Alberto Fernández nunca iba a romper definitivamente con el kirchnerismo. Lo tenía decidido. Pero hubo un momento, donde Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner iban a romper definitivamente con el. Y, quizá, la historia final del gobierno de Unión por la Patria podría haber sido diferente. Quizá mejor. Quizá peor. Pero diferente.
La historia se da entre el viernes primero y el lunes cuatro de julio de 2022, cuando el entonces ministro de Economía (que aún contaba con el apoyo del Presidente y gran parte del gabinete de entonces), le reclamaba al jefe de Estado en el primer día de la saga, que le imponía un ultimátum: o podía implementar un cambio radicalizado en la política de subsidios a la energía, reduciendo el nivel de gasto público dedicado a reducir el impacto de las facturas de luz, gas y agua en las familias, comercios y empresas; o renunciaba.
Ese día Alberto Fernández le dio la razón a su ministro, y le aseguró que el lunes cuatro de julio, le daría el 100% de la razón, y se anunciaría públicamente que comenzaría la etapa concreta de eliminación de subsidios; quisiera o no quisiera la ex vicepresidenta. Asi lo contó el expresidente al Podcast No Hay Plata, recordando los tiempos más difíciles de su gestión. Especialmente en su convivencia con su compañera de fórmula.
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El problema es que el ministro ya no le creía a su Presidente. Tenía argumentos. Un tiempo antes, el 7 de mayo del año anterior, Guzmán quería ya avanzar en la reducción de los subsidios, y quién se había manifestado abiertamente en contra era el entonces subsecretario de Energía, Federico Basualdo.
A este funcionario, Guzmán le había ordenado unos meses antes que comenzará con la denominada “segmentación”; por la cual se abriría una etapa de confección de tres estamentos en la sociedad argentina: los usuarios a los que se les eliminaría el 100% de los subsidios, los que mantendrían una parte y los que continuarían subsidiados y sin modificaciones. Era algo que Guzmán había negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego figuraría explícitamente en el acuerdo firmado el 25 de marzo de 2022. Pero que el kirchnerismo se negaba a avalar.
De hecho, lo peor del problema de la orden que Guzmán le daba a Basualdo era que el subsecretario ni siquiera mostraba inquietudes de ejecutarla. Simplemente, ignoraba lo que el ministro le requería; siguiendo ordenes de su jefe real: la vicepresidenta, quién consideraba que no era el tiempo de modificar la política de subsidios: Menos si era una orden del FMI. Y mucho menos si el planificador era Guzmán.
Para ese tiempo ya la relación con el ministro estaba rota, desde que el ministro había negociado, cerrado y logrado que en el Congreso se aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario; siguiendo sus condiciones y no las del Kirchnerismo expresadas en la visión particular de Máximo Kirchner. Este planteaba que Guzmán debía plantearle a Washington un acuerdo a más de 20 años, y que los que habían firmado aquel Stand By con Argentina por U$S 54.000 millones durante el gobierno de Mauricio Macri, debían dar cuentas a la justicia. Concretamente, en Comodoro Py.
Todas utopías inexistentes que el diputado nacional defendía como el Libro Rojo y que nunca podrían haber sido siquiera planteadas en una ronda de negociaciones con los técnicos del Fondo. El Facilidades Extendidas fue finalmente aprobado por el Congreso con los votos en contra o abstenciones del kirchnerismo puro y duro; y, vaya curiosidad, con el apoyo de los diputados del Pro y parte del radicalismo. Una escenografía legislativa que enfureció al tándem kirchnerista. Y que determinó el bombardeo final de cualquier acuerdo posible entre Guzmán, la vicepresidenta y su hijo.
La aprobación del acuerdo fue en marzo y la necesidad de trabajar sobre los subsidios un requerimiento impostergable para el período mayo- diciembre 2022. Sin embargo, para comienzos de julio, todo estaba en veremos; no había plan serio para alterar el costosísimo esquema de subsidios tarifarios y el kirchnerismo no le atendía el teléfono a ninguna línea que viniera del quinto piso del Palacio de Hacienda. Ante el panorama, aquel viernes primero de julio Guzmán le dio aquel ultimátum al Presidente.
Alberto Fernández le dio la razón. Le reconoció que estaban atrasados en la resolución del problema, y le puso la solución al conflicto sobre la mesa: desde el lunes cuatro de julio habría flamante ministro de Energía. El elegido era, nada más ni nada menos, que el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Un hombre fuerte del gabinete que estaba dispuesto a avanzar en el esquema de segmentación tripartita, quiera o no Cristina Fernández de Kirchner y su hijo. Aníbal Fernández se iba a hacer cargo además de acelerar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, pese a que también la vicepresidenta cuestionaba el proyecto porque parte de los insumos eran producidos en Brasil.
El futuro ministro de Energía le había asegurado a Guzmán que iría al frente contra todo y contra todos, y que tenía las espaldas suficientes como para enfrentar el conflicto político interno que se surgiría luego de su nombramiento y su plan de acción.
Aparentemente, según las fuentes del conflicto, Guzmán y Aníbal solo tuvieron un contraputo: el ministro de Economía quería que el bonaerense fuera secretario y no colega. Aníbal Fernández le reprochaba que le redujera su cargo dentro del gabinete, ya que era ministro y pasaría a un estamento menor.
Sin embargo, ante la misión que le imponía el Presidente, aceptaba finalmente lo que el titular de la Casa Rosada decidiera. Ese viernes primero de julio todo parecía en orden, y cada uno se fue a sus vidas privadas para preparar lo que se venía. Una crisis política que se desataría sin atenuantes desde que se conociera el lunes que habría un frente fuerte y sólido para reducir, por fin, unos subsidios que le costaban al país más de U$S 9.000 millones al año. Y que estaban en la mira del FMI.
No pudo ser.
Guzmán probablemente no creía que lo prometido podría cumplirse. Ese viernes por la noche redactó un paper explosivo de unas 7 carillas y escuchó en vivo y en directo como el sábado dos de julio Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada, en el acto por el 48 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.
Ese mediodía criticó a parte del gabinete afirmando que “el poder debe usarse para defender los intereses del pueblo, no para quedar bien con los grupos económicos”. Criticó el manejo del acuerdo con el FMI, la política tarifaria, la falta de coordinación política y la gestión de importaciones. Guzmán enfureció.
No esperó al lunes para los cambios prometidos, publicó en redes las siete carillas de criticas y presentó su renuncia. Antes quiso comunicarse con el Presidente, pero este, en una reunión privada, no contestó. Finalmente, Alberto Fernández se enteraría como el resto del público de la salida de su ministro de Economía.
Finalmente, Aníbal Fernández tampoco fue ministro. No hubo cambios en la política tarifaria, teorema que luego retomaría, sin críticas del kirchnerismo y con el mismo esquema que Guzmán, Sergio Massa. Y sin que el kirchnerismo criticara al futuro candidato del oficialismo.