Comienza el tratamiento de la Ley de Glaciares: apoyo de las provincias y debate por el ambiente
El oficialismo activó el debate por la adecuación de la Ley de Glaciares, con plenario de comisiones y respaldo de gobernadores cordilleranos.
El Gobierno nacional puso en marcha el tratamiento legislativo del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que reabre uno de los debates más sensibles para la minería y el desarrollo productivo en la Argentina.
El texto ya fue enviado al Congreso y comenzará a discutirse esta semana en un plenario conjunto de las comisiones de Minería y de Ambiente, con una agenda intensa que podría derivar en la firma de dictamen.
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El debate arrancará este miércoles 17 de diciembre a partir de las 10.30, con la constitución formal del plenario y las exposiciones iniciales de funcionarios del Ejecutivo. Por la tarde está prevista una Mesa Federal con la participación de autoridades provinciales de Minería y Medio Ambiente.
El jueves será el turno de las cámaras empresariales y de organizaciones ambientalistas, mientras que el cierre de la ronda de exposiciones incluirá la presencia de gobernadores de provincias cordilleranas.
El proyecto cuenta con un fuerte respaldo de los mandatarios que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, quienes promovieron formalmente la adecuación de la norma y empujan un tratamiento acelerado en el Congreso.
Qué cambia en la Ley de Glaciares y por qué genera debate
La iniciativa no deroga la ley vigente ni modifica sus prohibiciones centrales, pero introduce cambios clave en su aplicación. El proyecto redefine el objeto de la norma para dejar en claro que el bien protegido son los glaciares y geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas efectivas, reforzando al mismo tiempo el rol de las provincias en la gestión ambiental.
Uno de los ejes es la reformulación del Inventario Nacional de Glaciares, que continuará a cargo del IANIGLA pero con mayor interacción con las jurisdicciones provinciales. El Inventario deberá identificar únicamente las formaciones con función hídrica comprobada y será de consulta obligatoria, sin desplazar las competencias de las autoridades ambientales locales.
El texto incorpora de manera expresa el principio precautorio y mantiene las prohibiciones a actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en glaciares y ambientes periglaciales. A la vez, establece que la determinación de impactos relevantes quedará en manos de la autoridad ambiental competente, mediante evaluaciones de impacto ambiental y con instancias de participación ciudadana.