De dónde salieron los dólares con los que Manuel Adorni compró el departamento de Caballito

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa clave con los testimonios de dos de las cuatro acreedoras del préstamo hipotecario que buscan esclarecer el origen de una serie de operaciones inmobiliarias bajo sospecha. La causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a esquemas de financiamiento entre particulares.

En ese marco, declararon dos testigos consideradas centrales para el expediente: Graciela Isabel Molina, comisaria retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria María José Cancio, también integrante de la fuerza. Ambas figuran como prestamistas de un crédito por 100.000 dólares otorgado a Manuel Adorni, respaldado con una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Durante sus testimonios, las mujeres confirmaron haber entregado el dinero en efectivo. Según detallaron, Molina aportó el 85% del monto a partir de fondos provenientes de un juicio sucesorio y de litigios laborales iniciados por su esposo fallecido contra la Policía por diferencias salariales. Cancio, en tanto, aseguró haber contribuido con el 15% restante gracias a ahorros personales y a ingresos derivados del alquiler de dos propiedades, una de ellas en el microcentro porteño.

Ambas coincidieron en que no conocían previamente a Adorni y que el contacto se realizó a través de una escribana. La comisaria retirada señaló además que mantuvo un único encuentro personal con el funcionario, un día antes de concretarse la operación, la cual —según explicó— se demoró por cuestiones vinculadas al vendedor del inmueble.

El crédito fue pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y un esquema de pagos mensuales. Las testigos indicaron que Adorni ya devolvió 30.000 dólares del capital y que actualmente abona las cuotas correspondientes a los intereses. Los 70.000 dólares restantes deberán ser cancelados en noviembre de este año.

Uno de los puntos que analiza la fiscalía es la consistencia entre estas operaciones y la capacidad económica de las prestamistas. En ese sentido, se solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información detallada sobre ingresos, bienes y movimientos financieros, al tiempo que el juez dispuso levantar el secreto fiscal para profundizar el análisis sobre la trazabilidad del dinero.

La investigación también abarca una segunda operación inmobiliaria en el barrio de Caballito, donde otras dos testigos —Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo— declararán en los próximos días. En ese caso, Adorni habría adquirido un departamento mediante un esquema de financiación privada: abonó 30.000 dólares al momento de la escritura y contrajo una deuda de 200.000 dólares a cancelar en noviembre, sin intereses, una modalidad que genera interrogantes en la causa.

Como parte de las medidas dispuestas, la fiscalía exigió que las testigos se presenten con sus teléfonos celulares y permitan el acceso a su contenido. El objetivo es contrastar la documentación formal con posibles comunicaciones o acuerdos informales que contribuyan a reconstruir el circuito del dinero.

En paralelo, el expediente —iniciado a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano— también contempla otra línea de investigación por presuntas dádivas, relacionada con un viaje en avión privado a Punta del Este que habría sido financiado por el empresario y periodista Marcelo Grandío.

Con la incorporación de pruebas testimoniales, fiscales y digitales, la causa avanza hacia una instancia decisiva. La Justicia busca determinar si las operaciones responden a mecanismos legales de financiamiento o si encubren maniobras incompatibles con los ingresos declarados del jefe de Gabinete, en un expediente que podría definir su situación judicial en las próximas semanas.