Denuncian "trampas" que perjudican a San Juan en el acuerdo con la minera Vicuña
Vicuña es el proyecto de cobre más grande de Argentina. El Gobierno de San Juan firmó un acuerdo para recibir USD250 millones, pero es a cambio de no cobrar un canon por 5 años. La oposición denuncia que la Provincia pierde y se desvían fondos. Cuestionamientos a la reparación de rutas nacionales con fondos provinciales. "Hay un sometimiento a las decisiones de Vicuña", aseguran desde la oposición.
El Gobierno de San Juan y Vicuña SA firmaron un acuerdo que cambia cláusulas de la DIA original.
La Legislatura de San Juan tendrá una sesión histórica, que puede condicionar el futuro de esa provincia. Mañana se tratará en el recinto el convenio que firmó el Estado provincial con la empresa Vicuña para avanzar en el proyecto minero más grande del país. Ese acuerdo incluye un pago de 250 millones de dólares que en realidad son en reemplazo de un canon por la facturación de la empresa. Y la oposición sanjuanina advierte que el gobierno de Marcelo Orrego resignó derechos, recursos y compromisos. “Está más que claro que el vínculo del Estado es de sometimiento a las condiciones que impone el proyecto Vicuña”, resumió la diputada Marisa López.
En la misma sesión, el gobierno busca que se apruebe otro proyecto que genera tensión: el acuerdo con la Nación para que la Provincia financie la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales, sin que el Gobierno de Javier Milei tenga compromisos futuros de devolución. Incluso en esas rutas podrá imponerse el pago de peajes y, en algunos casos, también son caminos mineros. En concreto, San Juan se hará cargo de las obras, pero sin transferir las rutas (es decir el activo) y, como ocurre en otros sitios, temen que los sanjuanimos “paguen tres veces lo mismo”.
Megaproyecto con beneficios
El proyecto Vicuña será la mina de cobre más grande de argentina y estará en el top mundial. Incluye los yacimientos Josemaría, Filo del Sol y se podría extender. Está a cargo de un consorcio formado por las empresas BHP y Lundin, con una promesa de inversión de hasta 18 mil millones de dólares. Por eso, por ejemplo, fue incluido en el RIGI con beneficios a más largo plazo.
El Gobierno anunció un acuerdo sobre las regalías que pagará la empresa y el llamado “Fondo DIA”, que es un aporte extra que se impuso cuando la provincia aprobó la Declaración de Impacto Ambiental en 2022. Allí se estableció que además del 3% de regalías, la empresa debía liquidarle a la Provincia el 1,5% de la facturación por la venta del concentrado de cobre. Orrego anunció que Vicuña aportaría 250 millones de dólares para un fideicomiso para obras, como anticipo y “gesto”. Sin embargo, el convenio indica otra cosa, pues es una especie de pago anticipado que se “canjea” por un plazo de 5 años de gracia del aporte del 1,5% pautado desde 2022. La DIA original obligaba a pagar el canon desde que comenzara la producción. Ahora deberá hacerlo desde el año 6, pues la Provincia recibirá el anticipo de 250 millones de dólares.
Esto, aseguran desde la oposición, es perjudicial para la Provincia porque con los valores del metal que se extraerá en los 5 años que Vicuña no pagará, el Estado podría recaudar más que el aporte anticipado. “Este compromiso de aportar el 1,5% está comprendido en la DIA del 2022. Esta DIA fue modificada. Ese aporte de que se comprometen a pagar de 250 millones de dólares a hoy es perjudicial, porque en los primeros 5 años de producción de Vicuña la empresa no va a pagar. Cualquier informe que se haga, incluido lo que la empresa declara, conforme a las toneladas que estima extraer indica que la provincia cobraría mucho más que esos 250 millones de dólares”, aseguró la diputada Marisa López, vocera del bloque opositor que responde al exgobernador Sergio Uñac. La legisladora resaltó que en San Juan la minería tiene un amplio apoyo de la comunidad porque, asegura, es el eje del desarrollo. Pero al mismo tiempo consideran que hay que pensar en el futuro y no solo en medidas de corto plazo. "Este proyecto puede durar 70 años y no se puede condicionar", dijo. En San Juan todos hace cálculos para evaluar si fue conveniente o no. Con el precio del cobre al alza, todo indica que se pueden haber resignado recursos a futuro.
Pero además, en el convenio se exceptúa a vicuña de otros compromisos para ejecutar obras y planes ambientales que habían sido estipulados en la DIA original. “Con este convenio ellos dan por cumplidos otros requerimientos, algunos que tienen que ver con la forestación, del desarrollo de las comunidades. Con esos 250 millones de dólares se da por anulado esa obligación. Para mí es ilegal haber resignado puntos desde lo ambiental, desde la responsabilidad a cambio de un aporte económico. Y además es insuficiente. Podrían haber acordado un adelanto que luego se descuente de los aportes que corresponden”, aseguró.
El convenio que tratará la Legislatura lo dice explícitamente. “Con el pago del Aporte DIA Fijo, VICUÑA cancela de manera total y completa y se dan por cumplidas las obligaciones consistentes en realizar las Obras e Inversiones impuestas….Esto implica que, con el Aporte DIA Fijo, Vicuña habrá cumplido en forma plena y completa con todos y cada uno de los requerimientos antes apuntados, sin necesidad de que Vicuña deba ejecutar ninguna de las obras o deba realizar ninguna de las inversiones antes mencionadas”, dice el acuerdo. Y se refiere a las “Obras Hidráulicas; la Financiación de Proyectos Comunitario e Inversiones en forestación, todas exigencias de inversión que estaban incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental original.
Rutas con fondos provinciales
Las rutas nacionales están abandonadas. El Gobierno de San Juan optó por hacerse cargo de las obras y para ello, como ocurrió con otras jurisdicciones, pagará por la reparación. En el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei queda explicitado que la Provincia no puede reclamar devolución, ni resarcimiento. También se expresa que se podrá imponer el pago de peajes a los usuarios. La oposición cuestiona duramente el formato del acuerdo. “Que las rutas hay que mantenerlas y repararlas es real. Pero estamos firmando un compromiso por 20 años y la provincia pierde.
El gobernador tiene otras obligaciones, como salud, educación, seguridad. Y están comprometiendo estos fondos para otros fines por 20 años. La Provincia va a resignar otras obras por lo que la Nación no cumple. En definitiva los sanjuaninos tendrán una triple imposición. Como si fuera poco, las obras que debían ir a la comunidad por la minería, ahora va a las rutas que la Nación no hace”, dijo López.
Incluso, sugieren que con parte de los 250 millones de dólares que aportará Vicuña podría financiarse arreglos en algunas de las rutas nacionales en cuestión.
El acuerdo firmado por Orrego con la Dirección Nacional de Vialidad es amplio e incluye todas las rutas nacionales. En el acuerdo el Estado provincial acepta “la realización de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento integral sobre los tramos de Rutas Nacionales”. Allí mismo queda explicitado que no habrá reembolso y que sí puede haber peajes. “La provincia aportará el financiamiento para el presente convenio, sin reembolso alguno por parte de Vialidad Provincial”, dice el acuerdo. En el caso del cobro de peajes, la Provincia debería hacerlo en base a los requisitos nacionales y firmar un nuevo convenio. “La efectiva implementación dé dicho sistema de peaje requerirá de manen á indefectible la suscripción de un nuevo convenio específico”.
Desde la oposición aseguran que San Juan tiene un antecedente, pues se hizo cargo de parte de las obras de la Ruta 40, con el compromiso de que haya reembolsos nacionales. Como ese acuerdo no se concretó, la Provincia demandó a la Nación en la Corte Suprema.