Caso Alan Villouta: el proyecto que crea un sistema de alertas para evitar la prescripción por demoras
El legislador Lucas Ilardo presentó un proyecto en donde se busca crear un sistema de alertas y priorización a las causas que estén próximas a prescribir.
Un diputado de la oposición impulsa el proyecto.
Diputados MendozaLa prescripción de la causa por la muerte de Alan Villouta movilizó al arco político de Mendoza, generando diferentes propuestas vinculadas al funcionamiento de la Justicia. Además de la iniciativa que presentará el Gobierno provincial, el legislador peronista Lucas Ilardo también formuló un nuevo proyecto referido al caso.
El proyecto presentado por Ilardo no pretende modificar la prescripción, sino impedir que la misma sea consecuencia de desorganización, demora o falta de seguimiento del Estado. La iniciativa busca crear un Régimen de Alerta y Prevención de la Prescripción de la Acción Penal por Demoras Procesales.
El proyecto, denominado “Ley Alan Villouta”, incorpora al Código Procesal Penal el “alerta de riesgo de prescripción”, un sistema informático de gestión judicial que registrará y mantendrá actualizada una o más fechas estimadas de prescripción de la acción penal en las causas.
“La ley introduce cuatro principios sencillos: el expediente debe saber cuándo puede prescribir; el sistema debe avisarlo; alguien debe estar obligado a actuar; y debe quedar registrado quién actuó y quién no”, señala el proyecto.
La idea es que el sistema genere alertas automáticas que notifiquen cuando resten 12, 6, 3 meses y 30 días respecto al plazo estimado. A medida que se acerque esa fecha, las causas tendrán distintos niveles de prioridad: a los seis meses pasarán a tener trámite preferente, a los tres meses serán consideradas urgentes y, a los 30 días, se emitirá una alerta crítica que será comunicada también a las autoridades superiores de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal.
Cómo se comunicarán las alertas
Las alertas serán comunicadas de forma electrónica y simultánea al órgano jurisdiccional interviniente, a la Unidad Fiscal o Fiscal actuante, a la Oficina de Gestión Administrativa Penal correspondiente y, cuando estuvieren constituidas, a la querella particular y a la defensa técnica.
El proyecto también establece obligaciones para los fiscales. Una vez recibida la alerta, tendrán cinco días hábiles para revisar el estado de la causa. Si existe una resolución judicial demorada, deberán presentar un pronto despacho y, cuando corresponda, iniciar el procedimiento por retardada justicia. El incumplimiento injustificado podrá generar responsabilidad disciplinaria.
Control de demoras e informes a la Legislatura
Además, el sistema registrará automáticamente las demoras en las causas alcanzadas por una alerta, incluyendo cuándo venció el plazo para resolver, qué órgano estaba a cargo y cuánto tiempo se acumuló. La víctima, cuando esté individualizada, también deberá ser informada sobre la existencia de la alerta y las medidas adoptadas.
Por otro lado, la ley también contempla un informe anual realizado por la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, en el que se informará a la Legislatura sobre la cantidad de causas alcanzadas en cada nivel de alerta, las causas en las que venció el plazo legal y la cantidad de pedidos de pronto despacho realizados.
También deberán informarse cuántas acciones penales prescribieron, en qué etapa ocurrió dicha prescripción y cuánto tiempo, en promedio, demoraron los recursos penales, todo esto de forma anonimizada.
