El Gobierno acusó una "operación de inteligencia ilegal" y presentó una denuncia por los audios de Karina Milei y Spagnuolo
Luego de una reunión con los abogados del Estado en el despacho de Santiago Caputo, la Casa Rosada presentó una denuncia penal por la filtración de los audios de Karina Milei y Diego Spagnuolo.
Luego de la filtración de los audios de Karina Milei y Diego Spagnuolo, el Gobierno decidió presentar una denuncia penal y acusó una "operación de inteligencia ilegal".
Luego del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno presentó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal y acusó "una operación de inteligencia ilegal" por la grabación de "conversaciones privadas" de Karina Milei y "otros funcionarios".
La reacción oficial tras la filtración de los audios de Karina Milei
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien publicó en sus redes donde apuntó contra una maniobra destinada a "desestabilizar al país en plena campaña electoral". "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin", sentenció el portavoz.
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Los pormenores de la medida se definieron durante un encuentro en Balcarce 50, en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, donde acudió el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, junto con su equipo de abogados y el propio Manuel Adorni, que poco después daría a conocer la decisión en su cuenta de X.
La reacción de la Casa Rosada se había comenzado a elaborar el viernes pasado, cuando en medio de la crisis desatada por los audios filtrados del extitular de la Andis Diego Spagnuolo se conocieron nuevas grabaciones que tenían como protagonista a Karina Milei. La nueva filtración motivó un encuentro que se estiró hasta altas horas de la noche en la sede del Ejecutivo que contó con la presencia de Santiago Caputo, Manuel Adorni, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre otros.
La amenaza que preocupa a la Casa Rosada
A diferencia de los registros de Spagnuolo, que denunciaban un entramado de corrupción en su organismo que involucraría a la secretaria General de la Presidencia y a su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, los audios de Karina no contenían nada ilegal, ni siquiera polémico. Sin embargo, en las altas esferas del Ejecutivo activó una alerta de máximo nivel debido a la amenaza que la nueva filtración significaba: alguien había grabado sin consentimiento a la figura más importante del Gobierno, por detrás de Javier Milei.
"Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", manifestó Manuel Adorni en su cuenta de X ese día. La presunción de que los registros habían sido tomados ilegalmente en el Palacio de Gobierno respondían a un simple motivo: Karina Milei no tiene oficinas fuera de Balcarce 50.
En ese marco, si bien en el Gobierno dejaban trascender que los audios de la presidenta de La Libertad Avanza no contenían ninguna polémica, la cúpula del Ejecutivo permanecía a la espera, sin saber con precisión de dónde vendrá el próximo golpe.
El propio canal de streaming Carnaval y el periodista Mauro Federico, los responsables de difundir los audios de Karina y Spagnuolo, adelantaron que las primeras grabaciones de la 'Hermanísima' eran tan solo "la puntita" del iceberg.
En el primero de ellos, se escucha a la hermana menor del presidente enviar un mensaje hacia la interna del Gobierno: "No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate". El segundo, por falta de contexto, es aún más difícil de entender. Allí, presumiblemente en una reunión con varias personas, la funcionaria dice: "Acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada".
Cese de difusión y pedidos de allanamientos
La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich, en representación del Ministerio de Seguridad.
En ella, el funcionario aseguró que la difusión de los audios "forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional" y advirtió que "el propósito de sus autores es influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas".
En ese sentido, Soto solicitó una medida cautelar urgente para prohibir la difusión por cualquier medio de dichos registros "bajo apercibimiento de las sanciones legales pertinentes", medida que fue validada casi instantáneamente por el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello.
En paralelo, la cartera que conduce Patricia Bullrich ordenó el allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, además de procedimientos equivalentes en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico -difusores de los audios- el tesorero de la AFA, Pablo Tovigginio -señalado como dueño del canal de streaming- y Franco Bindi.
Este último es señalado en la denuncia como "abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca". Según el escrito, Bindi es el principal apuntado del Gobierno como el autor intelectual de la maniobra.