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El Gobierno denunció a la jueza que liberó al motochorro
El ministro de Justicia, Germán Garavano, impulsó un escrito contra Susana Guichandut, la magistrada que dejó en libertad al delincuente colombiano que le había robado a una chica tras el pago de $700.
El Gobierno nacional denunció ante el Consejo de la Magistratura a la jueza que días atrás liberó a un motochorro colombiano tras el pago de $700.
El escrito, impulsado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, apunta a que se ponga la mira sobre la actuación de la magistrada Patricia Susana Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional N° 62, quien recibió duras críticas públicas del presidente Mauricio Macri este jueves.
En concreto, el Ejecutivo pidió que intervenga la Comisión de Disciplina y Acusación del órgano.
El pedido del Gobierno llega luego de horas de debate interno sobre la pertinencia de la denuncia. Espadas judiciales del macrismo aseveraban que la denuncia no prosperaría. Sin embargo, pasadas las 16.30, Mahiques, representante del Ejecutivo ante la Magistratura, hizo la presentación en el Consejo, indicó el diario Clarín.
De todos modos, las dudas que había en el Gobierno. quedaron expuestas en el tono del escrito presentado por Mahiques.
El texto cita las crónicas periodísticas y parte del descargo que hizo Guichandut luego de que se conociera y pide que que desde la Comisión “se instruyan los informes y medidas pertinentes para dilucidar las circunstancias vinculadas al hecho como así también si el desempeño funcional de la Dra. Guichandut se ajustó a derecho”.
Asimismo, pide como “medidas preliminares de prueba” que “se libre oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 62 a fin que remita copia certificada de la causa penal que se hubiera instruido contra el señor Jair Jurado Mora”.
Y “se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones a fin que remita copia certificada de toda actuación labrada y que se encuentre vinculada con el ciudadano colombiano Jair Jurado Mora”.
En ese sentido, Mahiques recordó que la jueza había señalado en su descargo público que “funcionarios de Migraciones se entrevistaron con el detenido y en ningún momento notificaron al tribunal de que el imputado hubiera estado alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional” de acuerdo a las leyes vigentes.
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