El Senado avanza con el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada

El Senado retomará este miércoles el debate del proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas clave del Gobierno en materia jurídica y económica. La discusión se reanudará a las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La reunión tendrá carácter informativo y contará con la exposición de una veintena de especialistas, en una instancia previa a la firma de un dictamen que el oficialismo aspira a concretar en los próximos días, con margen para introducir modificaciones.

Sturzenegger defendió el proyecto

La iniciativa fue presentada formalmente en el Congreso el 27 de marzo y ya tuvo una primera defensa a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien enmarcó el proyecto en los dos pilares del programa oficial: equilibrio fiscal y libertad económica.

Según planteó, la falta de garantías efectivas sobre el derecho de propiedad ha sido históricamente un obstáculo para atraer inversiones de gran escala, una de las principales apuestas del Gobierno.

El plenario será conducido por Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones intervinientes.

Cambios en expropiaciones e indemnizaciones

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a modificar la Ley de Expropiaciones (21.499). Allí se establece que la declaración de utilidad pública deberá cumplir criterios estrictos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, bajo una interpretación restrictiva.

Además, se incorporan parámetros objetivos para determinar el valor de los bienes, tomando como referencia el momento previo a cualquier intervención estatal que pueda distorsionar su precio. El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar un “justiprecio real”.

La iniciativa también amplía el alcance de la indemnización, incluyendo el lucro cesante cuando esté debidamente acreditado, y prevé mecanismos de actualización para preservar su valor frente a la inflación.

Desalojos más rápidos y control judicial

El proyecto introduce cambios en el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar los procesos de desalojo mediante la vía sumarísima, e incorpora herramientas de restitución anticipada del inmueble en casos donde exista verosimilitud del derecho.

A su vez, refuerza el rol del Poder Judicial en la evaluación de pruebas técnicas y en la garantía del debido proceso, al tiempo que moderniza los sistemas de notificación mediante el uso de domicilio electrónico.

Reformas en tierras, fuego y urbanización

La propuesta también redefine el régimen de regularización dominial en barrios populares, reemplazando el esquema actual por un modelo más descentralizado que otorgue mayor protagonismo a provincias y municipios.

En paralelo, plantea modificaciones a la ley de tierras rurales, con un enfoque más flexible hacia la inversión extranjera, limitando los controles a casos vinculados con Estados o entidades extranjeras.

En materia ambiental, el Gobierno busca eliminar restricciones que hoy impiden modificar el uso de tierras afectadas por incendios durante plazos de hasta 60 años en ciertos casos, al considerar que esas limitaciones resultan “irrazonables” y desincentivan la actividad económica.

Digitalización del sistema registral

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización del sistema de registro de la propiedad inmueble, incorporando herramientas digitales como la firma electrónica y la presentación de documentación en formato digital, con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.

Con este paquete de reformas, el oficialismo busca consolidar un marco normativo más favorable a la inversión, aunque el debate en el Senado anticipa tensiones con sectores de la oposición que cuestionan el alcance de los cambios propuestos.