Discapacidad: después de borrar el proyecto de Luis Caputo, Martín Menem consiguió dictamen de mayoría

A diferencia de lo que decía el proyecto del Presupuesto 2027, se mantiene los aranceles universales para prestadores, que se actualizarían mensualmente según lo informó el oficialismo. Sin embargo, fuentes parlamentarias deslizaron a este medio que "aún falta la confirmación de la Casa Rosada" en ese punto. "Nadie sabe si cuando Caputo y Milei vuelven de Nueva York vuelven a cambiar todo de un plumazo", indicó una fuente parlamentaria.

Las dudas de los aliados

Lo que todavía hace dudar a muchos aliados del Gobierno es que la iniciativa que firmaron no precisa cuánto dinero se destinará hasta esta área. El oficialismo asegura que eso sí se plasmará en la ley de Presupuesto 2027. "Eso es un acto de fe, de querer creer en un Gobierno que dice una cosa y después hace otra", afirmó un diputado de la oposición que no firmó el despacho del Gobierno. Además sostiene que "al quitar la palabra 'emergencia' los colectivos de personas con discapacidad no pueden ir a la Justicia si el Gobierno incumple la ley". "En todo caso habrá una subejecución presupuestaria, pero eso nunca avanza", agregó.

"Si no tenemos confianza en la ley que va a salir con el impulso del oficialismo, no tenemos que estar acá", señaló en referencia al planteo de la oposición uno de los diputados aliados del Gobierno. "Ellos dicen que con la emergencia se tiene que cumplir, y es mentira, porque cuando no quisieron cumplirla, no lo hicieron", reconoció. Y remarcó: "Si nos vamos a quedar en que no van a cumplir nunca, no podés hacer política, andá a las urnas o agarrá las armas, porque si no vamos a llegar a nada. Va a ser una ley votada por cada cámara del Congreso de la Nación", insistió.

El Gobierno aceptó las propuestas de los aliados

El dictamen del Gobierno toma varias de las propuestas que hicieron los aliados. Así justifican su apoyo. El que más huella dejó fue Oscar Herrera Ahuad (Misiones), a quien se le atribuye el concepto de "fortalecimiento permanente" que da nombre a la ley, pensado para superar la transitoriedad de la emergencia, y también la redacción del artículo sobre el financiamiento. Ese artículo no fija un monto, pero obliga a que las partidas asignadas cada año al Ministerio de Salud no sean inferiores en términos reales a las del ejercicio anterior, y ordena a la Jefatura de Gabinete hacer las readecuaciones necesarias durante el primer año para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Además, todos los bloques pidieron ratificar el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que sostiene los aranceles universales, el nomenclador común y el sistema de actualización. También reclamaron mantener la pensión para quienes tengan el CUD y las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo.

El resto del texto también lleva la firma de los aliados. El PRO consiguió sostener las auditorías periódicas sobre los beneficiarios, con cruces de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y el RENAPER, aunque con debido proceso y la posibilidad de pedir la rehabilitación provisoria de la pensión suspendida. El PRO logró además ratificar los beneficios para los empleadores que contraten personas con discapacidad. Karina Maureira sumó la articulación permanente con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y, junto con Nancy Picón, la capacitación obligatoria del personal de los prestadores.

La compatibilidad de la pensión con el trabajo formal salió de Herrera Ahuad, Picón y Maureira, y el tope de dos salarios mínimos se agregó a pedido del PRO y la UCR. Cristian Ritondo, Herrera Ahuad y los radicales impusieron que el Gobierno publique un cronograma con fechas ciertas para terminar de pagar la compensación adeudada a los prestadores. La UCR se anotó, además, el plazo de 30 días hábiles para que el Ejecutivo reglamente la ley.