Efecto Villouta: dos proyectos buscan endurecer las penas por muertes y fugas en accidentes viales
El Gobierno de Mendoza presentó una propuesta para modificar el Código Penal, mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti volvió a impulsar un proyecto que ya obtuvo media sanción. Ambos plantean cambios frente a las conductas viales más graves y también con casos de alcoholemia positiva.
Alan Villouta murió atropellado en el Acceso Sur en agosto del 2017.
El caso de Alan Villouta volvió a poner en el centro del debate la falta de respuesta de la Justicia frente a los siniestros viales que terminan con una muerte y, particularmente, qué ocurre cuando el responsable se fuga, no auxilia a la víctima o consigue evitar pericias clave.
En ese contexto, dos iniciativas buscan avanzar con modificaciones al Código Penal de la Nación.
Por un lado, la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, volvió a poner en agenda un proyecto de su autoría que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en 2022; mientras que por otro lado, el Gobierno de Mendoza informó este martes que presentará una propuesta formulada por el ministerio de Seguridad y que entregó a la diputada nacional radical Pamela Verasay.
Las dos iniciativas tienen aristas y puntos de contacto, ya que ponen en foco la injusticia que sufrió la familia de Alan Villouta en este hecho que ocurrió casi 9 años y que prescribió por inacción de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio), que cajoneó la causa por seis años.
Según recordó Fernández Sagasti en redes sociales, el foco de su proyecto está puesto en agravar hechos en donde hay una fuga o la falta de auxilio en un siniestro vial, como ocurrió en el caso de Villouta, que fue atropellado por Alejandro Verdenelli y el conductor no solamente huyó del lugar, sino que se presentó ante la Justicia recién 60 horas después. Lo que propone la senadora es que la falta de auxilio sea un agravante autónomo e inexcarcelable.
La iniciativa contempla una pena de 4 a 8 años de prisión para los casos de fuga o falta de auxilio, según los términos planteados por la senadora.
Por otro lado, este martes se conoció un borrador de parte de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que propone que se eleven las penas para los homicidios y lesiones viales agravadas, aumentar los períodos de inhabilitación, crear un delito autónomo para determinados niveles de alcoholemia y modificar las reglas de prescripción.
El proyecto que impulsa el Gobierno de Mendoza
La iniciativa presentada por Rus retoma parte de una propuesta que Mendoza había presentado en abril del 2024 ante el Ministerio de Seguridad de la Nación. El proyecto tiene como objetivo "diferenciar" entre un accidente producto de una inadvertencia circunstancial; de otros que tengan como conductas conducir alcoholizado, con exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo o circular en sentido contrario, entre otros.
Por eso propone modificar el artículo 84 bis y el 94 bis del Código Penal.
En casos de homicidio vial simple (bajo conducción imprudente, negligente o antirreglamentario), que está reglamentado en el artículo 84 bis, pasaría a tener una pena de 3 a 5 años de prisión, junto con una inhabilitación especial para conducir de 4 a 8 años.
En los casos agravados, la pena se elevaría de 4 a 10 años de prisión y la inhabilitación pasaría a ser de 8 a 12 años. Entre las circunstancias que activarían esta escala agravada aparecen la fuga y la falta de auxilio, como ocurrió en el caso Villouta; y se agregan también el consumo de estupefacientes, una alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre para conductores particulares (ndr: nunca se pudo comprobar si Verdenelli conducía bajo los efectos del alcohol), un nivel de 500 miligramos por litro para conductores profesionales, el exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por hora sobre el máximo permitido, conducir estando inhabilitado y también violar semáforos o señales de tránsito.
También se contempla la conducción temeraria y la existencia de más de una víctima fatal. En diálogo con los medios, Rus puso énfasis en el aumento del máximo de la pena. Actualmente, según explicó, el homicidio vial agravado tiene un máximo de seis años. “Nos parece que la pena debe ser distinta”, sostuvo.
Por otro lado, también agrava las penas en casos que terminen con víctimas lesionadas (sin muertes) en el artículo 94 bis. Para las mismas características anteriores, calcula penas de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación de 3 a 8 años.
Agravar casos de alcoholemia positiva
Otro cambio importante de la propuesta mendocina es la creación como delito autónomo la conducción con altos niveles de alcoholemia positiva.
El proyecto incorpora el artículo 193 ter y establece una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una inhabilitación especial para conducir de 2 a 5 años para quien maneje con una alcoholemia superior a 1 gramo de alcohol por litro de sangre.
En el caso de los conductores profesionales de transporte de pasajeros o cargas, el delito se configuraría desde los 500 miligramos por litro.
Además, cuando el nivel de alcohol llegue a 2 gramos por litro de sangre, la pena aumentaría a entre 1 y 3 años de prisión, con una inhabilitación de entre 3 y 6 años.
Fernández Sagasti también pone el foco en las fugas
Como se mencionó, Fernández Sagasti volvió a instalar el debate sobre otro proyecto que busca modificar los mismos artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal.
La legisladora calificó que el sistema actual es "perverso" y puede generar incentivos para que una persona que participa de un siniestro vial se fugue y espere antes de presentarse para evitar controles y pericias vinculadas con el consumo de alcohol o drogas.
“El mensaje de la Justicia es perverso”, planteó Sagasti, quien cuestionó que quien atropella, no socorre a la víctima y se fuga pueda beneficiarse con el paso de las horas.
Uno de los principales objetivos del proyecto es que la fuga en un siniestro vial constituya un agravante autónomo, evitando que la persona pueda beneficiarse procesalmente por haberse retirado del lugar.
También incorpora la figura de la “culpa grave”, con el objetivo de penalizar "el obrar temerario e irreflexivo al volante. Huyan o no, el riesgo provocado se paga".
La propuesta agrava también las penas para quienes provoquen un siniestro mientras conducen estando inhabilitados, cruzan semáforos en rojo o violan señales de tránsito, o circulan con un exceso significativo de velocidad.
