El fallo de la Corte que podría dar vuelta la prescripción del caso de Alan Villouta
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló en plenario sobre la prescripción de la pena y la decisión da una luz de esperanza a la familia de Alan Villouta.
Alan Villouta murió atropellado en el Acceso Sur en agosto del 2017
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza se adelantó a la ley Alan que impulsa la familia de Alan Villouta y, en un fallo en plenario, resolvió cuándo comienza a correr el plazo de la prescripción de la pena. La nueva jurisprudencia es clave para el recurso de casación que presentará la Fiscalía por el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli.
El fallo de la Suprema Corte
Los siete supremos unificaron jurisprudencia y doctrina en el caso caratulado “F.c/SANTIAGO, Gonzalo David p Homicidio Culposo s/Casación” sobre la prescripción de la pena porque hasta ahora existían antecedentes con criterios diferentes dentro de la Suprema Corte.
Los jueces tuvieron que contestar una pregunta que les hizo el presidente de la Corte: ¿Cómo debe interpretarse el art. 66 del Código Penal, en cuanto establece que la prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme?
En acuerdo plenario la Corte resolvió la prescripción de la pena comienza a correr "una vez agotada la vigencia de la acción penal con el rechazo del recurso extraordinario de casación –o de inconstitucionalidad– contra la sentencia condenatoria, conforme el art. 66 del CP, en el primero de los supuestos previstos, el plazo de la prescripción de la pena debe comenzar a computarse desde el momento en que se notifica a la defensa técnica el rechazo de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto, pues es en ese momento cuando la sentencia condenatoria adquiere firmeza; o, en su caso, desde la notificación del rechazo del recurso de casación –o de inconstitucionalidad–, si no se hubiera interpuesto el recurso extraordinario federal".
Las implicancias para el caso Alan Villouta
El acuerdo plenario terminó con una mayoría de cuatro ministros. Dalmiro Garay, María Teresa Day, Julio Ramón Gómez y Norma Llatser. La consecuencia directa sobre el caso Alan Villouta es determinante.
El Tribunal Penal Colegiado N° 2 que dispuso el sobreseimiento de Verdenelli había considerado que el plazo de seis años de prescripción comenzó a correr desde la condena dictada en abril de 2020.
Bajo ese razonamiento, el período se encontraba cumplido. Pero según el nuevo criterio fijado por la Corte, el plazo recién habría comenzado el 13 de abril de este año, cuando el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa.
El caso Alan Villouta
La madrugada del 26 de agosto de 2017 Alan Villouta (21) perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta Porsche Cayenne mientras intentaba cruzar el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall, en Dorrego, luego de finalizar su jornada laboral en una pizzería del centro comercial. De acuerdo con la investigación, el joven se dirigía hacia la parada del colectivo y, para evitar pasar por un puente peatonal donde había sufrido robos en oportunidades anteriores, decidió atravesar la calzada.
En ese momento fue embestido por el vehículo conducido por el empresario Alejandro Verdenelli, quien continuó su marcha sin detenerse a asistir a la víctima. Cuando el personal policial y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar, solo pudieron constatar el fallecimiento del joven. El conductor permaneció prófugo durante casi 60 horas. En ese lapso, la investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios hasta que Verdenelli se presentó de manera espontánea ante la Justicia. Para entonces y debido a las horas transcurridas, no era posible realizarle estudios que permitieran establecer si había consumido alcohol al momento del siniestro.
Tras entregarse y someterse al debido proceso, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual, delito que tiene penas que van de los 8 a 25 años de prisión. Posteriormente y tras permanecer 19 días en un Centro Transitorio de Detención, el 13 de septiembre de 2017, Verdenelli recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, por decisión del fiscal de Homicidios Carlos Torres tras recibir los resultados de las pericias psicológicas, las cuales establecieron que no existía riesgo de fuga. Ademas, el fiscal Torres fijó una caución de 1.500.000 pesos.
Sin embargo, el 22 de diciembre de 2017, Alejandro Verdenelli quedó en libertad después de que el juez de Garantías David Mangiafico dejara sin efecto la prisión preventiva, que cumplía en calidad domiciliaria. La causa dio un vuelco en febrero de 2018, cuando el fiscal de Homicidios Carlos Torres resolvió cambiar la imputación que pesaba sobre Verdenelli. El empresario dejó de estar acusado por homicidio simple con dolo eventual y pasó a responder por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor, figura contemplada en el Código Penal con penas de tres a seis años de prisión.
En un primer momento, la Fiscalía lo imputó por homicidio simple con dolo eventual, al considerar que habría circulado a una velocidad excesiva y con una conducta temeraria. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, fiscalía modificó la calificación legal a homicidio agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor, criterio con el que finalmente la causa llegó a juicio.
El caso derivó en una investigación judicial que se extendió durante años y que tuvo distintas instancias. El 12 de agosto de 2026, un tribunal anuló la condena que había recibido el empresario de 52 años en abril del 2020, luego de que los magistrados hicieran lugar a un planteo presentado por la defensa y declararan prescripta la causa, por lo que dispusieron el sobreseimiento de Verdenelli.
Según declaraciones de la familia Villouta, el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentará un nuevo recurso de casación y que ellos adherirán al planteo en su condición de querellante. También acompañarán la presentación el Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Seguridad.