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Detuvieron a uno de los acusados por los incidentes en la marcha en el Congreso contra la reforma laboral

La Policía de la Ciudad lo detuvo en el barrio de Palermo. Se trata de un joven de 31 años con antecedentes delictivos.

detenido

La Policía de la Ciudad capturó este viernes a un hombre de 31 años vinculado a los graves incidentes del pasado miércoles durante el debate de la Reforma Laboral. El sospechoso fue encontrado durmiendo en un cajero automático y lo identificaron gracias a un avanzado sistema de reconocimiento facial.

Al momento de la detención, el individuo —que se mostró agresivo con los agentes— no contaba con documentos de identidad. Ante esta situación, la fiscalía ordenó el uso de tecnología forense para determinar quién era.

Al cruzar los datos con las grabaciones de las cámaras de seguridad del miércoles 11 de febrero, los peritos confirmaron que la fisonomía y la vestimenta del detenido coincidían exactamente con las de uno de los atacantes que lanzó bombas Molotov contra la línea policial.

¿Quién es el primer detenido por los incidentes frente al Congreso?

El sistema arrojó una coincidencia positiva con N.G.B., un argentino de 31 años con antecedentes penales por robo.

La denuncia del Gobierno

El Gobierno del presidente Javier Milei presentó una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal por los Incidentes registrados el pasado miércoles durante la protesta contra la Reforma laboral frente al congreso, en la que fueron detenidas 71 personas.

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad informó que identificó a 17 personas a las que señala por su presunta participación en los hechos de violencia registrados el miércoles frente al Congreso, durante la marcha contra la reforma laboral. Una de ellas pudo ser aprehendida.

La acusación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y encuadra los hechos bajo la Ley Antiterrorista, que prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas.

"El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema democrático argentino", asegura el documento presentado por el representante legal del Ministerio, Lisandro Manuel Franco.

La calificación de terrorismo habilita una investigación federal amplia, con penas más severas y sin excarcelación automática, a diferencia de delitos como daños o atentado contra la autoridad.

La presentación judicial también menciona los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados.

La denuncia fue presentada inicialmente sin las pruebas ni la identificación formal de los supuestos organizadores. En el apartado probatorio, el Ministerio indicó que se encuentra “en pleno proceso de análisis” para incorporar elementos de convicción durante la instrucción.

Al menos 71 personas fueron detenidas y 12 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante la protesta, según afirmó el jueves la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La cartera de Seguridad difundió un documento con fotos, nombres y números de documento de una veintena de personas señaladas como involucradas en los episodios de violencia.

La protesta que habían convocado distintos sindicatos contra la reforma laboral terminó en una batalla campal el miércoles en la ciudad de Buenos Aires y se disolvió cuando columnas de la policía federal y otros cuerpos de seguridad irrumpieron en la Plaza del Congreso y se llevaron a un número indeterminado de personas detenidas, algunas a rastras y otras en volandas, según pudo constatar EFE en el lugar de los hechos.

Aprobación de la ley en el Senado

Horas después, durante la madrugada del jueves, el Senado argentino aprobó la Ley de Modernización Laboral, que ahora deberá ir a la Cámara de Diputados para, según aspira el Gobierno, esté lista para ser promulgada antes del 1 de marzo.