El Gobierno apura el dictamen por la Ley de Glaciares y la oposición amenaza con judicializar
El oficialismo activó las comisiones para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares, mientras la oposición anticipa un conflicto judicial.
El secretario de Minería, Luis Lucero.
Prensa SenadoEl Gobierno buscará que el Senado sesione el viernes 26 de diciembre para tratar dos de las iniciativas centrales de la agenda libertaria: la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Mientras este miércoles la atención estuvo puesta en el debate por la llamada “modernización laboral”, en paralelo comenzó a moverse otra pieza sensible del paquete legislativo, los cambios a la Ley 26.639.
En ese marco, quedaron formalmente constituidas las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, Minería y Ambiente, con la intención del oficialismo de avanzar hacia la firma de dictámenes el viernes, tras dos jornadas de exposiciones y debate.
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La Casa Rosada ya había girado al Senado el proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Glaciares, que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. El texto oficial propone “clarificar” el alcance de la norma vigente y reforzar la participación de las provincias en la evaluación de proyectos, un punto que concentra el núcleo de la discusión política y técnica.
El tratamiento formal de la iniciativa comenzó este miércoles en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presididas por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), donde se dio inicio al análisis del proyecto que modifica la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares.
Durante la reunión expusieron funcionarios del Ejecutivo nacional, quienes detallaron los alcances de la iniciativa y respondieron las consultas de los legisladores.
Federalismo, ambiente y un debate que ya huele a tribunales
El debate por la modificación de la Ley de Glaciares expuso una fractura sobre el alcance de los presupuestos mínimos ambientales, el rol de las provincias en la administración de sus recursos y la posibilidad de que la reforma termine dirimiéndose en la Justicia.
El plenario avanzó en medio de cruces y chicanas, advertencias constitucionales y un fuerte respaldo del Gobierno al proyecto, con la intención explícita de emitir dictamen en tiempo récord.
Así, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) cuestionó la hoja de ruta fijada por la presidencia del plenario y advirtió que la iniciativa debería haber pasado por la comisión de Asuntos Constitucionales, al tratarse de una ley de presupuestos mínimos amparada en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Desde el oficialismo defendieron el proyecto y apuntaron una supuesta antinomia entre ambiente y minería. Se destacó el rol estratégico del litio y el cobre para la transición energética y se subrayó que el proyecto busca ordenar competencias y clarificar qué bienes quedan efectivamente protegidos. “Nadie mejor que la provincia para conocer sus recursos”, fue uno de los argumentos centrales esgrimidos durante la exposición por el secretario de Minería, Luis Lucero.
Advertencias, cruces y advertencia de judicialización
El senador Carlos Linares (UxP – Chubut) cuestionó el apuro del oficialismo y la presión del sector minero: “¿Por qué necesitan hacer lobby si es tan buena la minería?”, lanzó, y se sumó a las críticas de Fernández Sagasti sobre el tratamiento exprés que busca darle el Gobierno: “48 horas es el debate de la minería en este país”, sentenció.
Fernández Sagasti fue más allá y anticipó un conflicto judicial. “Esta ley va a ser judicializada porque en el derecho ambiental rige el principio de progresividad y de no regresión. Se están violando esos principios constitucionales”, advirtió.
Para la senadora mendocina, el proyecto “no es aclaratorio porque cambia los principios de la ley anterior”. En la misma línea, Alicia Kirchner puso en duda el impacto económico del sector: “No genera desarrollo sostenible como se ha afirmado acá, el desarrollo de la minería”, y calificó como “una impericia” el apuro legislativo.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Ambiente Fernando Brom buscó reencuadrar la discusión y aseguró que el país se encuentra ante una encrucijada. “Estamos ante una encrucijada”. Además, defendió el rol de las provincias: “Volver a tener un Estado federal con provincias ricas que hagan a un país rico”.
“La judicialización es el manual del que se ve perdido”
En diálogo con este medio, desde el Gobierno minimizaron la amenaza de judicialización: "Nos están corriendo. Judicialización es el manual de alguien que se ve perdido”. Si bien admitieron que podrían presentarse acciones judiciales, las relativizaron y apuntaron contra las organizaciones que “quieren frenar el desarrollo y hacen de todo una cuestión ideológica” y hacen "terrorismo ambiental".
En ese sentido, aseguraron que el proyecto es sólido desde el punto de vista legal. “Estamos tranquilos de que la ley que presentamos es constitucional, no viola el principio de no regresión y es federalista de verdad”, afirmaron, y descartaron que se trate de una iniciativa improvisada: “No es algo que se escribió en 24 horas y se trajo a las apuradas”.
También dejaron abierta la posibilidad de modificaciones durante el trámite legislativo. “Cuando llevás un proyecto al Congreso, es un hecho que algo puede cambiar. Es el juego democrático”, aunque cuestionaron las críticas de algunos senadores provinciales: “Resulta difícil entender que se quejen cuando lo que se hace es devolverles atribuciones a las provincias”.
Finalizada la primera tanda de debate, el plenario pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 10, donde se retomarán las exposiciones en la comisión.