Se aprobó la Ley Anti-aguantaderos, la iniciativa del Gobierno para demoler búnkers delictivos
El Senado de Mendoza dio luz verde a la iniciativa que habilita al Ministerio de Seguridad a intervenir inmuebles que son usados como "aguantaderos" delictivos.
El Senado aprobó la Ley Anti-aguantaderos, que había sido impusada por el Gobierno provincial.
Este martes el Senado de Mendoza aprobó por amplia mayoría la denominada Ley Anti-aguantaderos, la cual permite la intervención y demolición de inmuebles usurpados por delincuentes. De este modo, con 33 votos afirmativos y 2 en contra, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial obtuvo sanción definitiva.
"La Legislatura aprobó la Ley Anti-aguantaderos que impulsamos para fortalecer una política de seguridad muy concreta. Ir sobre los lugares que el delito usa para esconderse, organizarse y operar", expresó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, tras la votación en el recinto. En ese marco, la funcionaria le agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa "y nos dieron más herramientas para intervenir".
El proyecto había sido presentado en la Legislatura por la misma Rus. Cabe resaltar que si bien ya se estaban llevando a cabo intervenciones gracias a una resolución del Ministerio, ahora -con la nueva ley- las intervenciones contarán con un respaldo legal. Según detallaron fuentes oficiales, ya son más de diez las demoliciones de inmuebles considerados peligrosos para la seguridad pública.
De qué se trata la Ley Antiaguantaderos
La ley implica un proceso administrativo que deberá estar respaldado por distinto tipo de documentaciones: para poder llevar adelante los procedimientos se requerirán informes técnicos, policiales y actas. Además, se deberá notificar a los propietarios. En referencia a este último punto, cabe resaltar que los dueños de los inmuebles podrán presentar oposición y pedir que se revean las medidas.
La ley no habilita a realizar desalojos administrativos: cuando el inmueble esté ocupado de manera permanente, será la Justicia la que deba intervenir, por lo que la norma prevé una articulación con el Ministerio Público Fiscal.
Según reza el texto de la norma, las intervenciones podrán iniciarse de oficio o a partir de pedido de los vecinos, municipios u otro tipo de organismos, ya sean privados o estatales. Además, en caso de que exista riesgo grave para los vecinos o la seguridad pública, la Ley contempla medidas especiales para dotar de herramientas a las autoridades para que actúen rápido.
Otro punto importante de la norma es que se crea un Registro Provincial de Inmuebles Intervenidos Preventivamente, el cual tiene carácter reservado . El objetivo es que se pueda realizar un seguimient0o de los edificios que hayan sido alcanzados por algún tipo de medidas contempladas en la Ley.
