Detrás del "exhorto": la mirada autocomplaciente del presidente de la Corte sobre el Poder Judicial
Dalmiro Garay "exhortó" a los periodistas para que no cuestionen la falta de independencia de los jueces. En Mendoza el Poder Judicial ganó en eficiencia, pero no suma argumentos favorables para vanagloriarse de su libertad frente al Gobierno.
El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay; junto al gobernador Alfredo Cornejo.
Julieta Caballero - MDZLas palabras fueron disonantes porque el autor no se caracteriza por discursos enfáticos y agresivos. La indicación del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, para que los periodistas eviten hablar de la falta de independencia del Poder Judicial sorprendió. No solo porque parecían palabras ajenas, sino porque llevó la discusión a un terreno en el que la realidad pueda jugarle una mala pasada en contra de sus argumentos. La Justicia mendocina ha ganado en eficiencia y transformaciones, pero no ha dado en los últimos 10 años señales que alienten la idea de un poder independiente del Gobierno.
Más incómodo sonaba el discurso del presidente de la Corte al decirlas al lado de Alfredo Cornejo, de quien fuera subordinado como ministro de Gobierno en su primera gestión y a quien le debe una lealtad política que excede el cargo circunstancial de juez. Garay lleva menos años como juez que como político y él mismo ha dicho que no es su intención jubilarse en Tribunales, sino volver a la arena política cuando la situación lo amerite.
Garay “exhortó” a los periodistas para que no hablen de la falta de independencia del Poder Judicial. Eligió un término imperativo que si se hila fino hasta podría ser ofensivo. Se entiende, por pensar bien, que el juez no intentó presionar sino que fue una mala elección lingüística: podría haber pedido, sugerido, recomendado. En cambio eligió exhortar.
“Quiero exhortar a la prensa libre a ser responsable a la hora de abordar estos temas tan complejos y que tienen un impacto directo en la percepción de un poder del Estado. Y denunciar si es así aquellos actos o sentencias que violenten esta garantía, con nombre y apellido y que sea el sistema el que se encargue de poner las cosas en su lugar. Más no hacer alusiones genéricas con sentido político, que sin un dato alguno tenga la única finalidad de poner el tela de juicio un rol de un magistrado o de este poder judicial”, dijo Garay en medio de un discurso cargado de datos, interpretaciones y autoelogios sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
De qué careces
A la Corte y a la cúpula del Poder Judicial no le sobran de elementos y señales que agreguen argumentos a las palabras del presidente de la Corte. Desde compartir eventos privados y públicos sin pudor, hasta señales en hechos judiciales que abonan la idea de falta de independencia de ese poder del Estado. Allí, justamente, está el error más grave en las palabras de Dalmiro Garay: los jueces no hablan solo por sus sentencias, ese es un concepto anacrónico. Es más; valen mucho más los silencios, las pausas, las demoras y los letargos que una sentencia firme.
Por eso la propia Corte que lidera Garay demoró más de 12 años en resolver la causa de los pozos de agua de Agrelo y emitió una sentencia en la que no cuestiona ni genera ninguna compulsa sobre quienes actuaron de manera irregular. La misma Corte es la que no avanzó ni un centímetro para investigar la renegociación del contrato de concesión con Edemsa, acto que fue altamente beneficioso para la empresa y de dudosos logros para el Estado.
Esa Corte es la que hizo zafar a los (pocos) funcionarios del oficialismo que habían sido multados por el Tribunal de Cuentas, con una perlita en el medio: Oscar Sandes, jefe de Vialidad, fue eximido de culpa y cargo por los hechos de corrupción probados en su repartición sin que haya alguna compulsa penal. Más curioso aún es que el Estado le pagó al abogado de Sandes más que lo que el propio funcionario debía abonar por las irregularidades. Curiosidades de la endogamia del oficialismo: los honorarios por más de 7 millones de pesos fueron pagaros por el Estado a Alejandro Jofré, el exsubsecretario de Trabajo que fue condenado a dos años y medio de prisión por abuso sexual y que aún así es abogado de todos los funcionarios del oficialismo.
Jofré es el único funcionario condenado por un poder judicial que no tiene la gimnasia de investigar al poder. En Tribunales es una realidad dada por hecho: la presión y el cruce de relaciones actúa como un elemento disuasivo. Ya le ocurrió a algún fiscal que por solo intentar avocarse a alguna investigación que se relacione con Cornejo o algún allegado termine trasladado a otra jurisdicción. Más aún con el poder discrecional que tiene Alejandro Gullé para ejecutar ese tipo de maniobras.
No hubo investigación judicial por los estragos culposos en el ECA (que derivaron en una pérdida multimillonaria para el Estado), ni por las impericias en gestiones de las empresas públicas que obligaron a pagar multas en dólares, por mencionar algunos ejemplos. No hubo ni señales de duda por el abultamiento patrimonial de algunos funcionarios, siendo que por mucho menos se denunció al exgobernador Francisco Pérez.
La tensión interna por la gestión política de Tribunales no es un chimento ni tampoco forma parte del imaginario. Está registrado hasta en sentencias judiciales firmadas por los pares de Garay. En una sentencia laboral Omar Palermo advirtió que el presidente de la Corte utilizaba de manera discrecional y con intención política las herramientas que tenía a su alcance. Así, explicaban, cuando venía que una sentencia podía ser desfavorable, convocaba al pleno de la Corte, donde tenía mayoría el oficialismo. "La discrecionalidad se advierte no solo en las formas… con la evidente finalidad de impedir que resuelva la actual composición de la sala II, con sus jueces naturales, e imponer el bloque hegemónico de la actual integración, se llama a resolver en pleno después de que los votos ya han sido presentados". De esa manera Palermo dejó plasmado las sospechas sobre el manejo político de las sentencias. Esa crisis derivó en una reforma de la Corte en la que se eliminaron las salas y que fue acordada tras un intento unidireccional del oficialismo. Antes, por ejemplo, el Gobierno había intentado aumentar a 9 la cantidad de jueces del máximo tribunal.
El Poder Judicial de Mendoza tiene la impronta arquitectónica diseñada por los gobiernos de Alfredo Cornejo a través de la modificación de todos los códigos de procedimiento, reglamentos internos y, sobre todo, por nombramientos en los que no hubo frenos inhibitorios para evitar convocar a aliados, más bien todo lo contrario. El “sistema” al que hace referencia Garay para solucionar las dudas, denuncias y sospechas tienen la misma impronta. Hay casos relevantes en los que el impulso desde la política terminó con ejecuciones institucionales. Pasó con Danil Carniello antes y con Sebastián Sarmiento ahora, así como también ascensos y promociones con funcionarios judiciales con matices oscuros en su haber, como el ocurrido con Fernando Giunta. Por cierto, suena igual de anacrónico pensar que los funcionarios judiciales solo se someten al “escrutinio institucional” y no deben rendir cuentas más allá del perímetro del “palacio” que habitan.