El oficialismo acelera en el Senado el tratamiento para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central
El oficialismo busca este miércoles el dictamen en comisiones para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, una pieza clave del programa económico de Javier Milei.
El oficialismo acelera en el Senado el tratamiento para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central. La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar esta semana con el dictamen de la reforma, pieza central del programa de Javier Milei para limitar el financiamiento estatal mediante emisión monetaria.
Para conseguir su objetivo, la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, deberá sumar los votos de sus aliados, lo cual representa el verdadero desafío.
El proyecto, aprobado en Diputados el 26 de agosto, comenzará a debatirse este miércoles en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
Bullrich pretendía iniciar el tratamiento la semana pasada, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo el texto en su despacho antes de enviarlo a las comisiones correspondientes.
La relación entre Bullrich y Villarruel, marcada por diferencias políticas y de conducción, ha visto en el manejo de la agenda del Senado un nuevo punto de fricción.
El desafío de conseguir los votos para la reforma
Con el proyecto ya en comisiones, el oficialismo intentará cerrar un dictamen y llevarlo al recinto antes de fin de mes.
El bloque libertario cuenta con 21 senadores y necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quórum necesario.
La estrategia oficial se centra en asegurar primero el respaldo de sus aliados más predecibles: los tres senadores del PRO y los diez de la UCR.
Con estos apoyos, a Bullrich le faltarían tres votos adicionales, lo que genera un complejo “poroteo” mirando a senadores provinciales y de bloques que ya apoyaron en Diputados.
Entre ellos se encuentran los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la neuquina Julieta Corrozo, la salteña Flavia Royón, los representantes de Provincias Unidas, Alejandra Vigo y Carlos “Camau” Espínola, la chubutense Edith Terenzi, y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
La reforma económica con sello de Javier Milei
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada en Diputados por 144 votos contra 102 y constituye una de las iniciativas económicas que el Presidente busca convertir en un emblema de su gestión.
El proyecto establece como objetivo central del BCRA la preservación del valor de la moneda y busca impedir que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.
El Gobierno pretende así limitar una herramienta que, según el discurso libertario, permitió financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria durante años.
La iniciativa también elimina funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden la misión de una autoridad monetaria.
Para Milei, la reforma es parte de una concepción más amplia: un Banco Central enfocado en preservar el valor de la moneda y aislado de las necesidades del Tesoro. La propia Bullrich defendió la iniciativa bajo la premisa de “cuidar el valor de la moneda”.
El punto más delicado para la votación
Sin embargo, el aspecto económico no será necesariamente el principal problema para el oficialismo en el Senado.
La discusión más sensible podría surgir en torno al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central.
El proyecto establece que el presidente y los directores del organismo deberán ser aprobados por ambas cámaras del Congreso mediante mayoría simple. Para removerlos, se requerirán dos tercios de los votos.
Este cambio puede generar resistencia entre los senadores al modificar el esquema actual de control sobre las autoridades del BCRA y otorgarle al Congreso un rol más determinante en su designación y eventual desplazamiento.
Para el Gobierno, la intención es clara: blindar la independencia del Banco Central frente a los cambios de gobierno.
No obstante, para algunos senadores, el debate podría transformarse en una discusión más amplia sobre quién tendrá la última palabra sobre una institución clave de la política económica.
