Denunciaron a una senadora por apoyar la Ley de Glaciares mientras habría trabajado para empresas mineras
La denuncia llegó en pleno debate por la Ley de Glaciares. Quedó en la mira la senadora por Salta Flavia Royón, que habría asesorado a empreas mineras.
Flavia Royón, senadora nacional por Salta denunciada por organizaciones ambientales.
Prensa Gobierno de MendozaLa Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) denunció a la senadora Flavia Royón (Salta) por negociaciones incompatibles con la función, tráfico de influencias y cohecho. La presentación fue firmada por el presidente de la entidad, Enrique Viale, tal como lo había anticipado el miércoles en la audiencia pública por la Ley de Glaciares.
Royón quedó en la mira tras haber sido una de las senadoras que más impulsó la media sanción en la Cámara alta de este proyecto que beneficia a las empresas mineras. Pero además, los denunciantes aseguran de que esta senadora le hace trabajos de consultorías en dos empresas de capitales internacionales que tienne de clientes a las mismas mineras que se verían beneficiadas con esta ley.
Los denunciantes dejan en claro que no cuestionan las opiniones legislativas de Royón —amparadas por la Constitución Nacional— sino su actuación en beneficio de intereses privados del sector minero.
La denuncia traza un recorrido detallado por los cargos que ocupó Royón en los últimos años: fue secretaria de Minería y Energía de Salta, luego secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, después pasó a la Secretaría de Minería bajo la presidencia de Javier Milei y ejerció como secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Asumió como senadora en diciembre de 2025.
En paralelo a esa trayectoria pública, el escrito sostiene que Royón mantuvo vínculos societarios y profesionales con empresas privadas del sector. Concretamente, se la señala como integrante del directorio de Zelandez —firma que presta servicios tecnológicos e hidrogeológicos a proyectos de litio y otros minerales— y con un rol relevante en la consultora Minenco SAS. Ambas empresas asesoran a compañías mineras que operan en zonas alcanzadas por la normativa ambiental.
El apoyo de Royón a la Ley de Glaciares y un posible conflicto de intereses
El centro de la acusación es la participación de Royón en el debate y la votación del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según los denunciantes, la senadora impulsó activamente la reforma y votó a favor sin excusarse, pese a que los cambios beneficiarían directa o indirectamente a clientes de las firmas con las que estaría vinculada.
Entre los proyectos favorecidos figuran emprendimientos de litio y cobre en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, a cargo de grandes compañías internacionales que hoy ven restringida su actividad por la legislación vigente. La reforma flexibilizaría las restricciones en ambientes periglaciares y habilitaría nuevas etapas de explotación.
Un punto técnico refuerza la imputación: la nueva norma permitiría excluir ciertas geoformas del régimen de protección cuando estudios "técnico-científicos" dictaminen que no cumplen funciones hídricas relevantes. Ese tipo de estudios es exactamente el que realiza Zelandez, lo que —según los denunciantes— configura un interés económico directo en el resultado de la reforma.
La presentación también alega que Royón incumplió la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), que prohíbe a los funcionarios intervenir en asuntos donde tengan intereses personales o vínculos recientes con el sector privado. Asimismo, cuestiona posibles omisiones en su declaración jurada patrimonial, obligación legal para los senadores nacionales, lo que a criterio de los denunciantes reforzaría la sospecha de vínculos económicos no declarados.