El Gobierno lleva a la Justicia a tres sindicalistas estatales para que se jubilen
El gobernador instruyó a la Asesoría de Gobierno para que inicie acciones legales para quitar la tutela sindical a tres agentes del Ministerio de Salud e intimarlos a que inicien los trámites de la jubilación.
El gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno para que inicie acciones legales a tres empleados estatales que desempeñan cargos gremiales con el objetivo que quitarles la tutela sindical para poder emplazarlos a que se jubilen. Los agentes prestan funciones en el ámbito del Ministerio de Salud y Deportes y representan a los sindicatos ATE, SITEA y ATSA.
A través de tres decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el mandatario provincial dio indicaciones al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y el equipo de abogados de la provincia para que inicien, prosigan y concluyas acciones judiciales para excluir de la tutela sindical a tres agentes con funciones en dependencias del Ministerio de Salud y Deportes.
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El objetivo del Gobierno provincial es emplazar a estos tres empleados públicos para que inicien los trámites de jubilación, ya que los agentes cuentan con los requisitos legales para hacerlo.
Sin embargo, las autoridades provinciales no pueden exigirles debido a que los tres tienen fueros sindicales que impiden que se modifiquen sus condiciones laborales.
Uno de los sindicalistas apuntado es Roberto Víctor Falcon, quien se desempeña en el Hospital Lencinas y cumple funciones gremiales en ATE.
Otra de las señaladas es Ester Alicia Mendoza, enfermera con título terciario que también trabaja en el Hospital Lencinas y es congresal del sindicato de sanidad ATSA.
A su vez, también se iniciaron acciones legales en contra de Alfredo Oscar Carrizo que trabaja en el Hospital Gailhac y es representante gremial en SITEA.
En busca del aval judicial
Los decretos del Ejecutivo provincial destacan que estos tres agentes cumplen con los requisitos legales para acceder a la jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24.241 y Art. 32 de la Ley Nº 6921 y su modificatoria Ley Nº 8880.
Expresan que la calidad de representante gremial, no impide que el agente se encuentre comprendido en la obligación establecida en la Ley Nº 6921 para que inicien los trámites jubilatorios en caso de cumplir con los requisitos y faculta al Gobierno a intimarlos para que los hagan. “Se trata de una disposición de carácter general que de ninguna manera obstaculiza el libre ejercicio de la función sindical”, sostienen.
De todas maneras, advierten que la jurisprudencia ha establecido que es necesario, previo a realizar la intimación prevista en la norma citada, obtener sentencia judicial que disponga la exclusión de la tutela sindical.