El CELS abrió su alegato en el juicio por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra

El juicio por el encubrimiento de Mariano Ferreyra entró esta semana en una etapa clave con el inicio de los alegatos. El joven de 23 años fue asesinado de un balazo el 20 de octubre de 2010 durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca.

A lo largo de 4 horas, los abogados Tomás Griffa y Delfina Yadó, quienes a través del CELS representan a Beatriz Rial, madre de Mariano Ferreyra, expusieron ante los jueces Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolas Toselli. Para los letrados, la prueba demuestra la existencia de un "entramado de poder" activado para salvar de la Justicia a José Pedraza, el entonces secretario general de la Unión Ferroviaria.

Un plan coordinado para garantizar la impunidad de José Pedraza

"Lo que vamos a demostrar a lo largo de este alegato es la existencia de un entramado de poder que fue activado de manera coordinada y deliberada con un objetivo preciso: garantizar la impunidad del máximo responsable del asesinato de Mariano Ferreyra", planteó Griffa al inicio de su exposición. El abogado del CELS señaló: "Acá nada fue casual, nada fue ingenuo, no hubo ninguna improvisación. Lo que hubo fue un plan criminal que involucró a jueces, a abogados, a representantes sindicales, a lobistas, con la finalidad de evitar que se haga justicia por el asesinato de un joven de 23 años que un día fue a una protesta y murió asesinado de un tiro".

En el banquillo de los acusados se encuentran el exjuez federal Octavio Araóz de la Madrid, el prosecretario de la Cámara Federal de Casación Luis Ameghino Escobar, el excontador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Staforini y Susana Planas, directiva de esa firma. Dos figuras centrales de la maniobra, el sindicalista José Pedraza y el agente de inteligencia Juan José Riquelme, murieron antes de llegar a juicio.

Las escuchas telefónicas: el registro milimétrico de la maniobra

La primera parte de la acusación fue expuesta en fragmentos de cientos de horas de escuchas telefónicas obtenidas durante enero de 2011, cuando la causa Ferreyra avanzaba contra los autores materiales del crimen. Según la querella, las conversaciones interceptadas revelan un plan milimétrico para influir sobre los magistrados de la Cámara Nacional de Casación Penal que debían revisar los procesamientos. "Vamos a escuchar a Riquelme decir que empieza a dar los pasos, vamos a escuchar a Arados de la Madrid diciendo cuándo es que puede intervenir, pidiendo dólares para la persona con la que se tiene que reunir el día 2", adelantó Griffa.

La trama comenzó a gestarse días después del asesinato de Ferreyra, cuando ya había siete detenidos por el crimen y Pedraza intuía que la Justicia llegaría hasta él. El tribunal que lo condenó años después describió con precisión los motivos del líder sindical para frenar la protesta de los tercerizados: "Lo que estaba en juego era la posibilidad de desestabilizar intereses económicos que vinculaban a Pedraza", sentenció el fallo, que explicó cómo el sindicalista lucraba con la tercerización a través de empresas contratistas.

Crimen de Mariano Ferreyra: los tres objetivos del lobby judicial y el rol de los enlaces

El 3 de enero de 2011 quedó registrada la primera conversación clave. Pedraza llamó a Riquelme, quien cerró el intercambio con una frase que el CELS considera reveladora: "Los pasos que tengo que dar los voy a comenzar a dar esta misma noche". A partir de allí, las comunicaciones entre los imputados se intensificaron. Riquelme, presentado como un lobista con décadas de vínculos en la Justicia Federal, operaba como enlace entre todos los participantes de la maniobra.

El plan tenía tres objetivos concatenados: primero, evitar que la Sala de Feria de Casación tratara los recursos durante enero; segundo, manipular el sorteo para que la causa cayera en la Sala III, donde integraba el juez Ricci; y tercero, influir sobre Ricci y el resto de los magistrados de esa sala para obtener un fallo favorable a Pedraza. Para ejecutar cada etapa, los imputados tenían roles específicos: Arados de la Madrid y Riquelme aportaban sus contactos judiciales, Ameguino Escobar debía manipular el sistema de sorteo de causas, y Staforini y Planas se encargarían de reunir el dinero necesario.

Manipulación de sorteos y "atenciones de fin de año" a magistrados

Las escuchas capturaron conversaciones que los querellantes califican de "apabullantes por su naturalidad". El 11 de enero, Arados de la Madrid se reunió con Ameguino Escobar en el country Santa Bárbara. Días después, en una llamada interceptada, Riquelme le contó a Pedraza sobre "la persona que se sienta en la maquinita y pone los deditos", en referencia al funcionario encargado del sorteo. "Le súper interesó (a Pedraza)", comentó Riquelme. Cuando Arados de la Madrid confirmó que había hablado del tema con "la persona que iba a estar a cargo de este punto", se refería justamente a aquel encuentro nocturno con Escobar.

El 21 de enero se produjo otro momento crucial. Riquelme llamó a Pedraza para contarle que había hablado con el juez Wagner Gustavo Michel, quien integraba el tribunal de feria. "Me dijo que 'eso pasa para adelante'", le informó Riquelme, confirmando que los recursos no serían tratados durante enero. En la misma conversación, Riquelme reveló: "El doctor Michel me mandó un gran abrazo, un tremendo agradecimiento por tu atención", en referencia a "unas atenciones de fin de año" que Pedraza le había dispensado al magistrado. Según el audio, Michel le adelantó a Riquelme que la causa "pasa para que sea sorteada la sala a partir del 2 de febrero".

La cifra de la impunidad: 75.000 dólares y el lenguaje encriptado

El precio de la maniobra fue fijado en 75.000 dólares en efectivo. "El número estaba bien", le confirmó Riquelme a Arados de la Madrid tras reunirse con Pedraza el 13 de enero. El abogado había puesto esa cifra, que incluía su propia remuneración y el pago para "la persona del día 2". Las conversaciones revelan las dificultades de Staforini para juntar semejante suma en billetes. "Estamos a 21 y todavía está el pescado sin vender", le dijo a Riquelme el 24 de enero, usando el lenguaje encriptado que caracterizó todos estos intercambios.

El "día 2" al que aludían los imputados era el 2 de febrero, fecha en que Arados de la Madrid debía reunirse con alguien para entregar dinero. Los querellantes sostienen que se trataba del fiscal Fernando Fischer, quien ese día —exactamente al mediodía— presentó el pedido de indagatoria de Pedraza. "Si no se paga, nos van a acostar a todos", advirtió Riquelme en una de las conversaciones. Arados de la Madrid le respondió que necesitaba "confirmar la audiencia" del día 2, término que el CELS interpreta como eufemismo de la reunión espuria que planeaba mantener.

Vínculos de inteligencia y relaciones de extrema confianza en Casación

La red de contactos de Riquelme quedó expuesta en múltiples pruebas. Su agenda personal, secuestrada en un allanamiento, contenía los teléfonos de Ricci, Michel y otros magistrados. Los registros de llamadas mostraron que Ricci y Riquelme hablaron por teléfono al menos cinco veces entre diciembre de 2010 y febrero de 2011. El propio Ricci, al declarar en el juicio, reconoció conocer a Riquelme desde los cursos de inteligencia que la SIDE organizaba para jueces en los años '90. Sobre esos encuentros, dijo: "Riquelme parecía un hombre muy relacionado".

El 11 de febrero, cuando ya la causa por encubrimiento era pública, Riquelme llamó a Ricci y le ofreció gestionarle un crédito hipotecario para su hijo. El audio, reproducido en el juicio, muestra al juez aceptando: "Bueno, le agradezco tanto". Ricci intentó después reinterpretar esa conversación, pero el CELS considera que "el intercambio es clarísimo: Riquelme le ofrece una prebenda y Ricci acepta la prebenda".

El vínculo entre Arados de la Madrid y Ricci también quedó documentado. El exjuez federal había trabajado 13 años en la vocalía de Ricci en Casación, llegando a prosecretario. Era hijo de un amigo íntimo de Ricci y, según testimonios, el único empleado que podía tutear al magistrado. "La relación de confianza y de afecto fundada en el trabajo siempre había perdurado", reconoció Ricci en su declaración. Cuando Arados de la Madrid se convirtió en juez federal, contrató como empleada a María Paula Ricci, hija del magistrado.

El allanamiento que frustró la ejecución final del plan criminal

El plan se frustró el 1 de febrero de 2011, cuando la Justicia allanó el estudio de Arados de la Madrid. Ese día, el abogado les ordenó a todos "cortar los teléfonos". Las comunicaciones cesaron abruptamente, justo antes de que Ricci interviniera en la causa. "Esto es escandaloso", remarcó Griffa. "Se cortó la ejecución del plan justo antes de que se pudiera comprobar la intervención de las personas de mayor jerarquía que estaban mencionadas permanentemente como involucradas".

Para el CELS, las pruebas demuestran que "este plan no solo lo pensaron los imputados, también lo llevaron a la práctica". Griffa cerró esta primera jornada de alegatos con una reflexión más amplia: "Este juicio es una oportunidad para reparar judicialmente el intento de encubrimiento del asesinato de Mariano, pero también es una oportunidad para poner en primer plano estos pactos y la necesidad de que se desarmen". El juicio continuará la próxima semana con el resto del alegato de la querella y el pedido de condenas.