Dólares del colchón: el Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria

El Gobierno envió el miércoles por la noche al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal y así "blindar" el uso de los dólares del colchón, según confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"El proyecto lo firmamos anoche con el presidente y fue enviado al Congreso inmediatamente por el sistema electrónico", reveló Francos este jueves en diálogo con radio La Red, y agregó: "Se pretende que la gente que realiza gastos con ahorros propios no quede sometida a ninguna de las legislaciones anteriores que lo penaban".

El "blindaje" de los dólares del colchón

Al momento de publicarse esta nota, la iniciativa aun no había ingresado en la Cámara de Diputados, sin embargo, el jefe de Gabinete adelantó que la medida busca modificar los montos de aplicación de la Ley Penal Tributaria, es decir el umbral a partir del cual la evasión tributaria se considera delito -hoy está en $1,5 millones-.

A su vez, algo que ya había anticipado Francos, el proyecto también achicará los plazos de prescripción de 5 a 2 años, para así "dar garantías" a aquellos que decidan utilizar sus dólares del colchón. La modificación apunta a que la información sobre el patrimonio de los ciudadanos no sea revisada exhaustivamente en el futuro en caso de que una eventual gestión contraria a los ideales libertarios decidiera dar marcha atrás con la iniciativa.

Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos

El proyecto forma parte de la segunda etapa del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” que lanzó el Gobierno para incentivar el ingreso al sistema de los ahorros sin declarar de los argentinos.

Entre las primeras medidas, el Ejecutivo había anunciado la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.

Además, ARCA prohibió a los bancos requerir la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar y se modificaron los umbrales de operaciones bancarias mensuales. Así, las personas físicas podrán mover hasta $50 millones por mes sin tener que brindar explicaciones sobre el origen de esos fondos, mientras que para las jurídicas el monto es de $30 millones.

Así mismo, el Gobierno implementó un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que apunta a que los ciudadanos deban dar cuenta únicamente de su facturación y los gastos deducibles, excluyendo sus consumos personales y la variación patrimonial.

El apoyo de los gobernadores

Para garantizar el éxito del proyecto en el Congreso y a la vez descartar que las provincias implementen sus propios mecanismos de control sobre los ahorros sin declarar, el Gobierno invitó a todos los gobernadores a firmar su adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias y les pidió su apoyo en el Palacio Legislativo.

Hasta el momento, ya brindaron su apoyo a la medida las provincias de Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta, Chaco, San Luis, Misiones, Jujuy y Corrientes, mientras que aun no ratificaron su compromiso Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, La Pampa, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, desde ARCA habían advertido a los gobernadores que aquellas jurisdicciones que no acompañaran el accionar del Ejecutivo perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, al igual que la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por la agencia recaudatoria, que quedaron en $50.000.000 para personas físicas.