El Gobierno apuntó contra la marcha universitaria y acusó actos de "terrorismo" para "derrocar" a Javier Milei

El Congreso de la Nación discutirá este miércoles el veto a la Ley de Financiamiento universitario y a la Emergencia Pediátrica y las universidades públicas se preparan para una nueva marcha federal en distintos puntos de todo el país. En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó un intento de "derrocar" al Gobierno y apuntó contra las autoridades de las casas de estudio por llevar adelante actos de "terrorismo".

El Gobierno, furioso contra las universidades

"Marchan para derrocar al Gobierno", posteó en sus redes el martes el funcionario a cargo de la política universitaria de Javier Milei, en la previa de una nueva movilización que se espera masiva". En ese sentido, Álvarez aseguró este miércoles que "todo el arco ultra opositor está en ese juego de desgaste". "Lo dicen ellos. Se llama golpe blando o golpe suave, una acción coordinada de desgaste permanente contra un gobierno legítimamente constituido", denunció en diálogo con Radio Rivadavia.

Para el funcionario, el reclamo de la comunidad universitaria "claramente tiene fines políticos" y busca instalar una "sensación de desgobierno" para influir sobre las próximas elecciones legislativas.

En ese marco, Álvarez reconoció que la compleja situación salarial que atraviesan los docentes y no docentes de las universidades "es real", pero responsabilizó a la "herencia del desastre inflacionario del Gobierno de (Sergio) Massa" y afirmó que la gestión de Javier Milei "viene recomponiendo los salarios universitarios por encima del promedio del Estado".

Qué dicen las casas de estudio

Sin embargo, desde el Consejo Universitario Nacional habían advertido en agosto que los aumentos salariales para el sector habían sido del 111% entre enero de 2024 y mayo de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período registró un 146,6%. "Si se agrega diciembre de 2023, se extiende también el desfasaje y la pérdida se acentúa".

Además, desde las universidades reclamaron: "Hay más de 90 obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas sin cumplir los contratos firmados por el Estado nacional. No hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios. Lo transferido en concepto de hospitales universitarios no comprende a la totalidad de los existentes. Y la situación del sistema científico es terminal, puesto que, prácticamente, todas las líneas de financiamiento están cortadas".

Acusación de terrorismo

En ese contexto y frente a la decisión de la UBA de suspender el uso de las calderas y los aires acondicionados para palear la emergencia presupuestaria, el subsecretario de políticas universitarias acusó un acto de "terrorismo" para "sembrar el miedo entre la población".

"Hacen eso para generar la sensación de que hay un caos y no tienen para administrar. Nosotros tenemos todos los pedidos de financiamiento extra, analizamos uno por uno y se fueron pagando. Incluso la UBA pidió hace poco una segunda ampliación de 33 mil millones que se le asignó. De presupuesto ampliado la UBA va a recibir 80 mil millones. Ojo, todo ese dinero va con una cláusula de rendición obligatoria, eso no les gusta", enfatizó Álvarez.

Para el funcionario, los reclamos de las casas de estudio responden en realidad a la decisión del Gobierno de derogar una serie de resoluciones que privilegiaban la posición de las universidades como contratistas del Estado en licitaciones de escaso control. "Eran servicios a empresas estatales muy difusos", sostuvo el subsecretario, y agregó: "Al mismo tiempo impusimos que la transparencia en el sistema de pagos financieros. La mayoría de las universidades cumplen esto salvo la UBA".

Además, Álvarez continuó en sus redes con duros posteos contra el reclamo universitario, y en uno de ellos lanzó: "Es mentira que renunciaron 10 mil docentes. Además sigo dando mis clases y salvo la izquierda violenta nadie me dice nada, si fuera por la izquierda nos matarían, no soportan la disidencia y el debate".

Polémica por los salarios de los rectores

En paralelo, Álvarez cruzó a los rectores de las universidades y los acusó de "desviar fondos de otras áreas para mejorar sus sueldos" y afirmó que la gran mayoría de ellos cobran sueldos exorbitantes. "No podemos dar difusión de datos personales, pero es un hecho escandaloso. La gran mayoría de los rectores, 45 sobre 65, está en la banda de entre 10 y 15 millones de pesos", sostuvo.

Un cruce similar protagonizaron este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, luego de que el titular del Palacio de Hacienda acusara al dirigente radical de cobrar "seis veces más" que él. Yacobitti respondió con su recibo de sueldo, donde se ve que percibe alrededor de $2.278.841 por su labor como docente de la Facultad de Ciencias Económicas y su rol como integrante del rectorado.

"Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo", disparó Yacobitti.

Las universidades marchan al Congreso de la Nación

Más allá del intercambio en las redes, el conflicto universitario tendrá su foco principal este miércoles cuando la comunidad educativa se movilice hacia el Congreso de la Nación y en distintos puntos del país para reclamar por la caída del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración comenzará a las 17 frente al Palacio legislativo, con columnas que llegarán desde distintos puntos de la Ciudad bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”. El acto central se iniciará a las 18, con oradores del ámbito universitario y sindical.

Entre sus principales puntos, la ley vetada propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, propone para este año implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

También establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.