El Gobierno postergó la implementación en CABA del nuevo Código Procesal Penal Federal
El Ministerio de Justicia aplazó para el 10 de noviembre de 2025 la entrada en vigor del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Gobierno advirtieron sobre la falta de condiciones técnicas, operativas y de infraestructura mínimas para garantizar el inicio del sistema acusatorio en esos fueros.
DiputadosEl Gobierno de Javier Milei, bajo el Ministerio de Justicia de la Nación oficializó, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial, la postergación de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
Con la firma del ministro de justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, la nueva fecha de implementación quedó fijada para las 00:00 horas del 10 de noviembre de 2025.
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Por qué el Gobierno decidió postergar la implementación en CABA
Según informó el ministerio, la decisión responde a la necesidad de evitar un conflicto institucional con la Procuración General de la Nación, que El plazo adicional busca intensificar las acciones preparatorias y concluir gestiones extraordinarias ya en curso.
En paralelo, el Ministerio de Justicia confirmó que el cronograma general de implementación progresiva del nuevo sistema penal federal se mantiene para el resto de las jurisdicciones. En este sentido, se dispuso que el Código Procesal Penal Federal entrará plenamente en vigor: En la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas a partir del 16 de marzo de 2026. En la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a partir del 18 de mayo de 2026.
Cuáles serán los cambios en el nuevo Código Procesal Penal Federal
La reforma procesal penal federal, iniciada en 2014 y prevista en la Ley N° 27.063, busca consolidar un sistema acusatorio en el que el Ministerio Público Fiscal asuma un rol protagónico en la investigación penal. Sin embargo, la coexistencia de regímenes procesales distintos ha generado demoras y dificultades operativas.
El Gobierno nacional ratificó su compromiso de finalizar la implementación integral del Código en todo el país, asegurando que las restricciones presupuestarias y las deficiencias de infraestructura no serán excusa para nuevas demoras. Además, destacó la inversión realizada en equipamiento tecnológico, refacción de salas de audiencia y capacitación de jueces, fiscales y defensores.