El Gobierno apelará el fallo que obliga a cumplir la ley de financiamiento universitario

Al igual que con la cautelares que frenan la reforma laboral, el Gobierno resolvió avanzar en la apelación del fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas destinadas a investigación.

Fuentes oficiales confirman a MDZ que apelarán a instancias superiores la medida. Asistió este martes el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien es el jefe de los abogados del Estado. Mientras tanto, el Gobierno acatará la orden judicial.

La resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que avaló la medida cautelar sobre la norma sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo planea presentar un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara, paso previo a una eventual queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia a la que prevé acudir si el planteo inicial es rechazado.

El punto central de la disputa se encuentra en los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la obligación de actualizar los salarios universitarios desde diciembre de 2023 en línea con la inflación, además de recomponer las becas estudiantiles según la variación del IPC y garantizar fondos para investigación. También habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su implementación, un aspecto que el Gobierno cuestiona por su impacto fiscal.

Qué dice el proyecto de financiamiento universitario de Milei

El Gobierno buscará revertir este fallo e imponer su propio proyecto en el Congreso. La iniciativa busca reemplazar o modificar la norma aprobada en 2025, que obligaba a actualizar el presupuesto universitario y los salarios según la inflación.

En materia salarial, el proyecto propone una recomposición más acotada para docentes y no docentes. Establece aumentos en tramos durante 2026, pero sin reconocer plenamente la pérdida de poder adquisitivo acumulada en años anteriores. A diferencia de la ley vigente, elimina la indexación automática por inflación, lo que implica que los salarios podrían quedar rezagados si los precios crecen por encima de los incrementos definidos por el Gobierno.

Respecto al financiamiento general, la iniciativa limita la expansión del presupuesto universitario. Elimina mecanismos de recomposición retroactiva y plantea que los gastos se cubran principalmente con partidas ya asignadas. Además, introduce un esquema en el que los gastos de funcionamiento solo se actualizarían bajo ciertas condiciones —por ejemplo, si la inflación supera determinados umbrales— en lugar de establecer ajustes periódicos automáticos.

Por último, el proyecto reduce o no garantiza la actualización de varios componentes clave del sistema, como los fondos para investigación, extensión universitaria y becas estudiantiles. En conjunto, configura un modelo de financiamiento más restrictivo y discrecional, en contraste con el esquema previo que buscaba sostener el sistema universitario mediante actualizaciones atadas a la inflación.