Denunciaron a la jueza que declaró inconstitucional la edad de responsabilidad penal juvenil
La acusación presentada por Usina de Justicia contra Laura Beatriz de Marinis es por presunto prevaricato y otra ante el Consejo de la Magistratura porteño por mal desempeño.
La jueza Laura De Marinis.
La Asociación Civil Usina de Justicia denunció a la jueza Laura Beatriz De Marinis por haber declarado inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años. La entidad presentó la acusación ante la justicia criminal y correccional por presunto prevaricato y, en forma paralela, otra ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por supuesto mal desempeño.
Ambas denuncias surgen a raíz del fallo donde la magistrada porteña consideró incompatible con el orden constitucional la nueva disposición que fija en 14 años el comienzo de la responsabilidad penal juvenil.
Según consta en la denuncia, la jueza habría recurrido a los principios de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos, además de las pautas establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y las interpretaciones del comité encargado de su seguimiento para fundamentar su decisión. En uno de los pasajes citados en la presentación, Laura De Marinis sostiene que reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años implica “desoír lo apuntado por el Comité de Derechos del Niño”.
En ese marco, la magistrada también planteó, que los adultos no pueden responsabilizar penalmente a los menores por situaciones vinculadas con el abandono y la falta de respuestas durante su infancia. “Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto”, afirmó, según el texto incorporado a la presentación. También sostuvo que la incorporación de adolescentes al sistema penal debería constituir “el último recurso”.
Usina de Justicia cuestionó de manera frontal esos argumentos al sostener que las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño no tienen carácter obligatorio para la Argentina y afirmó que ningún tratado internacional establece una edad determinada para que los Estados atribuyan responsabilidad penal a los menores. La presentación menciona, en ese sentido, que existen distintas edades de imputabilidad en los países de la región.
A partir de esa interpretación, la asociación subrayó que la jueza habría dictado una resolución contraria a una ley vigente. En la denuncia penal afirma que Laura De Marinis actuó con “dolo directo” y que recurrió a razonamientos hipotéticos para fundamentar la declaración de inconstitucionalidad.
En paralelo, Usina de Justicia acudió al Consejo de la Magistratura porteño para denunciar a Laura De Marinis por mal desempeño. En una segunda presentación, la entidad cuestionó nuevamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.801 y sostuvo que la magistrada habría realizado una interpretación subjetiva de las normas para apartarse de la legislación vigente.
Usina de Justicia también plantea que, al analizar el régimen penal juvenil, la jueza habría relegado los derechos y garantías de las víctimas de delitos. Usina de Justicia sostiene que las víctimas constituyen un “sujeto imprescindible” del proceso penal de menores y reclama que sean contempladas en el análisis de este tipo de decisiones.