El Gobierno abrió el mercado de la RTO: más talleres, menos trabas y precios liberados
La Secretaría de Transporte reabrió el registro para habilitar nuevos talleres de Revisión Técnica Obligatoria, flexibilizó requisitos de funcionamiento y avanzó en la digitalización del sistema.
La Secretaría de Transporte oficializó una profunda reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con el objetivo de ampliar la competencia, simplificar los trámites de habilitación y reducir la intervención estatal en la actividad. La medida quedó plasmada en la Resolución 32/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La normativa se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y complementa los cambios introducidos por el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la reapertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que había quedado limitado tras una modificación normativa realizada en 2023. A partir de ahora, cualquier taller que demuestre capacidad técnica suficiente podrá solicitar su inscripción mediante un trámite digital y gratuito a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
La decisión busca aumentar la cantidad de prestadores habilitados para realizar revisiones técnicas y, de esta manera, mejorar la oferta disponible para los usuarios.
Además, los talleres inscriptos podrán efectuar inspecciones sobre todo tipo de vehículos, ya sean particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos o especiales. El Gobierno sostiene que esta unificación permitirá simplificar el sistema y optimizar el funcionamiento de los centros de verificación.
La resolución también modifica los requisitos que deben cumplir los talleres para operar. Según explica la Secretaría de Transporte, la actualización apunta a eliminar exigencias consideradas innecesarias o meramente formales, manteniendo al mismo tiempo estándares técnicos que garanticen la seguridad vial y la calidad de las inspecciones.
Otro de los aspectos destacados es la decisión de limitar la intervención estatal en la fijación de tarifas. El texto señala que la función del Estado debe concentrarse en la registración técnica, el control de estándares y la emisión de la documentación correspondiente, dejando que los precios se definan por la dinámica del mercado.
En paralelo, se ordenó el desarrollo de una base informática nacional que deberá estar operativa en un plazo de 90 días. El sistema centralizará la información de los vehículos inspeccionados, los resultados de las revisiones y los certificados emitidos por los talleres habilitados. Todos los prestadores deberán remitir sus datos para garantizar la interoperabilidad y el control del sistema.
La reforma también consolida la utilización de certificados digitales de revisión técnica, que tendrán la misma validez que la tradicional oblea física colocada en el parabrisas del vehículo.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar y auditar a los talleres inscriptos, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá adecuar su normativa interna a los cambios introducidos por la nueva regulación.
Desde el Gobierno aseguran que las modificaciones permitirán reducir cargas burocráticas, facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado y mejorar la disponibilidad del servicio de revisión técnica. La expectativa oficial es que una mayor competencia entre talleres contribuya a generar mejores condiciones para los usuarios sin resignar los controles vinculados a la seguridad vial.