Verdades, negociaciones y un teatro impensado en una semana clave para Javier Milei
La economía a favor para Javier Milei: bonos en alza, baja en el IPC y reservas en alza, pero el ruido judicial, un nuevo escándalo y la palabra "corrupción" complican el clima político.
La votación de pliegos judiciales en el Senado empezó bajo la apariencia de una guerra entre Javier Milei, Karina y Patricia Bullrich. Esa ruptura puede existir aunque los protagonistas la nieguen con insistentes fotos, pero en los hechos hay señales que lo confirman, sin mencionar los acercamientos de Bullrich en los últimos tiempos con el macrismo.
Esa crisis terminó, en cambio, como una distribución de cargos entre todos los sectores con capacidad de presión sobre la Justicia. ¿Fue pelea o una cortina de humo para tapar la aprobación de la lista más cuestionada de jueces que estaban propuestos al Senado?
El dato central no es sólo que se hayan votado 73 jueces sino que, en medio de una crisis política presentada como límite, cada actor relevante se llevó algo. El oficialismo libertario, el kirchnerismo, el massismo, el PRO, la Corte Suprema y sectores de la familia judicial salieron de la sesión con nombres propios dentro del Poder Judicial en el bolsillo.
Todos ganaron; hasta Manuel Adorni que por unos días y entre el escándalo del nombramiento de los jueces, la muerte del Indio Solari y los escándalos del mendocino Facundo Leal, logró aire y algún descanso aunque nadie olvida que el tiempo pasa y le queda menos de una semana para presentar su demorada declaración jurada de bienes, al menos en los términos que él mismo prometió.
¿Una enorme cortina de humo?
El caso de María Verónica Michelli fue el punto de tensión visible. La decisión de Karina Milei de retirar su pliego abrió una crisis interna por la oposición de Patricia Bullrich. El choque pareció, por unas horas, una ruptura política de fondo con Javier y Karina Milei.
Pero la realidad tuvo otro desenlace. El pliego no sólo fue aprobado. Además, a último momento se sumaron otros 23 nombramientos de jueces. Muchos de ellos integraban el núcleo más difícil de defender: hijos, esposas, novias y protegidos de operadores judiciales.
Ahí aparece la pregunta política. ¿La crisis por Michelli fue una batalla real o una pantalla útil? La respuesta no requiere una teoría. Alcanza con mirar el resultado. Mientras la atención se concentraba en un pliego, avanzaba un paquete de designaciones mucho más amplio y más sensible.
Michelli fue aprobada con 44 votos a favor. Hubo 18 senadores en contra. Patricia Bullrich y Silvana Schneider se abstuvieron. Estuvieron ausentes Luis Juez, Andrea Cristina, vinculada a “Nacho” Torres; Julieta Corroza, referenciada en Rolando Figueroa; y Alejandra Vigo, del PJ cordobés. Es decir, hubo cruces de todos los colores.
La votación dejó una imagen precisa. La política discutió en público y repartió en privado. O, al menos, produjo ese efecto. Y en política los efectos también son hechos.
La Justicia como zona de canje
El reparto expuso nombres. Ariel Lijo consiguió el ascenso de su exsecretario Javier Arzubi Calvo al Tribunal Oral Federal de San Martín. Julián Ercolini vio promovida a su secretaria María Julia Sosa al TOF 3. Horacio Rosatti logró un lugar para su hijo Emilio Rosatti. Juan Pablo Moldes, hijo de Germán Moldes, también obtuvo su espacio. Marcelo Martínez de Giorgi sumó a su esposa Ana María Cristina Juan a un juzgado.
No se trata de una lista menor. Es una radiografía del poder judicial como territorio de pertenencias. Cada apellido informa más que cada discurso.
La votación del Senado no puede leerse como un trámite institucional más. Fue una operación de equilibrio entre sectores que compiten, pero también necesitan preservar reglas comunes. La pelea también sirve para marcar límites.
La pregunta, entonces, no es quién ganó un pliego. La pregunta es quién ordenó la distribución. En el material aparece Juan Pablo Mahiques como nombre asociado a esa negociación. La hipótesis queda planteada: más que una crisis política, el episodio terminó como una gran operación de armado judicial.
El costo público del método
La política suele medir sus acuerdos por votos. La sociedad los mide por señales. Y la señal que dejó el Senado es de cierre corporativo. No porque todos hayan votado igual, sino porque casi todos obtuvieron algún beneficio dentro del resultado final.
Ese mecanismo tiene un costo. Se produce en un momento en el que la palabra corrupción empieza a ocupar otro lugar en la percepción pública. La encuesta de Jorge Giacobbe recién publicada marca una suba en la imagen negativa de Javier Milei y muestra una relación proporcional con la negativa. Pero el dato más sensible está en la nube de palabras estratégicas: corrupción aparece en el centro de la escena, con el porcentaje mayor.
Ese dato cambia el marco. Una designación discutida puede pasar como parte del funcionamiento habitual del Senado. Un paquete de nombramientos con vínculos familiares y judiciales, en cambio, pesa distinto cuando la palabra "Corrupción" ya está instalada como preocupación dominante.
La política puede creer que administra escándalos. Pero los escándalos también administran a la política. Acumulan percepción. Ordenan sospechas. Crean clima. Y cuando el clima cambia, cada hecho posterior pierde margen de explicación.
Leal y el límite de los excesos
En paralelo, el caso de la llamada “banda de los mendocinos” suma temperatura. La acusación tiene en el centro a Facundo Leal, expresidente de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, luego reconvertido en funcionario del gobierno de Javier Milei como titular del Orsna y después desplazado.
El dato político no es sólo judicial. Es también de circulación de poder. Leal pasó por dos gobiernos de signo distinto. Eso obliga a mirar no sólo su conducta individual, sino los filtros que fallaron, las protecciones que tuvo o los controles que no operaron.
En algunos sectores del Gobierno ya se cuentan historias sobre sus formas de vida y sobre su manejo dentro del Estado. Se habla de viajes frecuentes, de organización de traslados con otros funcionarios, de gastos en aviones, helicópteros y restaurantes en distintos países. Quienes debían revisar sus gastos describen un patrón de exceso.
Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad detuvieron a Leal en su departamento porteño de Palermo. Allí se secuestraron cerca de 650.000 dólares en efectivo, pesos argentinos y divisas de otros seis países. También se incautaron dosis de ketamina, MDMA y cocaína. En su casa de Mendoza se hallaron otros 1,7 millones de dólares, empacados en fajos termosellados.
La investigación incluye robo de material sensible, sospecha de pago de coimas y enriquecimiento difícil de explicar. Más allá de la droga incautada, no hay una indicación segura de involucramiento en el negocio narco. Pero sí aparece con claridad un camino de excesos.
Quienes conocieron a Leal, en Buenos Aires y Mendoza, recuerdan aportes desmedidos a fiestas, asados y reuniones políticas. Era conocido por llevar más de lo necesario. Carne, vino u otros aportes. Según esas versiones, con la droga habría ocurrido algo parecido. También le atribuyen una necesidad de ocupar siempre el centro de la escena. Ese rasgo, llevado al poder, terminó en desastre judicial.
El caso importa porque condensa un problema de época. El Estado puede cambiar de administración, pero ciertos personajes sobreviven a los recambios. La política los absorbe, los recicla y luego se sorprende cuando estallan.
La economía como único amortiguador
Frente a ese cuadro, la economía todavía ofrece respiros. Ese es el contraste que explica el momento. Mientras la política y la Justicia acumulan ruido, los indicadores grandes todavía ayudan a compensar.
El riesgo país aparece casi en mínimos, en 486 puntos. Los bonos están en alza. La meta de reservas con el FMI figura casi cumplida. El REM muestra una inflación esperada en baja. El material marca mayo en torno de 2,2%, y el gráfico REM-BCRA e INDEC ubica la mediana en 2,3% para mayo, 2,1% para junio, 2,0% para julio, 1,8% para agosto, 1,9% para septiembre, 1,8% para octubre y 1,7% para noviembre.
Esa curva funciona como sostén. No resuelve los escándalos, pero les baja capacidad de daño inmediato. La economía, por ahora, opera como amortiguador político. Le da al Gobierno aire cuando la política lo consume. Le permite resistir el costo de episodios que, en otro contexto, tendrían más impacto.
Pero ese margen no es infinito. Si la palabra corrupción crece en la percepción pública y la Justicia aparece como zona de reparto, la baja de inflación puede no alcanzar para ordenar todo, sobre todo cuando muchos bolsillos esperan que derrame la bonanza que se ve en los números macro y en algunos sectores como la minería, el petróleo o el agro que están viento en popa. La economía puede sostener expectativas. No puede limpiar señales de poder cuando esas señales se vuelven demasiado visibles.
La economía respira. La política, en cambio, vuelve a mostrar sus reflejos de siempre. Reparte, compensa, disimula y avanza. El problema es que esta vez lo hace bajo un gobierno que construyó poder con una promesa de ruptura sobre todo lo anterior.