El motivo que tiene frenada la ley de transformación del ex Autódromo de Mendoza
La Cámara de Diputados decidió insistir con la redacción original y no acompañar las modificaciones que se habían realizado en el Senado, por lo que volverá nuevamente a la Cámara Alta. Controversias y dudas del kirchnerismo.
La Cámara de Diputados insistió en la redacción que realizó antes de los cambios del Senado para recuperar el ex autódromo San Martín.
La Cámara de Diputados insistió en la redacción que realizó antes de los cambios del Senado para recuperar el ex autódromo San Martín.
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La Cámara de Diputados insistió en la redacción que realizaron antes de los cambios del Senado.
Alf Ponce Mercado / MDZSe pensaba que sería una discusión prácticamente sin inconvenientes y con consenso pleno entre el oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados. Pero no fue así. El proyecto de ley que pretende abrir camino a la concesión del predio del ex Autódromo General San Martín para su uso por entidades deportivas, generó cierta controversia en la oposición, ya que hubo un cambio por parte del oficialismo, quien decidió insistir con el proyecto votado en la Cámara Baja, y no aceptar cambios que se habían tomado en la Cámara de Senadores, que había aprobado la iniciativa de manera unánime.
De esta forma, la aprobación en este caso no fue unánime, ya que la votación contó con 41 votos afirmativos pero tuvo dos negativos, que provinieron del espacio kirchnerista (Lucas Ilardo y Lidia Quintana). El amplio acompañamiento provino de parte del oficialismo más el sector del PRO (exLa Unión Mendocina) y también el peronismo no kirchnerista/camporista acompañó el proyecto, que deberá volver al Senado. Es decir, se analizará por cuarta vez.
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La ley votada abre camino a la creación de un polo deportivo y recreativo a través de la concesión de este predio, que está dentro del Parque San Martín (al lado del barrio La Favorita) y que fue abandonado en 1997, tras la última carrera que se corrió de TC 2000.
Los cambios del Senado que quedaron "de lado"
La Cámara de Diputados decidió, como se adelantó, anular -o al menos no acompañar- los cambios que realizó el Senado. Aquella jornada del 28 de abril, fue la senadora María Galiñares (UCR del sector de Luis Petri) explicó que se habían incorporado "ajustes técnicos para garantizar la seguridad jurídica", estableciendo que todas las mejoras e infraestructura desarrolladas por los concesionarios quedarán a favor del Estado al finalizar los contratos o ante una eventual rescisión.
Asimismo, en aquella sesión indicaron que "se corrigieron errores de técnica legislativa, se adecuaron referencias normativas y se derogó de manera expresa la Ley 2536, evitando superposiciones legales que pudieran obstaculizar la implementación del proyecto".
Quien explicó el cambio de postura de manera oficial fue la diputada radical Beatriz Martínez, quien relativizó las modificaciones del Senado, al sostener que "estaban referidas a cuestiones de técnica legislativa, redacción y sustituciones conceptuales".
"Si explicamos en detalle, el artículo 1 cambiaba el orden de las oraciones, el 6 tenía modificaciones de sustituciones conceptuales y en el 9 se recibían modificaciones de técnica legislativa. A nuestro entender, la redacción que propusimos (ndr: en Diputados) otorga más seguridad juridica a los ciudadanos, al Estado y futuros concesionarios", dijo de forma escueta Martínez.
"Olor raro" y una ley "con contradicciones"
Quien salió al cruce de la decisión del oficialismo fue el diputado kirchnerista Lucas Ilardo, quien sostuvo que no se entiende por qué un proyecto que tuvo cambios y fue votado de forma unánime, ahora se da marcha atrás. "Hay olor raro en todo esto, porque la modificación planteada era que no se pudieran dar concesiones sin pasar por procesos administrativos correspondientes", dijo en un primer momento.
Si bien luego de explicaciones que se debatieron en un cuarto intermedio, Ilardo admitió que "no hay mala intención de parte del Ejecutivo, pero sí genera dudas". Además, aseguró que la ley que saldrá "no es la mejor", porque "el proyecto vino con errores del Poder Ejecutivo. Algunos se salvaron en Diputados y otros en Senadores, pero de cualquiera de los dos casos, la ley quedará con errores y eso es lastimoso".
Al respecto, Ilardo adelantó que trabajará en conjunto con el cuerpo para "corregir errores" y lamentó las "contradicciones" que sostiene que se votaron hoy.
"Así como está, la ley establece que los clubes concesionarios no podrán generar el valor de las cuotas, sino que lo hará el Ejecutivo", planteó.
También dijo que el Gobierno "creará un impuesto", porque "obliga a los concesionarios a abonar al Estado un importe equivalente al 10% de los Ingresos Brutos que obtengan de las actividades desarrolladas".
También dijo que el artículo 15 de la ley 3608 "dice que queda prohibido otorgar concesiones o nuevos permisos en el ámbito de todo el Parque San Martín".
"El sistema falló, no saldrá una buena ley, será una extremadamente mejorable", finalizó.
Concesiones de hasta 30 años en el ex autódromo a instituciones deportivas
Para el Gobierno, la zona tiene un "alto potencial de desarrollo" debido a su "accesibilidad y cercanía a centros económicos". "La renovación urbana se convierte en una herramienta clave para recuperar y revitalizar este espacio", indicaron.
En este sentido, el proyecto marca que las concesiones se darán en plazos que van de 10 a 30 años y con una posibilidad de prórroga. Podrán participar de la licitación tanto clubes deportivos, como federaciones y confederaciones, tal como establece el artículo 48 de la ley General del Deporte, número 6.457.
La iniciativa pretende una redefinición del destino del espacio de 117 hectáreas, a través de la creación de un ámbito que promueva actividades deportivas, recreativas, sociales y ambientales, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, fortalecer los vínculos comunitarios y ofrecer alternativas de esparcimiento seguras.
Además, serán instituciones del ámbito deportivo las que revitalizarán el predio “para otro tipo de actividades deportivas y recreativas acordes con las necesidades poblacionales actuales”.
Si bien se descarta a priori una aprobación de la iniciativa, ya que cuenta con un amplio apoyo, el Senado deberá analizar nuevamente el proyecto.