El proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada va en sentido contrario a lo que necesita Mendoza: Ordenamiento territorial
El proyecto que se debate en el Senado de la nación de la denominada Ley de inviolabilidad de la propiedad plantea una ruptura profunda en la estructura institucional argentina, configurándose como un ancla para el desarrollo de provincias como Mendoza. Escribe Diego Montón.
El Senado tratará la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada este jueves.
Noticias ArgentinasEl proyecto que se debate en el Senado de la Nación de la denominada Ley de inviolabilidad de la propiedad plantea una ruptura profunda en la estructura institucional argentina, configurándose como un ancla para el desarrollo de provincias como Mendoza. Esta reforma trasciende lo técnico para proponer una transformación radical en la naturaleza del Estado, reasignando su capacidad soberana de planificación y control territorial en favor de un blindaje jurídico extremo para el capital transnacional.
Al priorizar la tierra como un activo financiero especulativo por encima de su valor social y productivo, el proyecto quiebra el equilibrio histórico entre la propiedad privada, el desarrollo regional y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta mutación institucional trastoca dimensiones críticas que van desde la soberanía geopolítica en zonas de frontera y la protección de recursos estratégicos como el agua y los glaciares, hasta la viabilidad económica de la obra pública y el derecho al territorio de comunidades campesinas e indígenas. Se trata, en definitiva, de un nuevo paradigma que redefine el progreso bajo un modelo de privatización y extranjerización.
Mendoza se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional en extranjerización de tierras, con aproximadamente 1,3 millones de hectáreas bajo titularidad extranjera, lo que representa entre el 8,6% y el 9,8% de su suelo rural. Esta cifra supera con creces el promedio nacional del 5% y se concentra de forma alarmante en departamentos estratégicos como Malargüe (14,74%), que roza el límite legal permitido por la ley actual o Lavalle (10%), San Martin (14%) o Las Heras (12,44%) entre otros. En cuanto a la estructura de tenencia, la provincia exhibe una desigualdad extrema donde apenas el 3% de las explotaciones agropecuarias (EAP) concentran el 50% de la superficie total, mientras que el 86% de los productores (posee menos de 50 hectáreas) solo tiene acceso al 2,6% del territorio. Estos datos reflejan una tendencia de concentración: entre 1988 y 2018 desaparecieron 9800 explotaciones agropecuarias de la agricultura familiar, lo que representa una reducción del 48,5% de agricultores familiares mendocinos. La concentración impacta directamente en la generación de empleo en el campo y la producción de alimentos para el mercado interno.
El proceso de extranjerización se ha visto desalentado por la denominada Ley de Tierras (26737) sancionada en 2011, que establece un limite de 15 % por zona. Si bien el promedio nacional es de un 5% de tierras extranjerizadas, en departamentos que son de frontera o poseen riquezas naturales, reservas de agua o glaciares, ya se alcanzó el 15 % extranjerizado, y es por lo que el actual gobierno pretende eliminar el límite de 15%.
El proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad no aparece como una reforma aislada, sino que se articula con el RIGI y las modificaciones a las leyes de Glaciares, Manejo del fuego y Bosques nativos, para consolidar lo que se podría definir como un estatuto tecno-legal del neo coloniaje. Mientras el RIGI garantiza estabilidad normativa por 30 años a las corporaciones, la ley de inviolabilidad añade un "blindaje" que encarece la expropiación estatal de mediante indemnizaciones por lucro cesante, facilitando así la apertura de recursos estratégicos al capital transnacional. Este andamiaje jurídico permite avanzar con la minería en zonas de glaciares (oro, cobre, litio) y habilita la especulación inmobiliaria en tierras incendiadas, transformando el territorio en un activo financiero y profundizando un modelo de primarización que resigna la soberanía sobre el agua, los bosques y el suelo.
Mientras al Estado le va a salir más caro expropiar, al capital financiero se le permite acaparar tierras sin pagar impuestos. Esta combinación, asociada a los desalojos exprés (planteados inicialmente para CABA, pero que sientan un precedente nacional) presionará hacia arriba el precio de la tierra y de los arrendatarios, tanto rurales como urbanos.
La propuesta legislativa genera otro profundo desequilibrio institucional al delegar la responsabilidad de control a las provincias, pero despojándolas simultáneamente de herramientas efectivas de planificación y regulación territorial. Esta "delegación" ocurre bajo un régimen de silencio administrativo positivo, que obliga a los gobiernos locales a responder en un plazo de 180 días bajo riesgo de aprobación automática de las operaciones, lo que erosiona su capacidad de gestión soberana. Asimismo, el impacto en las políticas públicas es crítico: al encarecerse drásticamente los procesos de expropiación por la inclusión del "lucro cesante" en las indemnizaciones, las provincias pierden la viabilidad financiera para construir escuelas, hospitales o viviendas sociales
En el escenario global, tensionado por las disputas geopolíticas y las amenazas de los gigantes corporativos que acechan sobre los bienes naturales, la mayoría de los estados han desarrollado herramientas de gestión y regulación sobre la tierra.
Ejemplos como Francia, Dinamarca, Polonia, Hungría, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, EEUU, entre otros han desarrollado diferentes mecanismos que limitan o condicionan la adquisición de tierras agrícolas mediante requisitos de residencia, explotación productiva efectiva, autorizaciones administrativas previas, derechos de, en América Latina existen diferentes experiencias de nacionalización en experiencias como Cuba y Nicaragua o de normas y regulaciones como los casos de Brasil y México.
Al estudiar experiencias o modelos de desarrollo en el mundo veremos que los denominados países desarrollados realizaron reformas agrarias impulsadas por el estado. Estados Unidos sentó las bases de su desarrollo con una reforma agraria masiva en la que se adjudicaron mas de 110 millones de hectáreas, a cerca de 2 millones de familias sin tierra, generando un sujeto agrario característico que mediante el arraigo garantiza ocupación territorial y abastecimiento de alimentos a los cinturones industriales, los famosos Farmer. Por su lado, la potente China que vemos hoy liderar la tecnología y disputar la economía global, sentó su piedra basal con una reforma agraria que le asignó tierra y seguridad jurídica a mas de 300 millones de campesinos. Es decir, en experiencias liberales y socialistas la distribución y acceso a la tierra resultaron fundantes. Tal es asi que se repiten políticas similares en Japón, Corea del Sur, Indonesia, entre muchos otros.
En nuestro país, para forjar un camino virtuoso hacia el desarrollo que incluya a las mayorías de la población requerimos una legislación que le otorgue mas herramientas al estado para regular y garantizar rol y uso de la tierra. Por el contrario, este proyecto de ley lo que hace es atar de manos al estado y darle rienda suelta al capital especulativo para que se apropie y especule con nuestra tierra. El camino elegido por el gobierno impactará de forma concreta al pueblo mendocino, provocando el aumento del valor de la tierra agrícola y los lotes para urbanizar, los alquileres de vivienda y los arriendos agrícolas, e indirectamente el aumento de los precios de los alimentos. ¿Acaso es posible pensar una provincia pujante sin el derecho a la alimentación, a la vivienda y al trabajo de sus habitantes? Liberar el uso del suelo y la función de la tierra al “mercado” es un suicidio.
En términos de desarrollo este proyecto significa riesgo hídrico y ambiental, porque permite la concentración de áreas clave con agua y glaciares. Arriesga la Soberanía en fronteras, pues permite a capitales foráneos controlar áreas estratégicas de la cordillera y promueve indirectamente el desplazamiento y la migración ya que encarece el suelo y condiciona el desarrollo rural dejando afuera a los mendocinos.
El jueves 6 de agosto se tratará en el senado de la nación, lamentablemente la senadora Mariana Juri y el senador Rodolfo Suarez ya adelantaron que acompañaran con su voto este nefasto proyecto. Cientos de asambleas locales y multisectoriales se conformaron en todo el país, incluida Mendoza, para oponerse al proyecto, y aun si es aprobado en el senado, el movimiento crece de cara a diputados. Encuestas recientes destacan que este proyecto de ley ya cuenta con el rechazo del 75% de la sociedad.