Milei avanza con la renovación de la concesión de la Hidrovía, el negocio más grande que el Estado tiene en oferta, buscando mostrar ejecución de promesas y captar divisas.
- El proceso de privatizaciones, iniciado con la adjudicación de Transener, genera dudas sobre la transparencia y la posible asociación con el capitalismo de amigos
Hasta ahora, el país viene renovando vencimientos de deuda sin problemas, incluso por encima de lo necesario, pero el mercado todavía no está para nuevas colocaciones, menos con la presión de la suba del petróleo sobre la inflación estadounidense.
Ese es el primer desafío. El segundo es más delicado: evitar que el proceso quede asociado al viejo formato del "capitalismo de amigos". Es decir, que las adjudicaciones no parezcan diseñadas para sectores cercanos al poder. No alcanza con vender, concesionar o reprivatizar. Hay que hacerlo sin que el sistema produzca sospechas desde el primer día. Y en eso hay dudas.
El Gobierno sostiene una bandera de ruptura con las prácticas anteriores. Pero en estas semanas empezó a caminar sobre un terreno donde las promesas de campaña se miden contra expedientes, nombres propios, garantías y dictámenes. Allí no cuenta el discurso, sino los intereses
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Transener y la primera señal
La adjudicación de Transener ya había dejado una primera marca. La ganaron Edison Energía y Genneia, que pagan US$356 millones por quedársela. Entre los ganadores aparecen nombres conocidos: Patricio y Juan Neuss, gente del Grupo Inverlat como Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, además de Newsan con Cherñajovsky y Luis Galli.
El problema no es solo quién gana. El problema es qué lectura habilita cada adjudicación. El sistema de contratación oficial se cayó el día de la definición de Transener y eso tiñó de dudas una jornada clave. En un proceso de este tipo, la forma pesa casi tanto como el resultado.
Los Neuss ya venían en punta en materia de privatizaciones. Primero se quedaron con centrales hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro. Ahora sumaron Transener. Esa continuidad instala una pregunta que el Gobierno debe responder con hechos: si el cambio de época también cambia las reglas de acceso al negocio público o si solo cambia el elenco.
La advertencia es sencilla. Si la primera tanda de adjudicaciones empieza a mostrar concentración de ganadores o cercanía con nombres del poder, el oficialismo puede perder una parte central de su capital político. No por estatista, por opaco.
La Hidrovía como prueba mayor
La Hidrovía es otra escala. No es una concesión más. Es el negocio más grande que el Estado argentino tiene para concesionar. Desde hace décadas arrastra sospechas, dudas y acusaciones por la renovación de la concesión vencida. Además, por esa vía se transporta al menos el 40% del producto argentino.
Por eso, la apertura de sobres no será solo una instancia técnica, será un mensaje desde poder en un momento donde el gobierno esta boxeando con acusaciones por la transparencia con Manuel Adorni en el medio de la escena.
La licitación anotó en la lista de interesados a tres empresas: las belgas Jan de Nul, anterior operador de la Hidrovía, DEME y la brasileña DTA Engenharia. Las dos primeras siguen en pie. La última quedó descalificada por no presentar garantías.
La pelea final, por ahora, será el martes. Ese día se conocerá al ganador. Pero la disputa ya excede a las empresas. Desde DEME, con interés estadounidense, denunciaron que Jan de Nul busca seguir en la concesión con participación china oculta en las operaciones.
Ese punto llevó la discusión a otro plano. Algo de eso fue el centro del extraño viaje de Santiago Caputo a Estados Unidos. El asesor de Milei tuvo que informar sobre las intenciones del Gobierno en la concesión. No está claro si viajó a título oficial y por mandato presidencial o no. Esa ambigüedad también es una señal. En procesos de este tamaño, los grises no son gratis.
Objeciones de la Procuraduría
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas sumó otro elemento. El viernes presentó un dictamen en el expediente que investiga posibles delitos en la licitación de la Hidrovía. Allí señaló irregularidades en el proceso en marcha para concesionar una de las vías navegables más grandes del mundo. El dictamen reitera críticas ya identificadas en procesos anteriores y agrega nuevos cuestionamientos. Lo firmó el fiscal Sergio Rodríguez y fue presentado en la fiscalía federal 9, de Guillermo Marijuan. El juez de la causa es Sebastián Casanello.
La combinación es fuerte: negocio central, disputa internacional, dictamen fiscal, sospechas heredadas y una definición inminente. Milei necesita que ese expediente no se convierta en el espejo de aquello que prometió desterrar.
AYSA y el avance sobre otro frente
La venta del 90% de las acciones de AYSA completa el panorama. La convocatoria se publicó la semana pasada. Después de sanear la empresa, el Gobierno avanza con la reprivatización y reserva el 10% para los empleados.
El dato importa porque muestra que no se trata de casos aislados. Hay un giro de velocidad. Transener, Hidrovía y AYSA marcan una etapa nueva. El oficialismo ya no solo recorta, ajusta o desregula. Ahora transfiere activos, concesiona negocios y abre procesos que cruzan al Estado con empresarios, fondos, acreedores y actores externos.
Si la urgencia financiera domina el proceso, el costo puede ser político. Y si el costo político crece, el mercado también lo lee.
La política que no ordena
La aceleración privatizadora ocurre mientras el sistema político del Gobierno muestra fisuras. La protesta por los fondos universitarios volvió a ocupar la calle. Milei confirmó que no cumplirá la ley y esperará a que la Corte Suprema se pronuncie sobre su constitucionalidad.
La Corte podría traer algo de paz con una definición, pero se demora y guarda silencio. Esa demora tiene efecto institucional. Más allá de lo jurídico, el máximo tribunal ocupa el lugar de última escala en la estabilidad del Estado. Cuando no habla, también ordena. O desordena.
Mientras la marcha llenaba la Plaza de Mayo, dentro de la Casa Rosada sesionaba la mesa política oficial. Buscaba organizar gestión y poner la cara a la crisis por los desvaríos económico-financieros de Manuel Adorni. La reunión duró dos horas y tuvo a Patricia Bullrich. Su presencia no fue un detalle. La senadora entró en una fase crítica con el corazón del Gobierno y ya lanzó su campaña porteña sin pedir demasiado permiso.
Santiago Caputo no estuvo por la mencionada misión privatizadora en Estados Unidos . Ese viaje no contó con todo el apoyo del Gobierno, en especial de Karina Milei. La interna así vuelve a tocar el centro de la toma de decisiones.
Los conflictos con Adorni y las diferencias con el PRO y Mauricio Macri dejaron al oficialismo sin votos para aprobar proyectos centrales, como la reforma electoral. Sin embargo, sí hubo número para definir temas internos: Sebastián Pareja quedó al frente de la Bicameral de Inteligencia, órgano que controla, entre otras cosas, a la SIDE. Ese es territorio de Santiago Caputo, sobre el cual se anuncian cambios con la misma frecuencia con que se conocen sus crisis con Karina Milei.
El Gobierno muestra capacidad para ordenar su interna cuando se trata de poder propio. Pero exhibe dificultades para construir mayorías cuando necesita leyes. Esa asimetría también define la etapa.
La economía de la vida diaria
La inflación de abril, de 2,6%, trajo algún alivio. La pregunta es si ese número puede transformarse en tendencia. Pero la baja de inflación no alcanza si no se combina con consumo, más plata en la calle y menor percepción de conflictividad política. El mercado mira eso. El público también.
Federico Sturzenegger insiste con las virtudes de la desregulación en la vida diaria. Tiene razón en el planteo. El problema es que esa promesa necesita ingresos que permitan gozar de esos beneficios. Sin mejora en el bolsillo, la libertad de elegir queda reducida a un escaparate.
La llegada de la cadena H&M a la Argentina fue presentada por Sturzenegger como una señal de que los argentinos podrán comprar barato como en el resto del mundo. Habrá que verlo. Hasta ahora, cadenas internacionales como Zara venden en el país a precios ridículamente altos en dólares respecto de Europa o EE.UU.. Madrid se volvió una meca para compradores que pueden viajar. Buenos Aires sigue con precios que locales y extranjeros no pueden razonar.
Ese dato parece menor, pero no lo es. La diferencia de precios en vestimenta o comida entre Buenos Aires, Europa y EE.UU. funciona como termómetro de la ausencia de baja de impuestos, competencia y reordenamiento de precios relativos en Argentina. Es un dato que impacta en la epidermis de las clases que aun tienen poder de compra y son las que en los últimos tiempos definen elecciones con la volatilidad de sus votos. Si los precios no bajan, la desregulación queda a mitad de camino o al menos así se siente.
El límite de la promesa
Milei enfrenta dos pruebas simultáneas. Una está arriba: privatizaciones con dólares, poder y sospechas. Otra está abajo: precios, consumo e ingresos. Las dos se conectan. Si el Estado vende activos pero no logra transparencia, el costo será institucional. Si la economía baja la inflación pero no mejora la vida diaria, el costo será social.
El capitalismo argentino no puede ser solo de amigos. Y una remera no puede costar más en Buenos Aires que en Madrid si la promesa es normalizar el país. Entre esas dos puntas se juega algo más que una etapa de Gobierno. Se juega la credibilidad del cambio. Y esa credibilidad no se privatiza: se prueba.