Emergencia en discapacidad: el Gobierno anunció un posible aumento para las prestaciones para evitar un revés en el Congreso
Poco antes de que la Cámara de Diputados se reuniera a discutir los vetos de Javier Milei contra la emergencia en discapacidad y otros temas sensibles, el Gobierno anunció un posible aumento a los prestadores médicos.
En la previa de la sesión del Congreso para tratar el veto a la emergencia en discapacidad, el Gobierno anunció que considera un aumento para el sector.
X / @amandamartinokCon intenciones de evitar una inminente derrota en el Congreso, el Gobierno anunció este miércoles que "está considerando" otorgar un aumento a todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Lo hizo antes de que la Cámara de Diputados trate los vetos de Javier Milei, entre ellos el vinculado a la emergencia en el sector.
Un anuncio a medias
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuarenta minutos antes de que los diputados bajaran al recinto. "Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual", comunicó el funcionario en X.
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"De concretarse", aclara el vocero en su texto, "la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros de muchos años". "Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos", finalizó.
El mensaje para la Cámara de Diputados
El pseudo anuncio esconde un mensaje para los diputados de la oposición dialoguista que habían manifestado su deseo de acompañar al Gobierno en la defensa de los vetos, pero reclamaban una recomposición para el sector que viene muy golpeado por la inflación y no recibe una actualización desde diciembre del año pasado.
Según el Nomenclador Único de Discapacidad (NUD), que fija las tarifas que cobran los prestadores médicos de acuerdo a las disposiciones del Gobierno nacional, el sector sufrió pérdidas del 120,7% respecto a la inflación en 2023 -último año de gestión de Alberto Fernández- y otro 21,79% durante 2024, ya con Javier Milei en la Presidencia. En ese sentido, el último incremento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en diciembre pasado, cuando el dato de IPC de ese mes había sido 2,7%.
Por ese motivo, en Casa Rosada reconocían que el oficialismo tenía las de perder a la hora de intentar sostener el veto a la emergencia en discapacidad, que se tratará en conjunto con el aumento a las jubilaciones y la moratoria previsional. "Ahí estamos complicados, el sector está pisado desde el inicio de la gestión", reconoció una fuente de la mesa chica del Ejecutivo, que también le había anticipado a este medio que se analizaban medidas de compensación.
Un sector congelado hace tiempo
El principal argumento del Gobierno para justificar el congelamiento que regía sobre el sector son las auditorías que está llevando la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No contributivas que tienen un Certificado Único por Discapacidad (CUD).
Para el Ejecutivo, la agencia de discapacidad era "una cuna de corrupción" durante la gestión anterior, y anunciaron hasta el momento 110 mil bajas de pensiones por irregularidades.
"En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión", había anunciado Manuel Adorni en conferencia de prensa hace dos semanas.
Esas pensiones anuladas, que percibían $ 290.000 cada una, significan alrededor de 32.000 millones de pesos que tendría el Gobierno para redistribuir entre los actuales beneficiarios.
La propuesta que se debate en Diputados
Sin embargo, hasta el momento ese relevamiento no había sido acompañado de una recomposición para el sector. En ese marco, el Congreso había aprobado la ley de emergencia que entre sus principales puntos disponía asegurar el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social.
La misma consistirá en una suma mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, además de no ser beneficiarios de otros planes similares y haber aprobado una evaluación socioeconómica.
En paralelo, la iniciativa preveía reforzar el mencionado Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que abarca desde hogares, escuelas y centros de día hasta terapeutas y transportistas. La medida incluía una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el Indec, además de una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período.
Según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, la sumatoria de puntos acumula un gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI según los distintos escenarios posibles. Con el argumento de que la ley atentaba contra el equilibrio fiscal del Gobierno, Javier Milei vetó la medida y ahora está en manos del Congreso definir sostenerla o no. Para eso la oposición necesitará reunir dos tercios de los presentes. Mientras tanto, el Gobierno no brindó mayores detalles sobre cuál sería la eventual compensación.