Denunciaron por contrabando a pesqueras con licencias británicas que operan en las Islas Malvinas
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico contra directivos y representantes de compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas.
Nueva denuncia contra pesqueros en Malvinas
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de distintas compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas que explotan recursos vivos marinos en el Mar Argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes sostuvieron que las actividades denunciadas afectan de manera directa la soberanía del Estado argentino, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.
Qué empresas fueron denunciadas
El escrito judicial individualizó a distintas corporaciones de origen español, principalmente de la región de Galicia, que trabajan junto con sociedades mixtas constituidas en Malvinas y que, según los denunciantes, operan bajo licencias británicas que consideran ilícitas.
Entre las compañías mencionadas aparecen:
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Lanzal, vinculada con la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera mediante el buque Monteferro, registrado en las islas.
Grupo Pereira, asociada con Argos Group Ltd., con las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid y los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee.
Copemar, también vinculada con South Atlantic Squid, mediante el barco Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.
Ferralmes, asociada con Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.
Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd., utilizando la embarcación Hermanos Touza.
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Moradiña, vinculada con Polar Ltd., que explota el buque New Polar Playa de Sartaxens bajo banderas de España y de las islas.
Qué delito denunciaron
De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, los denunciantes sostienen que las operaciones de las pesqueras podrían configurar el delito de contrabando a través de dos conductas principales. La primera está relacionada con la evasión del control aduanero. Según la denuncia, las empresas extraerían recursos pesqueros del territorio nacional para luego realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directamente en Puerto Argentino o en terminales de terceros países, sin someterse al control de las autoridades argentinas.
La segunda conducta señalada está vinculada con la clandestinidad y el engaño. Los denunciantes sostienen que, al utilizar permisos otorgados por una potencia ocupante de facto, las compañías implementarían un mecanismo destinado a impedir el control de la Aduana argentina sobre las mercaderías. Según esa presentación, de esta manera se evitaría el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes en el país.
Qué artículos del Código Aduanero invocaron
Los abogados señalaron que las conductas denunciadas podrían encuadrar, en principio, en los artículos 863, 864 inciso a y 865 del Código Aduanero. El artículo 863 contempla las acciones destinadas a dificultar o impedir el control del servicio aduanero sobre la extracción de mercaderías, mientras que el artículo 864 sanciona la exportación clandestina.
Además, los denunciantes invocaron las agravantes previstas en el artículo 865 debido a la presunta afectación patrimonial del Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir los controles de organismos como la Prefectura Naval Argentina y la Aduana.
La presentación no se limitó a las empresas pesqueras. Los abogados también solicitaron que se investigue si pudo existir un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales. La hipótesis se fundamenta, según los denunciantes, en una posible omisión de tareas de vigilancia y patrullaje, además de una eventual falta de acciones para sancionar las conductas denunciadas y reclamar el pago de los derechos aduaneros y las multas correspondientes.
Qué pruebas y medidas solicitaron
Para avanzar con la investigación, los denunciantes pidieron al juzgado que libre distintos oficios a organismos públicos. A la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) solicitaron información sobre los reportes de avistamiento e identificación de las flotas pesqueras vinculadas con las compañías denunciadas, así como de otras embarcaciones que operen en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina. ,También solicitaron a la Dirección General de Aduanas que informe si las empresas registraron operaciones de exportación o pagaron aranceles correspondientes a las capturas realizadas en la zona en disputa.
Por último, pidieron a la Inspección General de Justicia que verifique los vínculos comerciales, filiales y activos operativos que las compañías extranjeras denunciadas puedan tener en el territorio continental argentino.