La Justicia ratificó que el Gobierno debe ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación del Gobierno de Javier Milei y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El fallo de la Justicia que complica al Gobierno

En su decisión, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantearon que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado, donde este había señalado que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, los magistrados destacaron que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y remararon que no se afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, el fallo advierte que estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

Por eso, la medida cautelar de la Cámara exigió que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que disponen la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. Además, el fallo peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

Historia de una cautelar

La medida original en contra del Gobierno había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.

En aquel entonces, la presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas que reclamaban que el Gobierno ejecutara la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el año pasado.

El fallo de Cormick sostenía que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".

A su vez, el magistrado manifestó que existía una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico" ante la demora de su aplicación, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Un nuevo revés judicial para el Gobierno

Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei había calificado la decisión judicial como arbitraria" y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto.

Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, aunque este punto fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

Para intentar corregir la situación y evitar una agudización del conflicto, el Gobierno había decidido elaborar una ley de financiamiento propia que modificara el proyecto elaborado por la oposición el año pasado, de tal manera que la nueva norma respete el compromiso fiscal del oficialismo. Sin embargo, el fallo judicial podría echar por tierra esos planes.