Es ley el Fondo Escolar: qué cambia para los docentes que buscan su primera vivienda
La iniciativa amplía los recursos del Fondo y habilita su utilización como herramienta de garantía para facilitar el acceso a soluciones habitacionales para el personal docente. También busca fortalecer el financiamiento de la infraestructura educativa.
Este martes la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley 9545 y crea el "Fondo Escolar Permanente", con el objetivo de modernizar su funcionamiento, ampliar sus fuentes de financiamiento y generar nuevas herramientas para fortalecer tanto la infraestructura escolar como el acceso a la vivienda para docentes.
La votación resultó con 25 votos a favor, 1 negativo (Partido Verde) y 7 abstenciones (PJ). La propuesta pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La norma votada amplía los recursos que pueden integrar el Fondo Escolar Permanente. A los bienes provenientes de remates de herencias vacantes y de procesos de extinción de dominio se incorporan los recursos obtenidos por la enajenación, subasta o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, vehículos e insumos que se encuentren en desuso o en situación de rezago y estén bajo administración de la Dirección General de Escuelas (DGE).
De esta manera, bienes que actualmente pueden representar un costo de mantenimiento para el Estado podrán convertirse en recursos destinados a fines educativos.
Recursos para infraestructura y vivienda docente
Entre los principales cambios, el proyecto amplía los destinos de los recursos del Fondo. Las rentas podrán ser utilizadas para la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y de espacios vinculados con la comunidad educativa.
Pero además, la iniciativa incorpora una herramienta financiera destinada a atender el déficit habitacional del personal docente. La DGE podrá afectar recursos del Fondo como garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente para operaciones crediticias, bancarias o financieras, así como para programas de acceso a soluciones habitacionales y urbanización destinados a docentes.
Según la fundamentación del proyecto, esta herramienta busca utilizar recursos públicos como respaldo para facilitar el acceso al crédito y promover la participación de otros actores, sin desfinanciar el funcionamiento habitual del sistema educativo.
Durante el debate, el senador Sergio Márquez señaló que el objetivo "no se limita a facilitar el acceso a una vivienda, sino que apunta también a generar condiciones de arraigo para los docentes, permitiéndoles acercarse a los lugares donde desarrollan su tarea y mejorar su calidad de vida".
En este sentido, el proyecto contempla la posibilidad de que la DGE articule programas junto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el sector privado, utilizando los recursos del Fondo como herramienta de garantía o respaldo.
Protección de los recursos educativos
El texto aprobado establece expresamente que la utilización del Fondo para estas operatorias no podrá afectar inmuebles o bienes muebles destinados al servicio educativo.
Asimismo, se modifica la Ley 8706 de Administración Financiera para establecer que los saldos no ejecutados correspondientes al Fondo Escolar Permanente permanezcan dentro de este y no sean transferidos a Rentas Generales al finalizar el ejercicio fiscal.
La iniciativa establece además que la afectación de recursos para programas habitacionales no implica la suspensión, modificación ni interrupción del Fondo, sino la constitución de mecanismos de disponibilidad restringida, como reservas, subcuentas, cuentas especiales, fideicomisos o fondos de garantía, bajo las condiciones que establezca la reglamentación.
Durante el tratamiento legislativo, el senador Luis Novillo, del Partido Justicialista, informó que su bloque se abstendría en la votación.
Por su parte, el senador Omar Parisi, de Fuerza Patria, manifestó el acompañamiento de su espacio al proyecto y señaló que existe confianza en que la nueva herramienta pueda funcionar y cumplir con los objetivos planteados.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, la modificación responde a la necesidad de contar con una administración de los recursos educativos que sea no solo transparente, sino también dinámica y eficiente frente a los actuales desafíos económicos y sociales.
La mitad de los docentes no tienen vivienda propia
En su visita a la Legislatura a comienzos de agosto, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar sostuvo que el Fondo “está constituido por unos $530 millones, producto de cinco remates ya realizados. Pero hay 12 más que están en proceso de evaluación”.
Respecto del déficit habitacional en el sector docente, García Zalazar sostuvo que en la provincia alcanza alrededor del 50%. Aseguró que en Mendoza se cuentan aproximadamente unos 46.000 docentes en el sistema, “y la mitad de ellos tiene algún inconveniente en el acceso a la vivienda (alquila, está con una vivienda a préstamo, etc)”, lo que “motiva poder ofrecer una solución con esta iniciativa”, aseguró.
Finalmente, en términos técnicos y ante la consulta de algunos legisladores, sostuvo que esta iniciativa no tiene por qué afectar el plan que se sigue de reparación de escuelas. Aseveró que la intención siempre es construir nuevas escuelas pero que todo depende de los estudios previos que se realizan respecto de las ubicaciones y de la necesidad que se tiene. Expresó que la baja de la natalidad “ha impactado en Mendoza en los últimos años”, aunque el “el plan es llegar a 33 escuelas nuevas, ya llevamos 18”; y “ampliar a 300 las escuelas con jornada extendida”.