Críticas de la oposición a los cambios del Estatuto del Empleado Público de Mendoza
Legisladores apuntaron contra el Gobierno respecto al proyecto que ha causado controversia tanto en la Legislatura como en los principales gremios estatales.
Diputados opositores se mostraron en contra del proyecto. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza
La Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto de modificación del Estatuto del Empleado Público de Mendoza, ley que tiene más de 50 años y en la que el Gobierno pretende establecer reformas sensibles a la estabilidad de los trabajadores estatales.
Entre los puntos principales, desde la gestión de Alfredo Cornejo se plantea la creación del personal de planta interino, sin la posibilidad que pueda acceder a estabilidad laboral.
Te Podría Interesar
Además, se busca que a los empleados contratados no les rija el cálculo de la antigüedad, ítem que año a año mejora porcentualmente el salario de los trabajadores estables o en relación de dependencia.
También se pretende eliminar el pago de "salarios caídos" en el caso de estatales que han sido echados y que luego, por definición de la Suprema Corte de Justicia, deben ser reincorporados por existir irregularidades en sus desvinculaciones del Estado. En este caso, plantean indemnizaciones al 100% de las remuneraciones, pero se eliminan las que son al 150% (para aquellos de entre 10 y 20 años de trabajo) y al 200% (para cada año que supere los 20 años).
El proyecto de reforma no solamente cosechó fuertes críticas de los gremios estatales, sino que también hay dudas y planteos por parte de dirigentes de la oposición.
Críticas y dudas de la oposición sobre el proyecto
Desde el Partido Justicialista, el diputado Germán Gómez indicó que están en pleno análisis del proyecto y que aún no tienen una posición tomada. Sin embargo, hay algunas posturas con críticas al proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo de legisladores que pertenecen a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Hacienda, que son las que están en pleno análisis.
Juan Pablo Gulino, diputado maipucino, sostuvo que sería importante que se sumen más voces al análisis, "porque si realmente queremos que sea una política de Estado y esto trascienda a los gobiernos para que sea algo que mejore, tenemos que tener la opinión de todos y que llegue con un consenso generalizado".
Planteó que los sindicatos "tienen muchas objeciones porque hay algunos puntos que estarían rozando lo inconstitucional. La verdad que ahí no estamos hablando de una política de Estado, sobre todo si luego va a estar siempre enfrentado a los representantes de los trabajadores".
Para Gulino, es importante seguir con el debato y "buscar el mejor proyecto en conjunto para que realmente se pueda respetar y pueda mejorar las condiciones del empleado, del empleador y salga el mejor proyecto posible para que pueda implementarse en los próximos años".
En el caso del diputado de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, consideró que, así como está planteado el proyecto "no va a 'pasar' por el tema constitucional". "El análisis del proyecto creo que va a estar rayando con derechos constitucionales. Además, bajo alguna declamación falsa, legaliza algún tipo de manipulación en cargos designados por el Poder Ejecutivo, como ha venido haciendo el radicalismo en estos últimos años, y deja sin derechos a gente que merece ya la estabilidad por ley, le quita esa estabilidad con el interinato".
Acto seguido, señaló que "esto termina resintiendo el funcionamiento del Estado porque con la precarización laboral evidentemente todos los servicios de calidad se pierden en todas las áreas que son de incumbencia del Estado, tanto de salud, educación, en el mismo Ministerio de Seguridad. Esto apunta a la precarización y se transforma en menor calidad de servicio para los ciudadanos", sintetizó.
La diputada Gabriela Lizana sostuvo que están en un momento de análisis, "pero la verdad es que se le quita mucho" a los empleados públicos. También dijo que lo que más "ruido" le hizo, fue "el tema de que si queda cesante un empleado público y después se deber reincorporarlo porque de alguna manera la causa que originó esa cesantía se constató que fue injusta, no tendría más derecho a percibir sus salarios caídos, sino solo una indemnización".
La legisladora peronista planteó algunos puntos importantes donde residen sus dudas, como por ejemplo un posible riesgo de "mayor precariedad para interinos", la "limitación de recursos administrativos disponibles", la "reincorporación sin salarios caídos, reduciendo la reparación integral" con un "tope indemnizatorio del 50% hasta 24 meses", lo que considera insuficiente; más "otras exclusiones que podrían debilitar la cobertura estatutaria", entre otros.
Desde el Partido Verde, el diputado Emanuel Fugazzotto consideró que se trata de una "reforma laboral encubierta para seguir responsabilizando a los trabajadores de la ineficiencia del gobierno".
"No han llamado un solo concurso en todo este tiempo, es una mentira para seguir precarizando a quienes hoy llevan adelante servicios esenciales del Estado", planteó.
En tanto, también habló con MDZ el peronista Gustavo Perret, quien sostuvo que si bien este proyecto tiende a "mejorar la ley actual que es vieja porque data de 1973 y muchas cuestiones quedaron obsoletas", hay cuestiones que generarían potenciales perjuicios a los empleados públicos.
"Décadas atrás la estabilidad del empleado público cobró auge porque gobierno que llegaba echaba a una buena parte del personal y ponía al suyo. Pero eso en estos años no ocurre", dijo.
No obstante, opinó que el Gobierno no está pensando en legislar en general, sino en particular. "Pretende resolver casos particulares de juicios que ha perdido en la Justicia por echar mal a alguna parte del personal. Son pocos casos, pero por eso es que se termina legislando en lo particular", sostuvo.
Para Perret, con algunas modificaciones como la de la finalización del pago de los "salarios caídos" se plantea establecer indemnizaciones "para limpiar negligencias del propio Estado, que luego la Justicia termina dictaminando fallos en contra".
En tanto, respecto al personal de planta interino, sostuvo que se "comete un error por parte del Estado porque la administración no puede alegar su propia torpeza, que es lo que ocurre con empleados en los cuales sus bonos dice que son de planta permanente, pero tienen que rendir concursos".
"La verdad es que desde que está la ley de concursos, se han realizado muy pocos, y eso no es culpa de los trabajadores estatales, sino del propio Gobierno", consideró.