El proyecto de Mercedes Llano para cortar con las intermediaciones en las ART del Estado
La diputada mendocina Mercedes Llano presentó un proyecto de ley que busca eliminar los gastos de intermediación cuando el Estado contrata una ART. El detalle.
La diputada Mercedes Llano pretende eliminar los gastos de intermediación en las ART del Estado.
Con la intención de eliminar los gastos de intermediación en las contrataciones de ART por parte del Estado Nacional, la diputada mendocina de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó un proyecto para modificar la Ley 26.773, la cual establece el Régimen de ordenamientos de la reparación de daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sancionada en 2012.
En su iniciativa, la legisladora pretende modificar principalmente el artículo 16, en donde se establecen los límites del presupuesto de las ART en gastos administrativos y otros no prestacionales (de hasta un 20%), además de explicitar que podrán destinar un 5% del ese total a comercialización o intermediación en la venta del seguro, hablando de forma general de las contrataciones tanto en el ámbito público como privado.
Qué dice el proyecto de Llano
La diputada oficialista especifica en dicho artículo que las contrataciones realizadas por el Estado Nacional o entes públicos debe ser bajo el proceso de licitación, prohibiendo la asignación, reconocimiento o pago de recursos o gastos de comercialización e intermediación.
De esta manera, los presupuestos de las ART deberán ajustarse a costos administrativos y operativos necesarios únicamente para la prestación del servicio, dejando de lado la promoción, las comisiones y los honorarios de posibles intermediarios.
A su vez, deja en manos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y de la Superintendencia de Seguros la reglamentación, fiscalización, control y sanción de dicha novedad, además de prestar un plazo de 180 días para que las aseguradoras puedan adecuarse.
Fuertes sanciones
En caso de no cumplirse, la propuesta presenta una serie de posibles sanciones para los infractores más allá de las que ya se encuentran establecidas, que van desde multas económicas de hasta el 5% de los ingresos anuales declarados hasta la imposibilidad de participar de futuras licitaciones del Estado.
“Menos comisiones y sobrecostos innecesarios; más transparencia, austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El dinero de los contribuyentes tiene que destinarse a prestaciones y servicios, no a intermediarios”, señaló la legisladora en su cuenta de X, en donde dio a conocer el proyecto.